La Generalitat Valenciana no incluirá la implantación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos en los Presupuestos de 2026. La medida, reivindicada desde hace años por los sindicatos y esperada por buena parte de la plantilla de la administración autonómica, queda así aparcada al menos durante la actual legislatura.
La decisión responde a las dificultades para planificar un cambio de este alcance en un contexto de incertidumbre presupuestaria. Desde el Consell se considera prematuro asumir un compromiso económico que tendría efectos a medio plazo, especialmente ante la complejidad de diseñar unas futuras cuentas públicas con suficientes garantías de estabilidad financiera.
La reducción de la jornada laboral implica un importante esfuerzo económico y organizativo para la administración. Por ello, la Generalitat ha optado por mantener el actual régimen horario mientras continúa evaluando el impacto que tendría su aplicación en los distintos departamentos y servicios públicos.
En los últimos meses se han solicitado informes técnicos para cuantificar el coste de la medida y analizar sus consecuencias en cada área de la administración autonómica. Estos estudios pretenden determinar tanto las necesidades de personal como el gasto adicional que supondría la reducción de horas de trabajo sin afectar a la prestación de los servicios públicos.
Aunque la jornada de 35 horas queda fuera de las cuentas de 2026, el Ejecutivo valenciano no descarta retomar el debate en el futuro. Su posible implantación dependerá de la evolución de la situación económica, de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades que marque el Gobierno autonómico en los próximos ejercicios.
La reducción de la jornada laboral en el sector público es una cuestión que también se debate en otras administraciones españolas, donde se plantea como una herramienta para favorecer la conciliación y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, su puesta en marcha sigue condicionada por el coste que representa y por la capacidad de las administraciones para asumirlo sin comprometer el equilibrio de sus cuentas.