- Por Juan García Sentandreu, ex presidente de Coalición Valenciana
El caso Azud no solo está sacando a la luz una presunta trama de comisiones, regalos y financiación electoral irregular. También está descorriendo el telón de algunas maniobras políticas que alteraron deliberadamente la representación valencianista en el Ayuntamiento de Valencia.
La información publicada por Jorge Mestre en The Objective revela que el auto dictado al término de la instrucción recoge pruebas definitivas de que el PSPV-PSOE financió gastos de la campaña de Unión Valenciana en las elecciones municipales de 2007. La finalidad atribuida a aquella operación era restar votos al Partido Popular. No estamos todavía ante una sentencia firme, pero sí ante una resolución judicial que culmina años de investigación y da paso a la fase de acusación del caso Azud.
La explicación oficial, sin embargo, no resiste el contraste con las urnas.
La estrategia oculta tras la financiación
En aquellas elecciones, el PP de Rita Barberá obtuvo 235.158 votos, el 56,67 % del total, y alcanzó 21 concejales: tres más de los necesarios para la mayoría absoluta. Unión Valenciana, encabezada por Vicente González-Lizondo Sánchez —hijo del fundador del partido—, apenas consiguió 3.279 votos y el 0,79 %. Difícilmente podía poner en peligro a un PP que aventajó al PSOE en casi 95.000 votos. Coalición Valenciana obtuvo 5.615 votos, casi el doble que UV.
La operación, por tanto, no parecía dirigida contra el gigante popular. El verdadero perjudicado era el valencianismo que yo representaba. Aquella candidatura artificialmente sostenida dispersó el voto valencianista y contribuyó a mantener fuera del Ayuntamiento a Coalición Valenciana. Mientras el PP conservaba intacta su abrumadora mayoría, quienes combatíamos simultáneamente el bipartidismo, el catalanismo político y la desaparición de una voz valenciana independiente quedábamos extramuros de la institución.
Cuestiones políticas y morales pendientes
Los números desmontan el pretexto. Si se quería debilitar al PP, la operación resultó absurda. Si se pretendía dividir, neutralizar y sustituir al valencianismo independiente, entonces todo adquiere sentido.
La historia posterior completa el retrato. En 2019, María José Catalá incorporó a Vicente González-Lizondo hijo a la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia, nada menos que como supuesto «símbolo contra el catalanismo». Quien presuntamente había sido financiado por el PSOE para competir electoralmente terminó integrado en las listas del PP. El círculo se cerraba: primero, una candidatura útil para fragmentar el valencianismo; después, su absorción por uno de los dos grandes partidos beneficiarios de su desaparición.
El caso Azud deberá depurar las responsabilidades penales que corrn. Pero la responsabilidad política y moral plantea ya preguntas ineludibles. ¿Quién decidió financiar aquella campaña? ¿Quién aceptó que una sigla histórica del valencianismo fuese utilizada como instrumento electoral?
Durante años nos presentaron aquella derrota como una simple decisión de los electores. Hoy sabemos que el tablero estaba marcado, que algunas candidaturas no competían con sus propios medios y que detrás de determinadas papeletas podían esconderse intereses ajenos al valencianismo.
No intentaban restar votos al PP. Intentaban impedir que entráramos nosotros. Querían un valencianismo domesticado, financiable, manejable y finalmente absorbible. Todo antes que permitir una voz valenciana libre, incómoda e independiente en el Ayuntamiento.
No fue una batalla electoral limpia. Fue una operación política. Y diecinueve años después, la verdad comienza a abrirse paso entre las páginas de un sumario.
Juan García Sentandreu
Ex presidente de Coalición Valenciana
