¿Puede Pedro Sánchez intentar trampas y utilizar todos los resortes del poder para intentar seguir gobernando a pesar de las encuestas?

PorPepe Herrero

noviembre 19, 2026
  • Del padrón municipal al voto por correo, de la Ley de Nietos al uso de las instituciones: las posibles vulnerabilidades de un proceso electoral que exige máxima vigilancia
Hay una pregunta que cada vez más españoles se hacen, yo también, y ante las dudas que un comentario mío ayer en redes desató, escribo esta reflexión: ¿qué trampas puede hacer un presidente del Gobierno que se enfrenta a unas elecciones con dificultades políticas, desgaste institucional y una oposición que aspira a desalojarlo del poder para seguir?
La pregunta es legítima. Y merece una respuesta que vaya más allá de las consignas partidistas.
Pedro Sánchez dispone, como cualquier presidente del Gobierno, de importantes instrumentos institucionales, políticos y administrativos. Muchos son perfectamente legales. Otros tienen límites muy claros. Y algunos pueden utilizarse de forma abusiva, aprovechando las zonas grises de la legislación.
No estamos afirmando que exista un plan para manipular unas elecciones, aunque sospechas no faltan. Tampoco sería responsable dar por hecho que se está preparando un fraude electoral. Pero no nos fíamos nada visto el historial del susodicho y como llegó con trampas a ser el líder de su partido.
También debemos plantearnos algo fundamental: ¿están suficientemente protegidos todos los mecanismos que garantizan la limpieza de unas elecciones generales?
Vamos a examinarlo.
 
1. ANTES DE LAS ELECCIONES: PREPARAR EL TERRENO
 
La Ley de Nietos y la ampliación del electorado exterior
La Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.
La conocida como Ley de Nietos ha generado un importante crecimiento de la población española residente en el extranjero y, consecuentemente, del censo electoral exterior.
 
En las próximas elecciones hay más de 2,7 millones de personas inscritas en el CERA.
 
Aquí hay una cuestión que no debemos eludir: ¿se han aplicado correctamente los requisitos de nacionalidad y las correspondientes inscripciones electorales?
 
El Tribunal Supremo ha intervenido en este asunto y ha suspendido cautelarmente el derecho de voto de 163.355 personas nacionalizadas mediante esta vía, salvo quienes acrediten su condición de descendientes de exiliados. Sin embargo, ha rechazado extender esa suspensión a unos 190.000 hijos de nacionalizados.
No se puede atribuir una intención política ni un comportamiento electoral uniforme a quienes han obtenido la nacionalidad.
Pero sí es legítimo exigir que el censo sea correcto, que las decisiones judiciales se cumplan y que cada persona vote únicamente cuando reúna los requisitos legales.
La pregunta es inevitable: ¿se han establecido controles suficientemente rigurosos y se han aplicado a tiempo?
El padrón municipal: una puerta que no puede quedar abierta
El caso de Gandía entre otros muchos constituye un ejemplo que merece atención.
 
La investigación policial sobre 127 empadronamientos irregulares demuestra que pueden existir redes organizadas capaces de introducir datos falsos en registros municipales.
No significa que esos empadronamientos se tradujeran en votos fraudulentos. Pero sí demuestra que los mecanismos administrativos pueden ser vulnerables.
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¿Qué sucede si situaciones semejantes se producen en otros municipios?
¿Qué controles se realizan sobre las altas masivas? ¿Quién comprueba que una persona reside realmente en el domicilio declarado? ¿Cómo se detectan las inscripciones ficticias?
Y, sobre todo, ¿cómo se garantiza que una irregularidad administrativa no termine afectando al censo electoral?
 
No podemos permitir que una cuestión tan sensible dependa exclusivamente de la buena voluntad de quienes gestionan los ayuntamientos.
 
El uso electoral de las instituciones públicas
 
Este es uno de los asuntos que ya cuenta con antecedentes documentados.
La Junta Electoral Central abrió expedientes sancionadores a Pedro Sánchez por intervenciones institucionales que podían vulnerar el deber de neutralidad electoral.
Entre ellas figuran su comparecencia desde Moncloa en octubre de 2026 y el vídeo grabado ante el Guernica en el Museo Reina Sofía.
La utilización de instalaciones públicas, comparecencias institucionales y recursos administrativos para difundir mensajes de carácter electoral plantea un problema democrático evidente.
Un presidente tiene derecho a defender su gestión y hacer campaña. Lo que no puede hacer es confundir su condición de candidato con la representación institucional de todos los españoles.
La Moncloa no es una sede electoral del PSOE. Los museos públicos tampoco son escenarios de propaganda partidista.
 
Decretos, ayudas y anuncios gubernamentales
 
Otro mecanismo que merece vigilancia es la utilización de la actividad legislativa y administrativa en periodos próximos a las elecciones.
Un Gobierno puede aprobar medidas, conceder ayudas y tomar decisiones dentro de sus competencias.
Pero hay que examinar cuidadosamente cuándo se anuncian, cómo se financian, qué justificación tienen y si se utilizan para obtener ventajas electorales.
También debemos vigilar que no se confunda la comunicación legítima de políticas públicas con la propaganda institucional prohibida por la legislación electoral.
La pregunta no es si un Gobierno puede gobernar durante una campaña. Evidentemente puede hacerlo dentro de sus límites.
La pregunta es si utiliza esa capacidad para obtener una ventaja partidista indebida.
 
2. DURANTE LAS ELECCIONES: LOS PUNTOS QUE EXIGEN MÁS VIGILANCIA
 
El voto por correo
Probablemente sea uno de los capítulos que más atención merece.
El voto por correo tiene procedimientos de identificación, entrega, custodia y traslado. No sería correcto decir que carece de controles.
Pero tampoco debemos considerar que un procedimiento está libre de riesgos simplemente porque exista una regulación.
 
Hay que comprobar:
Que las solicitudes correspondan a electores reales.
Que la documentación se entregue correctamente.
Que nadie pueda suplantar al votante.
Que no existan presiones sobre personas vulnerables.
Que los sobres mantengan una trazabilidad adecuada.
Que las entregas y recepciones queden registradas.
Que los votos recibidos coincidan con los finalmente incorporados al escrutinio.
 
Una cuestión especialmente delicada es la posibilidad de que terceras personas intervengan en la gestión de varios votos.
La legislación establece garantías, pero debemos conocer cómo se comprueba su cumplimiento efectivo.
No basta con que Correos, la Oficina del Censo Electoral y las mesas electorales tengan procedimientos escritos. Hay que poder auditar su aplicación.
El voto de los españoles residentes en el extranjero
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El CERA representa un volumen considerable de electores.
La normativa establece mecanismos de envío, recepción y custodia mediante los consulados y valijas diplomáticas.
No debemos repetir afirmaciones falsas que circulan por las redes sobre supuestos envíos sin certificar a España.
 
Lo que sí debemos exigir es transparencia sobre:
Número de votos emitidos.
Número de votos recibidos.
Votos rechazados y motivos.
Incidencias consulares.
Actas de custodia y traslado.
Resultados desglosados por circunscripción.
 
La confianza no se consigue ocultando los procedimientos, sino explicándolos y permitiendo su comprobación.
 
El recuento electoral
 
En España, las mesas electorales realizan el escrutinio público y los representantes de las candidaturas pueden estar presentes.
Posteriormente se realiza el escrutinio general por las juntas electorales correspondientes.
Es importante diferenciar los resultados provisionales difundidos la noche electoral de los resultados oficiales.
¿Qué debemos vigilar?
 
Que todas las actas coincidan, que los votos nulos estén correctamente clasificados, que las reclamaciones se tramiten y que cualquier discrepancia quede documentada.
 
No hay que inventar manipulaciones informáticas ni dar por hecho que el sistema de transmisión de resultados puede cambiar votos. Hay que comprobar las actas originales y el escrutinio oficial.
 
3. LOS ORGANISMOS QUE DEBEN GARANTIZAR LA LIMPIEZA ELECTORAL
 
Unas elecciones no dependen de una sola institución.
Intervienen la Oficina del Censo Electoral, las juntas electorales, las mesas, Correos, las administraciones públicas y los tribunales.
También desempeñan una función esencial los interventores y apoderados de los partidos políticos.
La cuestión es si todos estos mecanismos tienen capacidad suficiente para detectar, documentar y corregir irregularidades.
La Junta Electoral Central debe actuar con independencia y aplicar las mismas reglas a todos los partidos.
Los tribunales deben resolver las controversias conforme a Derecho.
Y las administraciones deben facilitar la información necesaria para que los ciudadanos puedan confiar en el procedimiento.
La vigilancia democrática no puede depender de quién gobierne.
 
4. ¿QUÉ DEBERÍAMOS INVESTIGAR ANTES DE LAS ELECCIONES?
 
Hay una serie de comprobaciones que deberían formar parte de cualquier investigación periodística seria:
 
Evolución del censo electoral por circunscripciones y comparación con años anteriores.
Variaciones del censo exterior y situación de las inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática.
Altas y bajas anómalas en los padrones municipales.
Número de solicitudes y votos por correo, incidencias y trazabilidad.
Garantías del voto exterior y funcionamiento de los consulados.
Actuaciones de la Junta Electoral Central sobre la neutralidad institucional.
Publicidad institucional y utilización de medios públicos durante la campaña.
Auditoría y conservación de las actas de las mesas electorales.
Tramitación de las reclamaciones y recursos electorales.
 
No necesitamos encontrar un fraude para justificar estas comprobaciones. Son garantías que deberían existir siempre.
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CONCLUSIÓN: LA DEMOCRACIA NO PUEDE DEPENDER DE LA CONFIANZA CIEGA
 
Pedro Sánchez tiene derecho a presentarse a las elecciones, defender su gestión y aspirar a continuar gobernando.
Exactamente igual que cualquier otro candidato.
 
Pero ningún presidente debe utilizar las instituciones del Estado como si fueran patrimonio de su partido.
Tampoco podemos aceptar que las posibles vulnerabilidades del sistema electoral se despachen automáticamente como conspiraciones, ni que las denuncias políticas se conviertan en hechos probados sin documentación.
Hay que investigar. Hay que comprobar. Hay que exigir transparencia.
El voto es la expresión más importante de la voluntad democrática de los ciudadanos. Su legitimidad depende tanto de que cada elector pueda votar libremente como de que cada voto sea correctamente contabilizado.
 
Y hay una pregunta que debería hacerse cualquier español, vote a quien vote:
¿Estamos haciendo todo lo necesario para garantizar que las próximas elecciones sean absolutamente transparentes, verificables y libres de cualquier interferencia indebida?
 
Porque la democracia no consiste solamente en celebrar elecciones.
Consiste en garantizar que nadie, absolutamente nadie, pueda manipular sus reglas para aferrarse al poder.
 
Por todo lo expuesto pienso que SÍ, que Sánchez puede estar haciendo trampas para ganar las elecciones. Sus afirmaciones tajantes sobre que va a seguir, sobre preguntar si la oposición va a aceptar los resultados y vistos los antecedentes cuando en el 23-J solo acertó el CIS y todas las demas agencias de encuestas fallaron, me deja la certeza de que sí que lo va a intentar.
Otra cosa es que lo consiga.
Pero sí, no tengo dudas de que sí que está intentando algo.
Es mi opinión que os dejo para que la conozcáis.

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