La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana afronta una nueva vía judicial: Pilar Bernabé denunciada ante los tribunales tras la iniciativa presentada formalmente por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, encabezado por Miguel Bernad. El escrito ha sido remitido al Juzgado Decano de Valencia para que se diriman las responsabilidades legales derivadas de los disturbios registrados en la ciudad, los cuales concluyeron con nueve agentes de policía heridos durante el ejercicio de sus funciones operativas de contención.
Imputación de imprudencia grave con resultado de lesiones a la delegada
El escrito registrado ante la sede judicial sitúa la actuación de la máxima responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la autonomía bajo la lupa penal. La organización fundamenta su acusación en la supuesta comisión de un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, conducta castigada en el artículo 159 del Código Penal. Esta tipificación penal castiga a quienes, por vulnerar deberes inexcusables de cuidado, provocan daños directos sobre la integridad física de terceros, en este caso los efectivos uniformados.
Para los denunciantes, la gestión del dispositivo de orden público durante los altercados evidenció fallos sustanciales de previsión y coordinación operativa. La responsabilidad que ostenta la Delegación del Gobierno en la autorización, supervisión y despliegue preventivo frente a convocatorias públicas sitúa a su titular como garante de la seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios destinados a salvaguardar las calles valencianas.
La cobertura de estos sucesos genera una gran repercusión en la sección de Actualidad de nuestra cabecera, donde el seguimiento de las actuaciones judiciales en los juzgados de la capital del Turia mantiene en alerta al debate social sobre el desempeño institucional en situaciones de tensión en la vía pública.
Las consecuencias legales tras el saldo de nueve agentes lesionados
El balance de nueve policías que precisaron asistencia facultativa constituye el núcleo probatorio que Manos Limpias aporta en su escrito. El sindicato sostiene que el resultado lesivo no puede desligarse de las órdenes dictadas o de la eventual omisión de medidas de protección adecuadas para los miembros de las unidades de intervención desplegadas durante los disturbios callejeros.
A partir de la recepción de la documentación en el Juzgado Decano de Valencia, corresponderá por reparto al juzgado de instrucción pertinente decidir sobre la incoación de diligencias previas. El magistrado instructor deberá evaluar si los hechos descritos presentan indicios razonables de tipicidad penal o si, por el contrario, la actuación gubernativa se encuadra en los riesgos inherentes al mantenimiento del orden sin trascendencia delictiva.
Este frente legal vuelve a situar a la delegada en el foco del debate sobre la gestión de la seguridad ciudadana.
