Hay temporadas políticas en las que un partido encadena malas noticias. Y luego hay temporadas en las que parece que la realidad ha decidido convertirse en columnista de opinión.
Al PSPV-PSOE le está ocurriendo algo parecido.
No es un único escándalo. No es una encuesta adversa. No es una declaración desafortunada. Es una sucesión de episodios que, puestos uno detrás de otro, dibujan una imagen bastante incómoda: un socialismo valenciano cada vez más subordinado a Pedro Sánchez, cada vez más alejado de la calle y cada vez más obligado a explicar contradicciones que ya no caben debajo de la alfombra.
Y cuando un partido dedica más energía a explicar por qué tiene razón que a preguntarse por qué la gente ha dejado de darle la razón, quizá haya llegado el momento de mirar el retrovisor. Aunque duela.
Cincuenta personas y una fotografía que vale más que mil discursos
Empecemos por Gandía.
El PSPV decidió no secundar la concentración promovida por la FEMP en apoyo a Ceuta. Diana Morant llegó a justificar el desmarque afirmando que aquellas concentraciones eran convocatorias del PP y Vox y cuestionando que su finalidad fuese realmente solidarizarse con Ceuta. El socialismo valenciano prefirió hacer su propia concentración. Muy respetable. Y allí llegó el pequeño problema.
Apenas medio centenar de personas.
La fotografía, en política, puede ser cruel. Especialmente cuando unas horas después la movilización alternativa congrega a una cantidad de ciudadanos varias veces superior. Las fuentes policiales situaron la asistencia vespertina de Gandía en torno a 1.300-1.400 personas.
No hace falta ser matemático para comprender el mensaje. Cincuenta contra más de mil quinientas.
El PSPV podrá discutir las cifras, las pancartas, las consignas, el tono, la organización y hasta la meteorología.
Pero hay algo que resulta más difícil de discutir, y es que la gente eligió dónde estar.
Y eso debería preocupar bastante más que cualquier discurso pronunciado desde una tribuna.
Porque cuando un partido socialista organiza una concentración sobre la defensa de una ciudad española y la ciudadanía responde con la proverbial calidez de una sala de espera de Hacienda, quizá no sea la ciudadanía la que necesite una clase de pedagogía democrática. Quizá sea el partido el que necesite escuchar.
El problema de la superioridad moral
El episodio de Gandía revela además una enfermedad política bastante extendida: creer que quien convoca desde la izquierda posee automáticamente el certificado de autenticidad democrática.
Si lo hace el PSOE, solidaridad.
Si lo hace el PP, instrumentalización.
Si lo hace Vox, extrema derecha.
Y si acuden miles de ciudadanos, habrá que averiguar primero quién les ha enviado. Es una manera bastante sofisticada de no escuchar a nadie. Porque quizá entre esas 1.300 personas hubiera votantes del PP. Probablemente. Quizá de Vox. También.
Pero seguramente hubiera ciudadanos que simplemente consideran que Ceuta es España y que, cuando sus fronteras están sometidas a una crisis de semejante magnitud, quieren expresarlo públicamente.
La democracia tiene esa desagradable costumbre de no venir etiquetada.
Morant descubre ahora que los insultos son malos
Y llegamos a Diana Morant.
La ministra y secretaria general del PSPV ha denunciado con enorme contundencia que Vicent Mompó la llamara “lameculos de Sánchez”. Lo ha calificado de expresión machista y ha reclamado responsabilidades.
Conviene decirlo claramente: insultar a un adversario político está mal, venga de donde venga.
Pero hay un pequeño detalle que convierte el asunto en una comedia involuntaria.
Porque unas semanas antes la propia Morant había introducido a Hitler en la conversación política valenciana al hablar de las políticas del PP y Vox. Después explicó que no había comparado directamente a Feijóo con Hitler, sino que había establecido un paralelismo histórico con los gobiernos nazis y determinadas políticas que ella consideraba racistas y xenófobas.
Es una distinción jurídicamente elegante. Políticamente, bastante menos. La cuestión no es si “lameculos” es un insulto. Lo es.
La cuestión es si el PSOE valenciano ha decidido finalmente descubrir que la deshumanización del adversario es una mala práctica únicamente cuando el adversario la practica con uno mismo.
Porque el ministro Óscar Puente tampoco se caracteriza precisamente por comunicarse con sus adversarios políticos mediante sonetos de Garcilaso. Y ahí el silencio socialista suele adquirir una cualidad casi monástica.
Cuando el insulto viene de casa, es contundencia.
Cuando viene de enfrente, es machismo.
Cuando viene de Puente, probablemente sea ironía.
Y cuando viene de alguien contra Sánchez, debe de ser fascismo.
Una clasificación científica, sin duda.
Azud: la política como ingeniería electoral
Pero si hablamos de varapalos, el asunto más serio es otro.
El caso Azud acaba de alcanzar una nueva dimensión judicial con el auto que abre procedimiento abreviado contra 38 personas. La investigación afecta a entramados vinculados tanto al PP como al PSPV y analiza presuntas comisiones ilegales, sobornos y financiación irregular.
Y aquí aparece una de las historias más corrosivas para el socialismo valenciano.
Según la reconstrucción incorporada al procedimiento, se habría financiado de manera encubierta propaganda de Unión Valenciana durante la campaña de 2007 con el objetivo de restar votos al PP. La documentación investigada apunta a que trabajos encargados por el entorno socialista habrían acabado siendo abonados mediante una empresa pantalla.
Si finalmente los tribunales confirman esas responsabilidades, no estaríamos ante una simple irregularidad contable. Estaríamos ante algo mucho más fascinante:
la democracia convertida en ingeniería de fontanería electoral.
“¿Cómo ganamos votos?” No hay problema.
“¿Y si en lugar de convencer al elector hacemos que el rival pierda algunos?” Maravilloso.
“¿Y cómo?” Pues pagando, presuntamente y de tapadillo, una candidatura que pueda quitarle votos.
La política convertida en laboratorio. El elector convertido en variable. La pluralidad convertida en herramienta. Y el partido que presume de superioridad ética obligado a contemplar cómo una investigación judicial examina precisamente una operación destinada a manipular el reparto electoral.
Hay que insistir: esto pertenece al ámbito de una causa judicial y las responsabilidades deberán determinarse en sede judicial. Pero el problema político ya existe. Y es gigantesco.
Y aparece Rafael Rubio
Porque en ese mismo procedimiento aparece Rafael Rubio, antiguo portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y posteriormente subdelegado del Gobierno.
La jueza ha acordado que continúe el procedimiento respecto de Rubio. La investigación recoge anotaciones y movimientos económicos que la instructora vincula al antiguo dirigente socialista.
Aquí conviene no hacer periodismo de sentencia antes de tiempo. Una persona investigada no es una persona condenada. Pero también conviene no hacer periodismo de avestruz. Porque resulta bastante difícil sostener que todo esto es una conspiración mediática cuando existe un procedimiento judicial que afecta a antiguos cargos relevantes del propio partido. Y aquí surge una pregunta incómoda para el PSPV:
¿Dónde está la indignación moral que el socialismo valenciano reserva habitualmente para los casos de corrupción del Partido Popular?
Porque el PP valenciano ha pagado durante décadas una factura política gigantesca por Gürtel, Brugal, Taula, Azud y otros casos.
Ahora el PSPV descubre que la corrupción no entiende de siglas.
La diferencia es que unos partidos suelen descubrir la corrupción cuando afecta al adversario.
Y la democracia sería bastante más saludable si la descubrieran también cuando les salpica la camisa.
Y entonces aparece el apellido Puig
Porque el problema de la corrupción tiene además memoria.
Durante años, el socialismo valenciano construyó buena parte de su discurso político sobre la necesidad de limpiar las instituciones después de los grandes escándalos que afectaron al PP.
Y ahí aparece ahora el nombre de Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig, cuya empresa fue investigada en una causa relacionada con presuntas irregularidades en la obtención de ayudas públicas.
El asunto terminó llegando a los tribunales y, tras distintas vicisitudes procesales, la Audiencia de Valencia archivó definitivamente la causa en 2025 al considerar que no había delito en la actuación investigada.
Y aquí hay que ser justos: una causa archivada no puede convertirse artificialmente en una condena que nunca existió. Pero tampoco puede borrarse de la hemeroteca.
Porque políticamente dejó una pregunta flotando durante años: ¿qué habría dicho el PSPV si el empresario investigado hubiera sido hermano de un presidente del PP?
Probablemente lo sabemos.
Habría habido ruedas de prensa. Pancartas. Declaraciones solemnes. Petición de dimisiones. Y, posiblemente, alguna comparecencia sobre la “responsabilidad política” de la familia.
La vara de medir, sin embargo, parece tener la sorprendente capacidad de encogerse cuando la fotografía familiar cuelga en el salón propio. Y ese es precisamente el problema.
La corrupción no debería ser de izquierdas ni de derechas.
Ni debería tener apellidos que la hagan más grave o más llevadera.
Si el PSOE exige ejemplaridad al PP, debe aceptar exactamente la misma exigencia cuando el nombre que aparece en los papeles es Puig, Rubio o cualquier otro apellido próximo a sus filas.
Porque la ejemplaridad no consiste en exigir al adversario que sea ejemplar. Consiste en serlo cuando nadie te obliga.
José Muñoz y el día en que la policía le dio una lección
Luego está José Muñoz.
El líder socialista en Les Corts, que suele manejarse con soltura en el combate político, se encontró recientemente con un adversario bastante menos dócil que un parlamentario del PP: un representante policial.
Y allí donde la retórica parlamentaria permite subir el volumen, los agentes de seguridad tienen la mala costumbre de recordar cómo funcionan las cosas sobre el terreno. La política puede permitirse titulares. La frontera no.
En Ceuta hay policías, guardias civiles, militares y ciudadanos que no viven la inmigración irregular como un debate académico. La viven en primera persona.
Por eso resultó especialmente revelador que el discurso político fuese confrontado con el de quienes están allí cuando llegan los problemas. Es una de las grandes fracturas del actual socialismo: la distancia entre el discurso de despacho y la realidad de la calle.
El político habla de conceptos. El policía habla de consecuencias.
Y cuando ambos se encuentran, puede suceder que el segundo tenga bastante menos paciencia.
Bernabé y la memoria selectiva de la DANA
Después está Pilar Bernabé. Aquí el problema es todavía más delicado.
La delegada del Gobierno y dirigente socialista ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la DANA.
Y hay argumentos serios para examinar aquella gestión. Pero el mismo principio debería aplicarse al Gobierno central. La propia Bernabé ha defendido que ella ofreció la UME a la Generalitat a las 12:20 del 29 de octubre de 2024 y ha insistido en que el Gobierno central estuvo a disposición de la dirección de la emergencia. Bien.
Entonces hagamos la pregunta completa.
¿Qué ocurrió con el despliegue de otros recursos estatales?
Porque incluso el jefe de Policía valenciano reconoció posteriormente que se tardó tres días en empezar a desplegar efectivos y admitió que se podría haber hecho antes.
Y mientras tanto, Bernabé sigue haciendo de fiscal política de Mazón.
La pregunta no es si Mazón tuvo responsabilidades.
La pregunta es por qué el PSOE parece considerar que la lupa debe tener aumento variable según quién esté delante.
Cuando gobierna el PP:
“¿Por qué no hicisteis más?”
Cuando gobierna el PSOE:
“¿Pero acaso no estábamos a disposición?”
Ese doble rasero tiene un problema. Las víctimas no votan.
Sánchez y el inexplicable silencio sobre Ceuta
Y llegamos al asunto que puede terminar siendo más costoso políticamente para Diana Morant, Ceuta
Porque hoy conocemos algo que hace unas semanas no conocíamos con esta claridad.
El CNI había advertido previamente sobre planes de entrada masiva. Documentos desclasificados muestran varias comunicaciones previas y alertas sobre movimientos que apuntaban a una operación organizada.
El Gobierno ha respondido que no hubo una alerta formal elevada a los máximos responsables y ha minimizado el alcance de algunas comunicaciones.
Es decir: la controversia está abierta y tiene una dimensión judicial.
Precisamente por eso sorprende todavía más el entusiasmo con el que Morant continúa defendiendo a Sánchez. Porque una cosa es defender políticamente al presidente de tu partido y otra muy distinta es convertir la defensa en reflejo condicionado.
Si había información previa, si existían avisos, si las instituciones disponían de señales de alarma y si finalmente decenas de miles de personas intentaron atravesar la frontera, el ciudadano tiene derecho a preguntar:
¿Quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué hizo con esa información?
No debería hacer falta ser de derechas para querer una respuesta.
De hecho, debería ser exactamente, al contrario.
La soberanía nacional no debería pertenecer a ningún partido.
Y mientras tanto, la lista de periodistas
Como colofón, aparece el asunto del documento del Ministerio del Interior que incluye información sobre periodistas y comunicadores.
El Ministerio niega que sea una “lista negra” ideológica y Marlaska ha rechazado que se identificase a las personas por su ideología. Pero el asunto ha adquirido suficiente gravedad como para que la Agencia Española de Protección de Datos haya abierto una investigación de oficio.
Y aquí José Muñoz tiene una oportunidad extraordinaria. Puede salir. Puede hablar. Puede condenarlo. Puede decir que un Gobierno socialista no debe recopilar ni clasificar información sobre periodistas de una manera que pueda vulnerar sus derechos. Puede hacerlo con la contundencia con la que denuncia cualquier actuación del PP.
Pero, de momento, el silencio resulta mucho más cómodo. Y también mucho más revelador.
Porque si el PSOE valenciano cree realmente en la libertad de prensa, no debería necesitar consultar primero qué opina Ferraz.
El problema no es que sean sanchistas
La palabra “sanchismo” se ha utilizado tanto que empieza a parecer una denominación de origen. Pero aquí hay algo más profundo. Diana Morant, Pilar Bernabé y José Muñoz parecen haber llegado a una conclusión estratégica: la supervivencia política pasa por no separarse jamás de Pedro Sánchez.
Ni en Ceuta.
Ni en la DANA.
Ni ante los ataques a la oposición.
Ni ante las polémicas del Gobierno.
Ni ante las controversias que afectan al propio PSOE.
Y quizá ahí esté el error.
Porque un dirigente autonómico debería defender primero a sus ciudadanos y después a su partido. Un ministro debería responder primero ante el interés general y después ante su secretario general. Y una líder territorial debería poder decirle al presidente de su partido: “En esto te equivocas.” Sin necesidad de pedir permiso.
El PSOE valenciano tiene un problema
Y no es Vox. No es el PP. No es Mompó. No es Feijóo. No es la prensa. Ni siquiera es la oposición.
Es la credibilidad.
Porque cuando convocas y van cincuenta, tienes un problema.
Cuando denuncias un insulto después de haber utilizado a Hitler como comparación política, tienes un problema de coherencia.
Cuando un caso judicial investiga financiación irregular vinculada a tu partido, tienes un problema de explicaciones.
Cuando uno de tus antiguos cargos aparece en el procedimiento, tienes un problema de responsabilidad política.
Cuando tus dirigentes son cuestionados por quienes están sobre el terreno en Ceuta, tienes un problema de conexión con la realidad.
Cuando llevas dos años hablando de responsabilidades por la DANA pero te cuesta formular preguntas incómodas a tu propio Gobierno, tienes un problema de credibilidad.
Y cuando aparece una investigación sobre un listado del Ministerio del Interior que afecta a periodistas y tus dirigentes territoriales guardan silencio, tienes un problema de principios.
Todo junto empieza a parecer otra cosa.
Empieza a parecer una crisis de identidad.
El espejo
Quizá el PSPV necesite menos argumentarios y más espejos.
Uno para Morant.
Otro para Bernabé.
Otro para Muñoz.
Y uno enorme, de cuerpo entero, en la sede de la calle del Hospital.
Porque quizá deberían preguntarse por qué cada vez les cuesta más hablar con una voz propia.
Por qué cuando Pedro Sánchez habla, ellos repiten.
Por qué cuando Pedro Sánchez calla, ellos callan.
Por qué cuando el Gobierno tropieza, ellos buscan inmediatamente una alfombra.
Y por qué, mientras tanto, la calle empieza a buscar otras voces.
La política tiene una regla bastante sencilla: si abandonas un espacio, alguien lo ocupa.
El PSOE dejó durante años que otros se apropiaran de la bandera, del patriotismo, de la seguridad, de las fronteras y del discurso del orden.
Ahora descubre que esos espacios tienen público.
Y en lugar de preguntarse por qué, acusa al público de haberse equivocado de concentración.
Quizá el gran varapalo no sea que el PSOE valenciano esté perdiendo determinadas batallas.
Quizá sea que ya no sabe exactamente qué batalla está librando.
Y mientras Morant mira a Sánchez, Bernabé mira a Mazón y Muñoz mira al PP, hay una cosa que los tres deberían mirar con bastante más atención: la calle.
Porque la calle no tiene comité federal. No recibe argumentarios. No cobra asesores. No lee el manual de comunicación. Y, sobre todo, no tiene obligación alguna de votar lo que el PSOE considera moralmente correcto. La calle simplemente observa y vota.
A veces, incluso, se concentra.
Y cuando un partido socialista convoca a cincuenta personas y sus adversarios consiguen sacar a más de mil quinientas, quizá no sea el momento de explicar que los demás son fachas. Quizá sea el momento de preguntarse algo bastante más incómodo:
“¿En qué momento dejamos de hablar con la gente?”
