La Comunidad Valenciana dispone de instituciones propias, Parlamento, Gobierno autonómico, competencias amplias en sanidad, educación, servicios sociales, cultura, vivienda o transporte regional. Sobre el papel, posee autonomía política. La cuestión, sin embargo, es mucho más incómoda: ¿puede hablarse de una autonomía plenamente efectiva cuando una parte esencial de los recursos depende de decisiones tomadas fuera de Valencia?
La respuesta exige matices. No se trata de sostener que la autonomía valenciana sea una ficción absoluta, porque las instituciones existen, legislan, gestionan servicios y adoptan decisiones relevantes. Pero tampoco puede aceptarse sin discusión la idea de que basta con tener competencias para disponer de un autogobierno real. Una competencia sin recursos suficientes puede convertirse en una obligación costosa; y una administración permanentemente endeudada, dependiente de mecanismos estatales de liquidez, ve reducida su capacidad de decisión.
La autonomía, en definitiva, no consiste solo en poder administrar. Consiste en poder elegir, planificar y sostener las decisiones propias.
El problema de tener competencias sin una financiación suficiente
Puede explicarse con una imagen sencilla. Imaginemos a varios jóvenes que quieren salir una noche. Todos tienen una hora límite para regresar a casa, salvo uno que puede volver cuando quiera. Parece el más libre del grupo. Sin embargo, cuando llega el momento de salir, descubre que no tiene dinero ni para cenar, ni para desplazarse, ni para entrar en ningún sitio. Su libertad formal existe; su libertad real, no tanto.
Algo parecido puede suceder con una comunidad autónoma. Puede gestionar hospitales, colegios, centros de dependencia y servicios sociales, pero si los recursos que recibe no se corresponden con las necesidades de su población, la autonomía queda condicionada. O se reducen servicios, o se aumentan impuestos, o se recurre al endeudamiento. Y cuando el endeudamiento se vuelve estructural, la capacidad de decisión propia disminuye.
La reivindicación valenciana de una financiación justa no es una novedad ni una consigna improvisada. Se repite desde hace décadas, con gobiernos de distinto signo político en la Generalitat y en el Estado. El problema ha sido diagnosticado por instituciones y economistas de muy distintas sensibilidades: una comunidad con renta por habitante inferior a la media no debería quedar, tras el reparto de recursos, por debajo de la media de financiación por población ajustada.
Los datos más recientes divulgados sobre la liquidación de 2022 sitúan la financiación efectiva valenciana en 3.089 euros por habitante ajustado, unos 276 euros por debajo de la media autonómica. La brecha no es una discusión abstracta: se traduce en menor margen para sostener la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la política de vivienda o las inversiones necesarias
Por eso, el debate valenciano no debería limitarse a reclamar más dinero cada vez que llega una negociación presupuestaria. La cuestión de fondo es otra: un sistema de financiación no puede castigar de forma permanente a un territorio con menor capacidad fiscal relativa y necesidades de gasto comparables a las del resto de comunidades del régimen común.
La deuda: una herramienta necesaria que acaba generando dependencia
Cuando los ingresos ordinarios no bastan para atender servicios esenciales, la administración se endeuda. Esto no significa que toda la deuda valenciana se explique exclusivamente por la infrafinanciación: también influyen decisiones de gasto, ciclos económicos, la crisis financiera, las políticas tributarias y la gestión de cada gobierno. Negar esa complejidad sería poco serio.
Pero sería igualmente poco serio ignorar que una parte muy importante del endeudamiento valenciano está vinculada a un modelo de recursos insuficiente. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha insistido en que la Comunidad Valenciana mantiene una ratio de deuda elevada y que una condonación parcial, por sí sola, no sustituye la necesaria reforma del sistema de financiación.
Los fondos de liquidez autonómica han evitado situaciones mucho más graves. Han permitido pagar nóminas, proveedores, medicamentos, conciertos sociales y servicios básicos. No son una “limosna” en sentido jurídico: son préstamos y mecanismos de financiación pública. Pero su existencia revela un problema político de fondo. Una autonomía que depende cada año de la autorización, los plazos y las condiciones de financiación estatal tiene un margen menor para decidir por sí misma.
La solución no puede ser vivir indefinidamente pendiente del siguiente tramo del Fondo de Liquidez Autonómica. Hace falta una reforma estable que garantice suficiencia financiera, una compensación razonable de la deuda generada por infrafinanciación y un sistema transparente que no dependa de la afinidad entre el Gobierno de la Moncloa y el Consell de turno.
Porque el problema no debe cambiar según quién gobierne. Si la financiación valenciana es injusta cuando Madrid gobierna un partido adversario, también debe serlo cuando gobierna el partido propio.
El Corredor Mediterráneo: la gran asignatura pendiente
Pocas infraestructuras expresan mejor la contradicción valenciana que el Corredor Mediterráneo. Para un territorio exportador, turístico, industrial y portuario, conectar por ferrocarril de alta capacidad Castellón, Valencia y Alicante no es un capricho: es una necesidad económica, territorial y estratégica.
Durante años, Valencia y Alicante han estado mejor conectadas por alta velocidad con Madrid que entre sí. La red radial ha avanzado con más rapidez que la conexión transversal mediterránea. Es una realidad difícil de discutir: durante largo tiempo se pudo viajar en AVE desde Valencia a Madrid o desde Alicante a Madrid, mientras no existía una conexión directa de alta velocidad plenamente operativa entre las tres capitales valencianas.
El Gobierno ha anunciado que la conexión por alta velocidad entre Castellón, Valencia y Alicante estará culminada en 2027. Es una previsión positiva, pero también evidencia el retraso acumulado: una infraestructura esencial para la vertebración valenciana no debería depender de promesas reiteradas ni de calendarios que se desplazan año tras año.
La reivindicación no consiste en oponerse a Madrid ni a ninguna otra ciudad. No se trata de exigir privilegios, sino de pedir coherencia. Un país que habla de competitividad, descarbonización y cohesión territorial no puede mantener durante décadas incompleta la gran conexión ferroviaria de uno de sus principales ejes productivos.
El Corredor Mediterráneo debe servir para pasajeros, mercancías, puertos, polígonos industriales y comarcas interiores. Debe conectar Valencia con Europa, pero también Valencia con Castellón y Alicante. Una autonomía con voz propia debe poder exigir que su principal infraestructura estratégica sea prioritaria, no secundaria.
Banco de Valencia: una pérdida que debe explicarse con verdad
El caso del Banco de Valencia merece indignación, pero también precisión. La entidad fue intervenida en 2011 y acabó adjudicada a CaixaBank por un euro tras una enorme inyección de fondos públicos. El coste de la operación se situó en torno a 5.000 millones de euros, entre recapitalización y protección de activos.
Por tanto, no es exacto afirmar que el Banco de Valencia no necesitara rescate. Los informes oficiales consideraron necesaria una recapitalización. Lo que sí es legítimo cuestionar es el resultado: una entidad histórica valenciana desapareció como banco independiente, el coste para el contribuyente fue enorme y la Comunidad Valenciana perdió otro centro propio de decisión financiera.
Esa es la crítica seria. No hace falta sostener que el rescate era innecesario para denunciar que la crisis financiera dejó a Valencia sin buena parte de sus instrumentos financieros, mientras la toma de decisiones se desplazaba fuera del territorio.
La desaparición de bancos y cajas valencianas no fue un hecho aislado. Formó parte de una reestructuración bancaria nacional, pero afectó de manera profunda a la capacidad económica valenciana. Menos sedes, menos centros de decisión, menos financiación vinculada al territorio y menor peso de las prioridades locales.
Puertos, accesos e intereses valencianos
El Puerto de Valencia es una de las grandes infraestructuras económicas del Mediterráneo occidental. Su capacidad logística, su conexión con las empresas exportadoras y su papel en el comercio internacional hacen imprescindible mejorar sus accesos ferroviarios y viarios.
El acceso norte no puede seguir siendo una idea aplazada indefinidamente. La futura ampliación y el crecimiento de la actividad portuaria requieren una solución eficaz, compatible con la protección ambiental y con los intereses de los barrios afectados. El dilema no debe plantearse entre “ecología” o “desarrollo”, sino entre proyectos rigurosos y decisiones improvisadas.
No es responsable afirmar, sin pruebas documentales, que cualquier objeción ambiental a un acceso portuario responde a una estrategia para beneficiar a Barcelona. Las cuestiones ambientales deben estudiarse. Pero tampoco es aceptable utilizar la tramitación ambiental como excusa permanente para paralizar infraestructuras esenciales sin ofrecer una alternativa viable, financiada y calendarizada.
Valencia no necesita competir mediante agravios. Necesita planificación, inversiones auditables y un compromiso institucional claro. Si Barcelona recibe recursos para sus accesos portuarios, Valencia debe exigir los suyos con la misma firmeza y con idéntico nivel de ambición.
Cultura, lengua y autonomía política
La autonomía también se mide en la capacidad de definir una política cultural propia. Valencia debe disponer de medios suficientes para sostener su patrimonio, su creación artística, sus instituciones culturales y su lengua propia. Eso no implica cerrar la puerta a la cooperación con el Estado ni convertir toda ayuda estatal en una amenaza.
El Palau de les Arts ha denunciado en distintos momentos una aportación estatal inferior a la recibida por instituciones como el Teatro Real o el Liceu. La comparación exige revisar cada presupuesto anual, porque las cifras varían, pero la desigualdad de partida ha existido y es razonable reclamar criterios de financiación más transparentes y equilibrados.
En materia lingüística debe aplicarse el mismo principio: la política valenciana debe decidirse, ante todo, en las instituciones valencianas. Pero eso no autoriza a convertir cualquier subvención estatal a entidades culturales en una prueba automática de injerencia partidista. Las ayudas públicas han de publicarse, justificarse, fiscalizarse y otorgarse conforme a criterios objetivos. Si una entidad recibe dinero público, debe rendir cuentas; si lo emplea en actividades legales, no puede atribuírsele sin pruebas una finalidad electoral diseñada desde Madrid.
La crítica debe ser firme, pero no arbitraria. El problema no es que existan ayudas estatales; el problema aparece cuando faltan transparencia, proporcionalidad o respeto a las decisiones democráticas valencianas.
Una autonomía que no dependa del favor del gobierno de turno
La Comunidad Valenciana no necesita una autonomía ceremonial. No le basta con gestionar las consecuencias de decisiones tomadas en otros despachos. Necesita capacidad efectiva para financiar sus servicios, participar en las grandes infraestructuras, defender sus puertos, preservar su cultura y planificar su futuro.
Eso exige abandonar dos errores habituales. El primero es conformarse con promesas cada vez que se negocian presupuestos. El segundo es usar la financiación valenciana como arma partidista: protestar cuando gobiernan los otros y callar cuando gobiernan los propios.
La reivindicación valenciana debe ser transversal y constante. Ha de unir a empresarios, trabajadores, universidades, ayuntamientos, entidades sociales y fuerzas políticas, sin preguntar antes por la sigla de quien ocupa la Moncloa o el Palau de la Generalitat.
Autonomía no es tener un himno, un parlamento o un gobierno si las decisiones decisivas dependen siempre de otro lugar. Autonomía es poder elegir sin asfixia financiera. Es disponer de recursos suficientes para atender a la población. Es tener voz en las inversiones que determinan el futuro. Es contar con instituciones que no deban pedir permiso para sobrevivir.
Mientras Valencia continúe recibiendo menos de lo que necesita para prestar servicios equivalentes, mientras sus infraestructuras estratégicas avancen con retraso y mientras la financiación dependa de la negociación coyuntural, la pregunta seguirá abierta:
¿tenemos autonomía real o solo una autonomía administrada desde la dependencia?
Pedro Fuentes Caballero
Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana correspondiente por Dénia
Presidente de la Asociación Cultural Roc Chabàs de Dénia
