Las víctimas de la dana de las asociaciones montadas por la izquierda han vuelto a movilizarse de forma poco masiva en las calles para exigir responsabilidades políticas y judiciales directas a los mandatarios de la catástrofe del PP pero olvidan, una vez más, pedirlas a otros responsables como la Delegada del Gobierno, el gobierno de Chimo Puig o la CHJ, y mucho menos a Sánchez por la tardanza en enviar ayuda. Tan solo poco más de 3.500 personas salieron a protestar durante la jornada que conmemora el segundo aniversario de las inundaciones.
El malestar acumulado entre las familias afectadas se intentó hacer notar a lo largo de toda la marcha reivindicativa. Quieren vender que para quienes sufrieron las consecuencias devastadoras del temporal, mantener los privilegios políticos de los políticos del PP bloquea cualquier posibilidad de avance ético en la reconstrucción social de la provincia, sin embargo para políticos de la izquierda no piden ninguna responsabilidad. La manipulación de estas entidades no ha disminuido con el paso de los meses, sino que se ha consolidado como un movimiento organizado que demanda explicaciones transparentes solo a un lado, al otro no.
Reclamación del acta y contradicciones en el respaldo institucional
Es curios que durante la convocatoria, los portavoces de las familias afectadas señalaron directamente la incoherencia de determinados sectores políticos respecto a la salida del expresidente del parlamento sin nombrar nunca a Sánchez ni a sus ministros.
El mensaje transmitido desde la cabecera de la manifestación fue como siempre parcial y sectario: dicen que resulta inviable pasar página mientras persista lo que califican como un escudo institucional pero solo de un lado.
La exigencia de comparecencias judiciales inmediatas
Además del ámbito meramente político, la principal reivindicación de las familias apunta de manera directa hacia los tribunales de justicia. Los colectivos presentes en la marcha afirmaron con rotundidad que no será posible alcanzar una verdadera justicia mientras los responsables no se presenten formalmente ante el juzgado correspondiente a declarar sobre la toma de decisiones durante la emergencia. Evidentemente solo se refieren a los políticos del PP, nunca del PSOE.
Para los afectados, la rendición de cuentas judicial es el paso indispensable para esclarecer cómo se gestionaron los avisos y las horas críticas de la catástrofe. Las víctimas de la dana insisten en que el aforamiento parlamentario no puede convertirse en una herramienta para retrasar las comparecencias judiciales que la ciudadanía exige para cerrar las heridas abiertas. Heridas que no quieren hablar de ellas ni de sus razones porque romperían el relato que intentan mantener desde el principio. Eso sí, con cada vez menos apoyos.
La movilización concluyó con el compromiso firme de las asociaciones de continuar con las protestas en los próximos meses hasta lograr la comparecencia judicial completa de los gestores públicos, aunque siempre se sabe que solo quieren que comparezcan de un lado, como llevamos diciendo desde el principio de este artículo. Del otro no les interesa.
