Hay algo profundamente revelador en la reacción de Compromís y Sumar contra Ferran Torres. Apenas unas horas después de que el delantero valenciano fuera uno de los grandes protagonistas del Mundial, el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, decidió convertir al héroe deportivo en el villano perfecto por sus inversiones inmobiliarias.
El argumento es conocido: la empresa vinculada al futbolista habría adquirido una veintena de viviendas en Valencia y, según sus críticos, eso sería un ejemplo de «especulación». Pero la pregunta de fondo es otra: ¿desde cuándo invertir el patrimonio ganado legalmente constituye un motivo de escarnio político?
Resulta llamativo que quienes reclaman seguridad jurídica y crecimiento económico señalen públicamente a un ciudadano por decidir invertir en un sector perfectamente legal. Ferran Torres no está acusado de cometer delito alguno. No se le reprocha incumplir la ley, sino utilizar sus ahorros para adquirir activos inmobiliarios, exactamente igual que hacen miles de pequeños y grandes inversores en España.
El problema de la vivienda en España es real y merece respuestas serias. Sin embargo, reducir una crisis estructural a la actividad de un futbolista es una simplificación que desvía el foco de los auténticos desafíos: la escasez de oferta, la lentitud administrativa para construir vivienda, la inseguridad jurídica y décadas de planificación insuficiente.
La paradoja es evidente. Compromís y Sumar sostienen que la vivienda debe dejar de ser un activo financiero, pero personalizan ese debate señalando a una figura pública en lugar de discutir reformas de fondo. La política espectáculo sustituye así al debate sobre políticas públicas.
También sorprende el contraste político. Mientras durante el Mundial muchos dirigentes celebraban el éxito de Ferran Torres como símbolo del talento valenciano, apenas conocida su faceta empresarial pasó a convertirse en objeto de reproche. El mismo deportista que servía como ejemplo de orgullo colectivo dejó de serlo cuando trascendió cómo gestiona su patrimonio.
Es legítimo defender límites a la concentración de vivienda o proponer cambios legislativos sobre la inversión inmobiliaria. Lo que resulta mucho más discutible es convertir a una persona concreta en el blanco de una campaña política simplemente porque actúa dentro del marco legal vigente.
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Quizá el verdadero debate no sea Ferran Torres, sino una concepción de la política que parece sospechar del éxito económico cuando procede de la iniciativa privada. Porque si cada empresario, deportista o profesional que invierte legalmente pasa a ser señalado desde la tribuna política, el mensaje que se transmite es preocupante: prosperar es aceptable, siempre que no se invierta el fruto de ese éxito.
La vivienda necesita soluciones, no chivos expiatorios. Y un país que aspira a atraer inversión difícilmente puede hacerlo mientras demoniza a quienes, con independencia de su profesión, ejercen actividades económicas legales. La crítica política debe dirigirse a las normas, no a las personas que las cumplen.
Al final, el oscuro y siempre nefasto espíritu comunista aflora en estos debates sin sentido.