- Antifraude desmonta las acusaciones de Compromís al eximir al ayuntamiento y descartar la pérdida de fondos europeos
- Catalá acusa a Compromís de sobredimensionar el asunto para obtener beneficio político sacando
La política municipal valenciana vuelve a girar alrededor de un nombre propio: José Marí Olano. Y alrededor de una ofensiva política impulsada por Compromís que ha encontrado en el informe de la Agencia Valenciana Antifraude un filón para erosionar al gobierno de María José Catalá.
La secuencia comenzó cuando Compromís hizo público un informe provisional de Antifraude sobre varios contratos municipales adjudicados desde el Ayuntamiento de València. Según la coalición valencianista, el documento advertía de posibles conflictos de interés en la actuación de Marí Olano, concejal con competencias en grandes proyectos y contratación. La oposición denunció que el edil habría participado en mesas de contratación pese a mantener relaciones profesionales previas con empresas licitadoras, algo que, de confirmarse, podría comprometer contratos por valor de 255 millones de euros, incluidos 21 millones de fondos europeos Next Generation.
El caso escaló rápidamente porque el informe definitivo de Antifraude, conocido esta semana, mantuvo parte sustancial de las objeciones. La agencia considera que existieron “vicios” e irregularidades en la gestión de los conflictos de interés y pide evaluar posibles responsabilidades legales. También reprocha a Olano no haber detallado correctamente sus vínculos profesionales y haber firmado declaraciones de ausencia de conflicto de interés incompatibles con servicios prestados a empresas implicadas en concursos públicos.
Compromís ha convertido esas conclusiones en un ataque político frontal. La portavoz municipal, Papi Robles, sostiene que el concejal “ocultó información” y puso en riesgo inversiones estratégicas para la ciudad. El PSPV se ha sumado a la presión exigiendo responsabilidades políticas y jurídicas. La oposición intenta proyectar la idea de un gobierno municipal rodeado por prácticas opacas y conflictos de interés, en un contexto donde también sobrevuelan otras investigaciones sobre presunto “enchufismo” en organismos públicos municipales.
Pero el gobierno local del PP trata de convertir el mismo informe en una victoria defensiva. El equipo de Catalá insiste en que Antifraude exime al Ayuntamiento de responsabilidad institucional porque desconocía las actividades privadas del edil. Además, subraya que el informe no concluye que las adjudicaciones fueran alteradas ni que exista riesgo real de perder fondos europeos. La alcaldesa acusa a Compromís de exagerar políticamente el caso e incluso de haber cruzado líneas legales al filtrar un documento provisional reservado.
En el centro de la tormenta, Marí Olano ha alegado ante Antifraude que en algunos concursos “no se percató” de que debía abstenerse. Una explicación que la oposición considera insostenible dada su condición de abogado y responsable político de contratación.
Todo esto sucede además en un momento especialmente sensible para Compromís. La coalición vive un proceso interno de reconfiguración con el posible regreso de Mónica Oltra a la primera línea política y como eventual candidata a la alcaldía de València en 2027. En ese contexto, endurecer el perfil opositor frente al PP de Catalá forma parte también de una estrategia para recuperar centralidad política y movilizar a su electorado tradicional.
La batalla, por tanto, ya no es solo jurídica o administrativa. Es una pugna por el relato: para Compromís, el “caso Olano” simboliza una forma de gestionar marcada por las incompatibilidades y la opacidad; para el PP, es una campaña sobredimensionada de la oposición basada en irregularidades formales sin consecuencias reales sobre los contratos públicos. Y en el Ayuntamiento de València, donde la mayoría de Catalá depende de equilibrios delicados con Vox, cada informe y cada comparecencia se han convertido ya en munición preelectoral.