PSOE y PRyA retiraron los recursos una semana después de la moción de censura que les llevó al poder en plena Dana
El denominado caso Forestalia ha generado una importante polémica en el sector de las energías renovables en la Comunitat Valenciana, centrada especialmente en el municipio de Requena. La Agencia Valenciana Antifraude ha iniciado una investigación y se ha personado en el Ayuntamiento para recabar información sobre las licencias municipales concedidas para la construcción de dos macroparques fotovoltaicos. Aunque tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana han autorizado estos proyectos, las pesquisas se enfocan en la actuación del consistorio, especialmente en la gestión de los permisos locales.
La investigación se produce tras varias denuncias anónimas y en un contexto político marcado por cambios recientes en el gobierno municipal. El actual alcalde, el socialista Mario Sánchez, confirmó la existencia de expedientes abiertos, aunque evitó ofrecer detalles alegando el carácter confidencial del proceso. No obstante, se ha constatado que al menos uno de estos expedientes sigue activo.
Los proyectos en cuestión son de gran envergadura. Por un lado, Limonero Solar, iniciado en 2022, cuenta con una potencia de 125 megavatios y depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Por otro, un segundo proyecto impulsado en 2023 se divide en seis plantas menores —Requena I a VI—, cuya autorización corresponde a la Generalitat. Ambos desarrollos han sido criticados por colectivos ecologistas debido a su ubicación en la Reserva de la Biosfera de las Hoces del Cabriel, una zona de alto valor ambiental.
Inicialmente, el Ayuntamiento de Requena se mostró contrario a conceder las licencias de construcción y presentó recursos de alzada para frenar los proyectos. Sin embargo, esta postura cambió tras una moción de censura en noviembre de 2024 que devolvió la alcaldía a Sánchez con el apoyo del partido local Por Requena y Aldeas (PRyA). Poco después, el nuevo gobierno municipal decidió retirar dichos recursos sin que, según fuentes de la investigación, se hubieran corregido las deficiencias previamente señaladas.
Este giro político ha suscitado críticas por parte del Partido Popular, que considera que la retirada de los recursos fue una concesión a PRyA a cambio de su apoyo en la moción. Tras esta decisión, el Ayuntamiento otorgó las licencias necesarias para la construcción de las plantas fotovoltaicas, lo que ha intensificado la controversia.
Paralelamente, la asociación Utiel-Requena Sostenible ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto Limonero Solar, que ha sido admitido a trámite por un juzgado. Este macroparque ocuparía unas 200 hectáreas —una superficie equivalente al núcleo urbano de Requena— e incluiría alrededor de 200.000 paneles solares. La organización alerta del impacto negativo sobre terrenos agrícolas y espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Además, la asociación denuncia que no se ha evaluado adecuadamente el impacto hidrológico del proyecto, especialmente tras la dana que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024. Señalan que parte de la instalación se ubica en una cuenca con antecedentes de desbordamientos, lo que podría agravar riesgos para viviendas e infraestructuras cercanas.
Por su parte, el alcalde defiende la legalidad de todas las actuaciones municipales y asegura que su equipo cumple con la normativa vigente. También critica el uso de denuncias anónimas, que, según afirma, presentan información parcial. Aun así, la falta de transparencia derivada del carácter reservado de la investigación ha generado tensiones políticas, especialmente con la oposición, que reclama mayor claridad sobre los expedientes abiertos y archivados.
En conjunto, el caso refleja un conflicto complejo entre el impulso de las energías renovables, la protección del medio ambiente, los intereses locales y la gestión política, todo ello ahora bajo el escrutinio de la Agencia Valenciana Antifraude.