- José Plaza denunció por escrito el episodio después de que el asesor municipal Manuel Joaquín López irrumpiera en el despacho popular para recriminarle unas críticas al equipo de Gobierno.
- El alcalde, Antonio Pérez, pidió disculpas, pero ha rechazado destituir a su colaborador.
La tensión política ha saltado de las redes sociales al Ayuntamiento de Rojales. «Ahora vamos a ir a por vosotros». Estas son las palabras que, según la denuncia presentada por el concejal del PP José Plaza, le dirigió Manuel Joaquín López, asesor del alcalde socialista, Antonio Pérez, durante un enfrentamiento en las dependencias municipales.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre, cuando Plaza mantenía una conversación con el concejal socialista Jesús Martínez en el despacho del Grupo Municipal Popular. Según el relato trasladado por el edil popular al alcalde, el asesor irrumpió en la estancia visiblemente alterado, elevando la voz y recriminándole una publicación del PP en redes sociales en la que se pedían explicaciones al equipo de Gobierno.
La discusión fue subiendo de tono hasta que, siempre según la versión de Plaza, López se acercó a él, invadió su espacio personal, le señaló y pronunció la frase que ha desencadenado la polémica.
El concejal popular consideró aquellas palabras una amenaza dirigida tanto contra él como contra el conjunto de su grupo municipal. Ante la situación, le pidió al asesor que abandonara el despacho. La respuesta que atribuye a López tampoco contribuyó a rebajar la tensión: «Me iré si me da la gana». Finalmente, el asesor salió de la estancia.
Reprochar las críticas a la oposición, ¿la nueva forma de hacer política?
El origen del enfrentamiento resulta especialmente significativo. La discusión se produjo después de que el Partido Popular cuestionara públicamente unas actuaciones realizadas en el Cabezo del Molino, un espacio de interés histórico y natural, y reclamara explicaciones al Gobierno municipal.
En lugar de responder a las críticas mediante argumentos, explicaciones o información sobre las actuaciones cuestionadas, el episodio denunciado terminó trasladándose al despacho de la oposición y desembocando en un enfrentamiento personal.
La oposición tiene entre sus funciones fiscalizar la gestión del Gobierno municipal. Puede equivocarse en sus críticas, puede exagerar y puede recibir respuestas contundentes. Lo que no debería ocurrir es que sus representantes tengan que afrontar intimidaciones por ejercer esa labor.
Si las palabras denunciadas se produjeron en los términos expuestos por José Plaza, estaríamos ante un comportamiento difícilmente compatible con el respeto institucional que debe exigirse a cualquier persona que desempeñe un cargo de confianza en una Administración pública.
La discrepancia política no puede convertirse en una excusa para amedrentar al adversario.
El PP exige el cese del asesor y el alcalde se niega
Tras el incidente, José Plaza trasladó lo sucedido por escrito al alcalde el 9 de noviembre. Posteriormente, el presidente local del PP, Alberto Ros, reclamó también formalmente la destitución inmediata de Manuel Joaquín López.
Los populares consideran que la conducta denunciada es incompatible con las responsabilidades de un asesor municipal cuyo puesto depende directamente del equipo de Gobierno y cuyo sueldo se financia con dinero público.
El alcalde, Antonio Pérez, pidió disculpas a Plaza en nombre de la corporación por lo sucedido. Sin embargo, ha descartado cesar al asesor, una decisión que mantiene abierto el enfrentamiento político.
En declaraciones a La Crónica Independiente, el primer edil sostuvo que ya se habían pedido disculpas y que había adoptado medidas para evitar que se repitieran situaciones similares. También consideró que la polémica se estaba «sobredimensionando».
La responsabilidad de quienes representan al Ayuntamiento
Más allá del enfrentamiento entre PSOE y PP, el episodio plantea una cuestión que afecta al funcionamiento democrático de cualquier corporación municipal: el respeto a los representantes de la oposición.
Un asesor de Alcaldía no está por encima de los concejales que fiscalizan la gestión del Gobierno local. Tampoco puede pretender que las críticas políticas desaparezcan porque resulten molestas para quienes ocupan el poder.
Quienes trabajan en una institución pública deben contribuir a preservar su funcionamiento y la convivencia entre representantes políticos. Y eso exige algo tan básico como respetar al adversario, incluso cuando sus planteamientos incomodan.
El alcalde ha optado por mantener a su asesor pese a la exigencia de destitución del PP. Ahora deberá explicar qué medidas concretas ha adoptado para garantizar que un episodio como el denunciado no vuelva a repetirse en el Ayuntamiento de Rojales.
Porque las diferencias políticas se resuelven con argumentos, explicaciones y transparencia. Nunca con amenazas.











