El Ayuntamiento de Valencia , encabezado por la alcaldesa María José Catalá, ha descartado de forma oficial promover la exigencia de responsabilidades patrimoniales contra el concejal José Marí Olano. La decisión llega tras el expediente remitido por la Agencia Valenciana Antifraude, organismo que detectó diversas irregularidades en expedientes de contratación donde concurrían mercantiles vinculadas a la actividad profesional del edil como abogado. Para conocer más detalles sobre la gestión municipal, puedes consultar la sección de Actualidad .
El equipo de gobierno municipal asume íntegramente los argumentos de descargo presentados por el responsable de Grandes Proyectos y Contratación. En sus alegaciones, el concejal atribuyó las inexactitudes de sus declaraciones de ausencia de conflicto de intereses a fallos puntuales o negligencias de carácter leve, descartando cualquier tipo de intencionalidad dolosa o quebranto económico para las arcas públicas de la capital del Turia.
Criterios jurídicos del consistorio sobre la responsabilidad patrimonial
El acuerdo formalizado por la Junta de Gobierno Local sostiene que una declaración formal incorrecta no constituye base suficiente para activar reclamaciones económicas contra un miembro de la corporación. Fundamentándose en la Ley de Bases del Régimen Local, los informes técnicos señalan que sería imprescindible demostrar la concurrencia de dolo o culpa grave, además de un daño cuantificable y directo derivado de la conducta investigada.
El informe jurídico incorporado al expediente municipal especifica que no consta ningún perjuicio real y efectivo generado a terceros ni a las finanzas municipales. De igual manera, se subraya que no se ha producido indemnización consistorial alguna que habilite al consistorio a ejercer una acción de regreso contra el concejal, dejando a salvo las resoluciones que pudieran adoptar otras instancias judiciales o administrativas competentes sobre este asunto, según recoge la información difundida por El Confidencial .
El papel de Antifraude y los expedientes de contratación pública
La investigación llevada a cabo por la agencia autonómica que encabeza Eduardo Beut examinó las declaraciones y las pautas de abstención seguidas por Marí Olano en diferentes mesas de contratación. El edil compatibiliza sus funciones públicas, asignadas con un régimen de dedicación del 75%, con el ejercicio libre de la abogacía en su despacho privado, una dualidad profesional que originó las pesquisas de la entidad fiscalizadora.
En el curso de esas indagaciones se dio la circunstancia de que el propio director del ente de control, Eduardo Beut, tuvo que abstenerse en el procedimiento por motivos de incompatibilidad formal. Paralelamente, el concejal estuvo presente en la junta del 3 de julio donde se aprobaron ampliaciones de plazas de empleo público, entre ellas una convocatoria de letrados a la que concurren dos de sus hijos, asunto justificado por el ejecutivo local al tratarse de un punto extraordinario cuyo contenido exacto no conocía previamente el edil.
Con este posicionamiento, el Ayuntamiento de Valencia da por cerrada la vía de la exigencia interna de responsabilidades legales hacia su concejal, manteniendo el criterio de que los errores detectados no alcanzan la gravedad jurídica exigida por la normativa local vigente.
