La caja de resistencia de los docentes valencianos es una de ellas. Una herramienta creada para sostener económicamente a quienes secundan una huelga educativa que llegó a movilizar a miles de profesores y que acumuló, según las informaciones publicadas por Tele 8 Mediterráneo, más de 280.000 euros. Una iniciativa legítima dentro de la tradición sindical, sí, pero cuya reciente vinculación con una estructura financiera catalana resulta, cuando menos, llamativa.
Desde julio, siempre según publica Tele 8 Mediterráneo, la gestión de las aportaciones se canaliza a través de la Fundación Coop57, vinculada a la cooperativa de servicios financieros Coop57, con sede en Barcelona. La propia Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià ha explicado que la elección responde también a razones «ideológicas y de coherencia».
Y es precisamente esa palabra —ideología— la que invita a mirar un poco más allá.
Porque la polémica no aparece en el vacío. Durante las movilizaciones educativas valencianas se han podido ver esteladas junto a las pancartas reivindicativas de parte del movimiento docente, una simbología inequívocamente vinculada al independentismo catalán. No sería razonable convertir la presencia de una bandera en una acusación colectiva contra todos los docentes que participan en una huelga. Pero tampoco resulta descabellado preguntarse por qué determinados sectores del movimiento educativo valenciano parecen compartir espacios, símbolos y ahora incluso estructuras organizativas con ámbitos del soberanismo catalán.
Coop57 y sus lazos con el independentismo catalán
La pregunta y la sospecha es legítima: ¿estamos únicamente ante una reivindicación laboral valenciana o existe también una dimensión política e ideológica que trasciende las condiciones de trabajo de los docentes?
La elección de Coop57 añade combustible a esa pregunta y a esa sospecha. La entidad nació en el entorno de movimientos sociales catalanes y mantiene una actividad financiera vinculada a proyectos de economía social y a organizaciones de marcado carácter político y social. Entre las entidades que han aparecido relacionadas con su actividad se encuentran organizaciones próximas al independentismo catalán.
Conviene, sin embargo, distinguir entre una relación institucional y una acusación de financiación directa. Que Coop57 haya trabajado con determinadas entidades independentistas no demuestra que el dinero de la caja de resistencia de los profesores valencianos esté financiando a esas organizaciones. Tampoco significa que todos los docentes en huelga compartan posiciones independentistas.
Pero negar que la conexión resulte políticamente significativa sería ingenuo.
Más aún cuando la propia Coordinadora justifica la elección de esta fórmula por motivos ideológicos. Si la razón fuera exclusivamente técnica, económica o administrativa, probablemente bastaría con explicar las ventajas financieras. Cuando se introduce expresamente la palabra «ideología», el debate deja de ser puramente contable.
La dimensión política de las reivindicaciones docentes
Y ahí aparece el STEPV.
El sindicato tiene todo el derecho a defender mejoras salariales, reducción de ratios, más recursos para los centros y mejores condiciones laborales. También tiene derecho a respaldar las movilizaciones y a participar en ellas. Lo que resulta legítimo exigirle es transparencia cuando una protesta laboral adquiere una dimensión política evidente.
Porque una cosa es que un profesor valenciano reclame mejores condiciones de trabajo y otra que, en el marco de esa movilización, aparezcan símbolos independentistas, se establezcan vínculos con organizaciones y estructuras radicadas en Cataluña y se recurra a una entidad cuya trayectoria está estrechamente ligada al tejido asociativo y político del independentismo catalán.
¿Es casualidad? ¿Es simplemente una cuestión de eficiencia financiera? ¿O existe una comunidad ideológica más profunda entre determinados sectores del movimiento docente valenciano y el soberanismo catalán?
Son preguntas, no sentencias. Y precisamente por eso deberían responderse con transparencia.
La educación valenciana tiene problemas suficientemente importantes como para que sus reivindicaciones no necesiten envolverse en ambigüedades políticas. Las familias tienen derecho a saber qué hay detrás de las movilizaciones que afectan al funcionamiento de los centros. Los docentes tienen derecho a organizarse y hacer huelga. Y quienes administran una caja de resistencia que recibe aportaciones de ciudadanos y trabajadores deberían explicar con absoluta claridad dónde está el dinero, quién lo gestiona, bajo qué criterios se reparte y qué relaciones mantiene la estructura elegida.
Porque cuando una caja de resistencia de profesores valencianos termina bajo el paraguas de una entidad catalana, cuando la propia organización habla de razones ideológicas para justificarlo y cuando en las movilizaciones aparecen símbolos inequívocamente independentistas, la sospecha política no nace de la nada.
La respuesta no debería ser acusar de “anticatalanismo” a quien formula estas preguntas.
Debería ser mucho más sencilla: enseñar las cuentas, explicar las conexiones y demostrar que detrás de la caja de resistencia hay exactamente lo que se dice que hay.
Una herramienta para ayudar a docentes en huelga.
Nada más.
Y, si realmente es así, nada debería impedir que quede perfectamente demostrado y que digan (si se atreven) a decir alto y claro:
“LOS PROFESORES NO SOMOS PARTIDARIOS DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN”
Entonces nos creeríamos sus revindicaciones y se les tomaría en serio.
