La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dado un paso decisivo en el conocido como ‘caso Azud’ al dictar auto de procedimiento abreviado contra 38 personas. La decisión implica que estos investigados se acercan al juicio oral por presunta corrupción en diversos contratos públicos y operaciones urbanísticas que afectan al Ayuntamiento de Valencia y otras localidades de la Comunidad Valenciana.
Entre los encausados figuran nombres destacados de la política local, como los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso G.A. y Jorge B.C., y el que fuera exportavoz socialista y exsubdelegado del Gobierno en la provincia, Rafael R.M. La lista se extiende a varios empresarios, funcionarios, abogados, una exalcaldesa de Xixona y familiares de la exalcaldesa Rita Barberá.
Indicios de comisiones ilícitas y dádivas a cargos públicos
La investigación, que se inició en 2016 a raíz de una denuncia de Hacienda contra el despacho de abogados de José María C.N., cuñado de Rita Barberá, ha revelado un entramado complejo. El auto judicial, de más de 300 páginas, detalla que casi el 80% de los ingresos de dicho despacho provenían de pagos por comisiones ilícitas de grupos empresariales, a cambio de adjudicaciones o decisiones favorables del Ayuntamiento de Valencia y sus entes públicos.
La resolución judicial desglosa diversas tramas de irregularidades, incluyendo el cobro de comisiones y la recepción de dádivas por cargos públicos. Estas prácticas se habrían dado a cambio de adjudicaciones en actuaciones urbanísticas en Valencia y otras poblaciones, así como en contratos de servicios como la limpieza, saneamiento de aguas o ayuda a domicilio. Se mencionan pagos para campañas electorales del PSOE en 2007 y del PP en Xixona.
Empresas implicadas y próximos pasos del proceso
Según la jueza, en estas tramas intervinieron importantes grupos empresariales. Acciona, por ejemplo, habría resultado adjudicataria en 2006 del contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de Valencia a través de una UTE. Otro conglomerado, el Grupo Axis, vinculado a José María F.R., participó en operaciones urbanísticas en la ciudad desde 2007 y en la contratación de un servicio de ayuda a domicilio.
La magistrada considera que existen indicios delictivos, como el pago de comisiones ilícitas al despacho de José María C.N., al primer teniente de alcalde Alfonso G.A., al portavoz socialista Rafael R.M. y al abogado José Luis V.Ll. El auto también señala operaciones urbanísticas en Burjassot, Benicàssim y La Vila Joiosa. La jueza ha denegado solicitudes de sobreseimiento y ha otorgado un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
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