- La reversión se inició en 2017 pero se desarrolló con retraso
- También es cierto que tras tres años del nuevo Consell, los avances han sido escasos
La reversión de las ITV valencianas es un caso bastante interesante porque hay una parte política —la decisión de pasar de la gestión concesionada a la pública— y otra parte de ejecución administrativa, que fue donde se produjo buena parte del desastre.
La decisión se tomó bajo el Gobierno del Botànic, presidido por Ximo Puig (PSPV-PSOE) y del que Compromís formaba parte, con la Conselleria de Economía Sostenible en manos de Compromís. La decisión política fue, por tanto, del conjunto del Consell, aunque Compromís tuvo un papel muy relevante.
- El origen: decidir la reversión
En 2017 el Consell decidió que, cuando terminaran las concesiones, las ITV pasarían a ser gestionadas directamente por la Generalitat. Los contratos vencían a finales de 2022.
La idea no era jurídicamente absurda ni, por sí misma, ilegal. De hecho, los contratos contemplaban que al finalizar la concesión el servicio revirtiera a la Administración. El problema estuvo en cómo se preparó y ejecutó la operación.
Y aquí aparece un dato especialmente significativo: la propia Generalitat encargó en 2020 a NUVE Consulting un estudio sobre la reversión. El informe analizaba personal, instalaciones, inversiones, costes y diferentes modelos de gestión. El Tribunal Supremo ha recogido que aquel informe concluyó que prorrogar diez años la concesión era la opción económicamente más desfavorable.
Es decir, la decisión de revertir no fue simplemente improvisada de la nada: había un estudio técnico que la respaldaba.
- El auténtico problema: seis años para prepararla… y llegar tarde
Aquí es donde la crítica al Botànic resulta mucho más contundente.
Entre la decisión de 2017 y la finalización efectiva de las concesiones a finales de 2022 transcurrieron más de cinco años. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha de la reversión, la Administración todavía tenía importantes cuestiones sin resolver.
Una sentencia del TSJ valenciano recoge precisamente que, pese a que la decisión de retornar a la gestión directa se había tomado en 2017, durante años no se adoptaron las medidas necesarias para materializarla.
Y en enero de 2023, cuando ya estaba encima el cambio, la patronal de las concesionarias denunciaba que la reversión llevaba entre 12 y 14 meses de retraso respecto del calendario previsto y que la Generalitat no estaba preparada para asumir el servicio.
Ese es probablemente el punto más difícil de defender políticamente: si sabes desde 2017 que vas a asumir un servicio que afecta a cientos de miles de vehículos, tienes años para preparar personal, sistemas informáticos, instalaciones, procedimientos, contratación y organización.
Y, sin embargo, buena parte de esas cosas llegaron tarde.
- El problema del personal
Este fue uno de los grandes cuellos de botella.
Con la reversión, los trabajadores pasaron al nuevo esquema público y se creó la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (SITVAL).
El problema es que no bastaba con «coger las ITV y ponerles un logo de la Generalitat». Había que construir una empresa pública capaz de funcionar desde el primer día.
Y eso implicaba una cuestión especialmente delicada: la plantilla.
En 2024, ya bajo el siguiente Gobierno, la falta de personal seguía siendo una de las principales causas del colapso. Un análisis publicado entonces señalaba que 13 de las 27 instalaciones no tenían turnos disponibles y otras seis no daban cita hasta finales de junio; el problema estaba relacionado, entre otras cosas, con vacantes derivadas de la integración de trabajadores temporales y con la dificultad de disponer de bolsas de sustitución.
Por tanto, aquí sí hay una consecuencia directa de una mala planificación de la transición.
- El segundo gran problema: las instalaciones
La reversión tampoco consistía únicamente en asumir a los trabajadores.
Había estaciones que pertenecían a los concesionarios, otras que eran de la Generalitat y otras cuya situación patrimonial era mucho más compleja. El propio decreto de creación de SITVAL tuvo que regular cómo se adscribían las instalaciones que revertían a la Administración.
Un ejemplo bastante ilustrativo es Ribarroja de Túria.
En 2024, el nuevo Consell tuvo que resolver mediante un alquiler la continuidad de la estación porque la alternativa de Torrent todavía no estaba lista. La solución implicó mantener la instalación durante cinco años y afectaba a más de un centenar de trabajadores.
Esto es importante porque muestra que la reversión no llegó acompañada de una red perfectamente preparada para sustituir a la anterior.
- Y entonces llegaron las colas
El resultado que sufrió el ciudadano fue muy sencillo de entender:
menos capacidad operativa + problemas de personal + problemas informáticos + problemas de organización = dificultad para conseguir cita.
En 2023 ya hubo municipios que denunciaron la imposibilidad de conseguir cita. En Calp, por ejemplo, el Ayuntamiento llegó a manifestar formalmente su malestar por los retrasos y por la dificultad de reservar inspecciones.
Y durante 2024 el problema se agravó hasta el punto de que muchos conductores terminaron buscando ITV en comunidades autónomas limítrofes.
Incluso apareció un efecto colateral bastante surrealista: páginas fraudulentas que cobraban por conseguir citas, aprovechándose de la desesperación de los usuarios ante la escasez de turnos.
- ¿Y qué tiene que ver todo esto con Compromís?
Aquí yo separaría tres niveles de responsabilidad.
Responsabilidad política:
El Botànic decidió cambiar el modelo. Compromís formaba parte esencial de aquel Gobierno y la conselleria competente estuvo bajo su responsabilidad. Por tanto, es perfectamente legítimo exigirle responsabilidad política por la planificación y ejecución de la reversión.
Responsabilidad de gestión:
Aquí la crítica es todavía más concreta: no parece razonable disponer de varios años para preparar una operación de esta magnitud y llegar a diciembre de 2022 con cuestiones esenciales todavía sin resolver. Los propios expedientes y resoluciones judiciales permiten reconstruir esa falta de preparación.
Responsabilidad por los problemas posteriores:
Aquí hay que ser más cuidadoso. Desde julio de 2023 gobierna otro Consell. Por tanto, todo lo que haya ocurrido después no puede cargarse automáticamente al Botànic. El nuevo Gobierno heredó una SITVAL que ya estaba funcionando mal, pero también ha tenido años para corregirla y tiene su propia responsabilidad sobre los problemas que haya mantenido o agravado.
Esto último es importante para que el análisis no se convierta en propaganda partidista.
- Hay además una batalla judicial muy interesante
La reversión generó recursos de las antiguas concesionarias. Y aquí la cuestión no era simplemente «¿puede la Generalitat recuperar el servicio?», sino también si cumplió correctamente las exigencias económicas y presupuestarias al cambiar el modelo de gestión.
En marzo de 2026 el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre una de estas controversias en la que analiza precisamente la obligación de valorar las repercusiones del cambio de gestión sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
En otra sentencia de 2026, el Supremo recoge el informe de NUVE y considera que la Generalitat había cumplido en ese caso con la exigencia de realizar un análisis previo.
Esto es relevante porque no se puede decir rigurosamente que los tribunales hayan declarado ilegal toda la reversión. La historia jurídica es bastante más matizada. Lo cual da a entender que la gestión del Botánic, del que formaba parte Compromís, ha sido “legal pero desastrosa”, algo que no es contradictorio, aunque si perjudicial para los usuarios de vehículos.
Por lo tanto, que Compromís critique una situación creada en parte por ellos mismos forma parte del cinismo y manipulación con la que suelen tratar los temas sensibles para la ciudadanía.
