La reconstrucción del barranco del Poyo tras la devastadora riada de octubre de 2024 ha abierto un nuevo frente político y mediático. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, adjudicó más de 5,5 millones de euros a la constructora Puentes y Calzadas Infraestructuras para ejecutar obras de emergencia en Paiporta y Picanya. La empresa, sin embargo, arrastra una compleja red de conexiones empresariales y políticas que ha situado el foco sobre el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El contrato tenía como objetivo reconstruir varias pasarelas destruidas por la fuerza del agua en el barranco del Poyo, uno de los epicentros de la catástrofe. La adjudicación se tramitó por la vía de urgencia y partía de un presupuesto inicial de 6,52 millones de euros, aunque finalmente se cerró por algo más de 5,5 millones con IVA incluido.
La controversia estalló cuando trascendió que Puentes y Calzadas Infraestructuras forma parte desde 2020 del gigante estatal chino China Communications Construction Company, conocido como CCCC, uno de los mayores conglomerados de infraestructuras vinculados al aparato económico del Gobierno chino. La adquisición se realizó a través de su filial China Road and Bridge Corporation, permitiendo al grupo asiático consolidar una plataforma operativa en Europa y acceder a concursos públicos españoles.
Las sospechas políticas aumentaron por la aparición en distintas investigaciones judiciales del empresario Julio Martínez Martínez y de la consultora Análisis Relevante, señalada por la Audiencia Nacional como una presunta estructura utilizada para canalizar pagos y servicios de intermediación vinculados al entorno de Zapatero. Según publicó El País, el juez José Luis Calama investiga una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con empresas chinas y venezolanas que habrían utilizado contactos políticos para facilitar operaciones empresariales y adjudicaciones.
Aunque la obra del barranco del Poyo no forma parte formalmente de esa investigación judicial, el contrato ha reavivado el debate sobre la creciente penetración de capital estatal chino en sectores estratégicos españoles y sobre las relaciones entre determinadas constructoras y figuras próximas al socialismo español.
La reacción política no tardó en llegar. El líder de VOX, Santiago Abascal, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de entregar la reconstrucción “a una empresa de capital estatal chino vinculada a Zapatero”, calificando la situación como “la mafia de Sánchez”. Sus declaraciones elevaron aún más la tensión alrededor de una adjudicación que, inicialmente, pretendía responder con rapidez a la emergencia provocada por la DANA.
Mientras tanto, los trabajos siguen adelante en una de las zonas más golpeadas por las inundaciones, donde vecinos y ayuntamientos esperan que las obras permitan recuperar cuanto antes unas infraestructuras básicas arrasadas por el temporal. Sin embargo, la dimensión política del contrato amenaza con eclipsar una reconstrucción que, desde el principio, nació marcada por la urgencia y la polémica.
