- Los socialistas llegan a la Fiscalía después de semanas anunciando una ofensiva judicial contra el president, pero su denuncia se centra finalmente en dos adjudicaciones de la etapa de Finestrat.
- El PP denuncia una estrategia de desgaste y acusa a Diana Morant y a su equipo de buscar titulares donde deberían aportar una alternativa política
La oposición política no puede confundirse con una carrera por acumular titulares judiciales. Y eso es precisamente lo que vuelve a situar al PSPV en el centro de la controversia tras su decisión de denunciar ante la Fiscalía al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Los socialistas han optado por trasladar su ofensiva al terreno judicial, una decisión legítima dentro del Estado de derecho, pero que también abre interrogantes sobre el alcance de su estrategia y la utilización política de las acusaciones antes de que exista pronunciamiento alguno del Ministerio Público.
El movimiento no ha pasado inadvertido en Les Corts. El Partido Popular ha respondido con contundencia y ha situado la iniciativa socialista en el terreno de la confrontación política. Su portavoz parlamentario, Fernando Pastor, ha acusado al PSPV de instrumentalizar la justicia y de recurrir a una denuncia para intentar conseguir fuera del hemiciclo la repercusión que, a su juicio, no obtiene en el debate parlamentario.
La crítica de Pastor apunta directamente a la estrategia de Diana Morant y de su equipo. Para los populares, el PSPV vuelve a demostrar que prefiere convertir cada controversia en un episodio de confrontación antes que concentrar sus esfuerzos en construir una alternativa política para la Comunitat Valenciana.
Una denuncia con mucho ruido político y un recorrido todavía por determinar
La denuncia socialista, presentada el 10 de noviembre ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, pone el foco en dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Finestrat en 2018 y 2023 al despacho Estudi General Advocats i Assessor, vinculado al exdiputado popular David Serra, condenado en el caso Gürtel.
El PSPV considera que existen posibles irregularidades que merecen ser investigadas y señala presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y cohecho. Entre las cuestiones que plantea figuran la exclusión de una oferta más económica, las condiciones de solvencia del despacho y los medios profesionales comprometidos para prestar los servicios.
Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas por la Fiscalía y que, en ningún caso, pueden presentarse como delitos acreditados. Esa distinción resulta fundamental en un asunto que ya ha saltado al primer plano de la confrontación política valenciana.
Pero hay otro elemento que merece atención: después de semanas anunciando una ofensiva sobre el dosier que circulaba en ámbitos del Partido Popular, los socialistas han terminado centrando su denuncia en dos adjudicaciones concretas. Una circunstancia que permite preguntarse por el alcance real de la operación política y por qué el PSPV ha elegido precisamente este momento para intensificar su ofensiva contra el president.
Fernando Pastor responde y acusa al PSPV de judicializar la política
Fernando Pastor ha sido especialmente contundente al valorar la actuación socialista. El portavoz popular considera que el PSPV pretende convertir los tribunales en una prolongación de su actividad parlamentaria y sostiene que la denuncia responde a una estrategia de desgaste contra Pérez Llorca.
Desde el PP recuerdan, además, que los contratos cuestionados fueron sometidos a procedimientos de concurrencia pública y que las mesas de contratación estaban integradas por técnicos, no por responsables políticos. Una explicación que forma parte de la defensa de los populares y que deberá contrastarse con la documentación de los expedientes.
Pastor ha insistido en que la oposición tiene a su disposición todos los instrumentos parlamentarios para fiscalizar la acción del Consell, pero que esa labor no debería confundirse con una campaña de acusaciones cuyo desenlace judicial todavía está por determinar.
El PSPV, entre la fiscalización y la confrontación permanente
La actuación de los socialistas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: cuál debe ser el papel de una oposición que aspira a convertirse en alternativa de gobierno. Denunciar posibles irregularidades es una obligación cuando existen indicios que merecen ser investigados. Sin embargo, convertir cada paso judicial en un acontecimiento político exige también responsabilidad, rigor y prudencia a la hora de comunicar las acusaciones.
El PSPV tiene derecho a pedir explicaciones y a acudir a la Fiscalía. Lo que no puede dar por descontado es que una denuncia equivalga a una condena ni que su presentación resuelva por sí sola el debate político sobre la gestión del actual Consell.
En el otro lado, el PP ha encontrado en esta iniciativa un nuevo motivo para cuestionar la estrategia de la oposición y denunciar lo que considera una campaña de desgaste. La respuesta de Fernando Pastor deja claro que los populares no piensan permanecer al margen de una confrontación que amenaza con marcar buena parte de la agenda política valenciana.
Ahora corresponde a la Fiscalía examinar los hechos, determinar si existen elementos suficientes para dar nuevos pasos y esclarecer las cuestiones planteadas. Mientras tanto, la política valenciana vuelve a quedar atrapada en un cruce de acusaciones en el que los ciudadanos tienen derecho a exigir algo más que declaraciones, reproches y titulares: explicaciones documentadas, transparencia y responsabilidades cuando procedan.
