Cae una trama de explotación laboral en obras de Valencia con más de ochenta víctimas

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PorRedacción

noviembre 15, 2026

Una investigación policial desarrollada en la capital valenciana ha desmantelado una red empresarial acusada de vulnerar de manera sistemática la legislación laboral y de extranjería. La Policía Nacional ha arrestado a los dos responsables de una mercantil de la construcción y a la pareja de uno de ellos por lucrarse presuntamente mediante la contratación clandestina de migrantes sin permiso de residencia.

Las pesquisas confirman que la trama llegó a suministrar mano de obra a diversas compañías contratistas mediante identidades falseadas, una operativa de explotación laboral en Valencia que afectó al menos a 83 operarios en diferentes obras de edificación.

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Cesión de documentación legal para burlar los controles en el tajo

El mecanismo ideado por los dueños de la compañía consistía en transferir los datos personales de asalariados debidamente inscritos en la Seguridad Social a personas que carecían de permisos para trabajar en España. De este modo, los contratistas principales daban por válida la presencia de los operarios en los tajos al figurar formalmente dados de alta bajo el nombre de terceros.

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Los perjudicados afrontaban jornadas sin cobertura formal, cobrando retribuciones en dinero negro muy por debajo del marco legal y sin acceso a las prestaciones laborales vigentes. Las pesquisas revelaron que percibían remuneraciones de 6,50 euros por hora trabajada en condiciones de extrema precariedad.

Denuncia en Abastos e inspecciones sobre el terreno

El caso se abrió en agosto del año pasado a raíz del testimonio prestado en la Comisaría de Distrito de Abastos por uno de los afectados, lo que activó la intervención de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.

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El cruce de datos con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social permitió documentar que el entramado actuaba con esta operativa fija desde al menos enero de 2024. Los agentes contactaron con numerosos empleados, muchos de los cuales evitaron declarar formalmente por temor a sufrir despidos o represalias inmediatas, mientras las autoridades mantienen las pesquisas abiertas sin descartar nuevos arrestos.

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