- Dos años después de la tragedia, sigue siendo imprescindible aclarar cómo se contabilizaron las víctimas que perdieron la vida en carreteras inundadas, barrancos desbordados y vías que se convirtieron en trampas mortales. Las estadísticas generales no bastan: hacen falta explicaciones y datos desglosados
El 29 de octubre de 2024, la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana dejó una tragedia humana de dimensiones extraordinarias. Detrás de las cifras hay familias destrozadas, decisiones que deben examinarse y responsabilidades que corresponde esclarecer a la Justicia. Sin embargo, cuando se aproxima el segundo aniversario de aquella jornada, hay una pregunta que merece mucha más atención pública: ¿qué ocurrió con las personas que murieron en las carreteras durante la inundación y cómo se contabilizaron sus fallecimientos?
La atención informativa se ha concentrado, con razón, en la investigación judicial, en la gestión de las alertas y en las decisiones adoptadas antes y durante la emergencia. Pero hay otra cuestión que no debería quedar relegada: la situación de quienes quedaron atrapados en sus vehículos, fueron arrastrados por las riadas o encontraron la muerte en infraestructuras viarias que quedaron anegadas.
¿Qué sucedió con las personas que circulaban por la A-3? ¿Qué ocurrió con quienes quedaron atrapados en la Pista de Silla? ¿Se investigó individualmente cada uno de esos fallecimientos para determinar qué circunstancias contribuyeron a que se produjeran? Y, sobre todo, ¿existe una relación pública, clara y verificable que permita conocer cómo se clasificaron esas muertes?
Son preguntas legítimas. Y merecen respuestas concretas.
Las cifras de octubre que invitan a preguntar
Al consultar las estadísticas mensuales de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), encontramos estos datos oficiales de fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas durante las primeras 24 horas:
- Octubre de 2023: 98 fallecidos.
- Octubre de 2024: 88 fallecidos.
- Octubre de 2025: 83 fallecidos.
Las cifras proceden de los balances mensuales de la DGT (octubre de 2023, octubre de 2024 y octubre de 2025).
La primera impresión puede resultar desconcertante: octubre de 2024 terminó con menos fallecidos en carretera que octubre de 2023, pese a que el día 29 se produjo una catástrofe que causó centenares de muertes.
Pero conviene detenerse antes de extraer conclusiones. Estas cifras no demuestran que se hayan ocultado fallecidos ni que las víctimas de la DANA se hayan excluido deliberadamente de las estadísticas. Los balances mensuales de la DGT contabilizan las víctimas de siniestros de tráfico en vías interurbanas, mientras que el balance de la DANA incluye fallecimientos provocados por una catástrofe natural, ocurridos en circunstancias diversas, tanto dentro como fuera de las carreteras.
No son, por tanto, dos estadísticas directamente intercambiables. Y precisamente por eso necesitamos que las administraciones expliquen cómo se relacionan.
¿Dónde están las víctimas que perdieron la vida en las carreteras?
La cuestión no consiste únicamente en comparar tres cifras mensuales. Consiste en conocer qué sucedió con cada fallecimiento y qué criterios se utilizaron para clasificarlo.
Una persona que muere en su vehículo tras quedar atrapada por una inundación puede aparecer en las estadísticas de víctimas de la DANA sin que su muerte figure necesariamente en el balance mensual de siniestralidad vial. La clasificación depende de la metodología estadística y de las circunstancias registradas. Para saber qué ocurrió en cada caso es necesario consultar los datos individualizados y los criterios aplicados.
Esto no demuestra que exista una maniobra para ocultar responsabilidades. Pero tampoco justifica que la ciudadanía tenga que conformarse con cifras agregadas que no permiten resolver sus dudas.
Si una carretera quedó inundada, si un vehículo fue arrastrado por el agua o si una persona falleció mientras intentaba abandonar una vía anegada, hay preguntas que deben investigarse: ¿qué información estaba disponible?, ¿qué avisos se habían emitido?, ¿qué decisiones se tomaron?, ¿quién tenía competencias para actuar? y ¿pudo una advertencia a tiempo haber evitado esa muerte?
Cada caso requiere su propia investigación. No todas las víctimas fallecieron en las mismas circunstancias ni todas las carreteras dependen de la misma administración.
La responsabilidad no termina en el lugar del accidente
Una carretera no se convierte automáticamente en responsabilidad exclusiva de una administración por el mero hecho de que ocurra allí una tragedia. Hay que distinguir entre la titularidad de la vía, las competencias de conservación, la gestión de la emergencia, la información meteorológica, la emisión y difusión de alertas y las decisiones concretas que pudieron influir en el resultado.
En el caso de la DANA, la actuación de distintas administraciones debe examinarse a partir de sus competencias y de los hechos acreditados. Eso incluye analizar qué información recibió cada organismo, cuándo la recibió, qué capacidad de actuación tenía y qué medidas adoptó.
Si hubo avisos insuficientes, decisiones tardías o fallos en la coordinación que contribuyeron a que personas quedaran expuestas a un peligro mortal, esos hechos deben esclarecerse. Y si se acredita una responsabilidad, debe exigirse conforme a la ley.
Pero atribuir de antemano todas las muertes en carretera a una única administración, o dar por probado que se clasificaron de determinada manera para eludir responsabilidades políticas o judiciales, sería ir más allá de lo que permiten demostrar las cifras disponibles.
La crítica más sólida no necesita anticipar una sentencia: exige que se publiquen los datos y se expliquen las decisiones.
Transparencia para la víctimas y sus familias
El Gobierno publicó actualizaciones sobre el balance de víctimas de la DANA. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2024, La Moncloa informó de 230 víctimas mortales confirmadas, aunque ocho de las autopsias practicadas correspondían a fallecimientos por causas no relacionadas con la DANA (actualización oficial). Estas cifras muestran, además, que es importante distinguir entre el número total de fallecimientos registrados durante la emergencia y el de aquellos atribuidos a ella.
Sin embargo, para responder a las dudas sobre las carreteras no basta con conocer el balance global. Sería necesario disponer de información desglosada que permitiera identificar, respetando la privacidad de las víctimas, cuántas personas fallecieron en vehículos o en el entorno de las vías, cuáles fueron las circunstancias de esos fallecimientos y cómo se registraron estadísticamente.
También sería conveniente conocer cuántos de esos casos han sido objeto de diligencias específicas y qué conclusiones se han alcanzado, sin interferir en las investigaciones judiciales en curso.
No se trata de alimentar sospechas, sino de reducir el espacio para ellas mediante información verificable.
La pregunta que las administraciones deben responder
La comparación entre los 98 fallecidos de octubre de 2023, los 88 de octubre de 2024 y los 83 de octubre de 2025 no demuestra por sí sola una manipulación estadística. Pero sí pone de manifiesto la necesidad de explicar con claridad qué mide cada registro y cómo se contabilizan las víctimas de una catástrofe como la del 29-O.
Por eso, las preguntas que deberían plantearse públicamente son concretas:
¿Cuántas personas fallecieron durante la DANA en carreteras, autovías y otras infraestructuras viarias?
¿Cuántas de esas muertes se incluyeron en las estadísticas de siniestralidad vial de la DGT y cuántas se contabilizaron únicamente en el balance de víctimas de la DANA?
¿Qué criterios oficiales se aplicaron para decidir esa clasificación?
¿Qué administración tenía competencias en cada vía afectada y qué información recibió antes de que se produjeran los fallecimientos?
¿Qué investigaciones se han realizado para determinar si la falta de avisos, las decisiones adoptadas o los problemas de coordinación contribuyeron a alguna de esas muertes?
Son preguntas que pueden responderse con documentación, estadísticas desglosadas e investigaciones contrastables. No deberían convertirse en una disputa partidista ni quedar sepultadas bajo el ruido político.
Recordar también es exigir respuestas
Dos años después, las víctimas de la DANA merecen algo más que balances globales y declaraciones institucionales. Merecen que se reconstruya lo sucedido, que se identifiquen los fallos que puedan acreditarse y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Quienes murieron en sus casas, en sus vehículos o en carreteras inundadas no pueden convertirse en categorías estadísticas que nadie se molesta en explicar. Cada fallecimiento merece una investigación rigurosa, y cada familia tiene derecho a que se esclarezcan las circunstancias de la pérdida.
No podemos afirmar, basándonos únicamente en las cifras mensuales de la DGT, que se ocultaron muertos en carretera o que se modificaron estadísticas para proteger al Gobierno de Pedro Sánchez o a cualquier otra administración. Para sostener una acusación así harían falta pruebas.
Pero tampoco es aceptable que una duda razonable quede sin respuesta por resultar políticamente incómoda.
La pregunta no es solo cuántas personas murieron durante la DANA del 29-O. La pregunta es cuántas perdieron la vida en las carreteras, en qué circunstancias, qué advertencias recibieron y si alguna de esas muertes pudo evitarse.
Hasta que esas cuestiones no se respondan con datos claros y documentación pública, seguirá existiendo una legítima exigencia de transparencia.
Porque recordar a las víctimas no consiste únicamente en repetir una cifra. Consiste en averiguar qué pasó, por qué pasó y qué debe cambiar para que una tragedia así no vuelva a repetirse.
Y parece ser que ha casi nadie le interesa responder a estas preguntas.
