La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha alzado la voz este lunes para exigir al Gobierno de España un modelo de financiación dependencia Valencia que garantice la sostenibilidad del sistema. Albalat ha sido contundente: la atención a la dependencia no puede depender de anuncios puntuales ni incrementos coyunturales, sino de un marco previsible y ajustado a las necesidades reales de nuestra Comunitat.
Esta demanda se ha producido durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, justo después de que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley con medidas extraordinarias para el sistema de autonomía y atención a la dependencia. Sin embargo, para la consellera, este decreto no es una verdadera reforma, sino una aportación de recursos que, aunque prevista para 2026, carece de planificación a medio y largo plazo, generando una profunda incertidumbre.
La deuda histórica y el agravio comparativo
La Generalitat ha mostrado su rechazo a la fórmula empleada por el Gobierno central, basada en una modificación presupuestaria. Albalat ha insistido en que una reforma de esta magnitud debe plasmarse en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Además, ha recordado que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había justificado la falta de fondos por la ausencia de presupuestos actualizados, algo que ahora, con presupuestos prorrogados, parece no ser un impedimento para anunciar aumentos.
La consellera ha subrayado que la situación actual es insostenible para la Comunitat Valenciana. El Gobierno central acumula una deuda histórica superior a los 4.000 millones de euros con nuestro sistema de dependencia, aportando solo el 20% del coste, mientras la Generalitat asume el 80%. Esta infrafinanciación genera un agravio comparativo, ya que otras comunidades reciben una financiación real al 50%. La Generalitat ha remitido varias cartas solicitando una reunión urgente para abordar esta “situación extrema” y garantizar la atención a más de 190.000 personas dependientes y sus familias.
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Rechazo a decisiones coyunturales y oportunismo político
Albalat ha expresado su rechazo a lo que considera “decisiones coyunturales que responden más al oportunismo político que a una planificación rigurosa del sistema”. La Generalitat exige un modelo de financiación en igualdad de condiciones que garantice los mismos derechos para todos los territorios de España, sin tratos diferenciados que beneficien a comunidades específicas. Esta presión financiera constante sobre la Generalitat no puede continuar, y es fundamental que el Gobierno cumpla con su responsabilidad para asegurar la continuidad y estabilidad del sistema valenciano de dependencia.
