La Generalitat Valenciana ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que busca modificar los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre. Desde el Consell, se advierte que esta alteración no solo genera una grave inseguridad jurídica, sino que también amenaza el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico de nuestro litoral.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha sido claro al señalar que el Gobierno pretende cambiar un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único temporal excepcional. Esta decisión, según Mus, es «desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público».
Un cambio de criterio que genera incertidumbre
La Generalitat insiste en que no se puede alterar un elemento tan esencial de la Ley de Costas «por la puerta de atrás». Martínez Mus ha criticado que basar el deslinde en un episodio aislado, por muy extraordinario que sea, no tiene sentido y crea una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones. La Comunidad Valenciana, con uno de los litorales más extensos y estratégicos de España, donde la actividad turística y económica es vital, necesita criterios estables y predecibles.
El Consell ya presentó alegaciones al Ministerio, solicitando mantener el criterio actual: el límite del dominio público marítimo-terrestre debe fijarse por el punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos, siempre que estos se hayan producido de forma reiterada. Rechazan que un solo evento sea suficiente para modificar el deslinde, comparando la situación con la DANA de octubre de 2024. Si todo el terreno inundado pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico, nadie lo entendería. El mismo principio debe aplicarse a la Actualidad costera.
Riesgos para la planificación y la propiedad en Valencia
Aceptar esta modificación, según la Generalitat, convertiría un fenómeno excepcional en una regla general, provocando un efecto expansivo del dominio público que carece de proporcionalidad, estabilidad y rigor técnico. Además, el Consell cuestiona la ambigüedad de los sistemas de medición propuestos en el decreto, que permiten utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico sin indicadores técnicos objetivos y verificables, aumentando la discrecionalidad administrativa.
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La Generalitat subraya que un cambio de tal magnitud no puede introducirse mediante un simple reglamento. Requeriría un debate parlamentario y una modificación de la legislación estatal de costas, dada la enorme repercusión que tendría sobre la propiedad, la planificación urbanística, la actividad económica y la seguridad jurídica de miles de valencianos. Si el Ministerio no rectifica, la Generalitat defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana en todas las instancias, incluida la vía judicial.