La posible imputación de Sandra Gómez ha dado un paso determinante hacia Madrid tras la decisión de los tribunales valencianos. El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza Número 19, Alberto Jarabo, ha remitido una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que decida si abre procedimiento formal contra la dirigente socialista. El asunto central gira en torno a las presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de una piscina impulsada por el Ayuntamiento de Alboraya.
La remisión al alto tribunal responde de manera directa a la condición procesal de la política valenciana. Gómez ostenta en este momento un escaño en el Parlamento Europeo, un cargo que le otorga la condición de aforada y sitúa su responsabilidad judicial fuera del ámbito de los juzgados ordinarios de la capital del Turia. Por este motivo, el magistrado instructor carece de competencias para formalizar la imputación y debe trasladar sus indicios al órgano competente en Madrid.
El aforamiento comunitario traslada el expediente al alto tribunal
El mecanismo de la exposición razonada se utiliza cuando un instructor considera que existen indicios suficientes de delito contra una persona aforada. En este escenario, el juez Jarabo remite las actuaciones recopiladas en la sección valenciana para que el Supremo examine los hechos y, en su caso, designe a un magistrado instructor específico. Si los magistrados del alto tribunal aprecian base jurídica, deberán solicitar el suplicatorio a la Eurocámara para levantar la inmunidad parlamentaria de la exvicealcaldesa de Valencia.
Este movimiento procesal dentro de la sección de Actualidad jurídica marca un punto de inflexión en las pesquisas locales. Al concentrarse la causa en Madrid, el calendario procesal dependerá del filtro previo de la Sala de Admisiones, que evaluará la solidez de los argumentos enviados desde la plaza judicial valenciana antes de adoptar cualquier medida formal.
El proyecto de las instalaciones deportivas de Alboraya bajo lupa
La investigación que desemboca en la solicitud de imputación de Sandra Gómez se centra en la tramitación administrativa y la ejecución material del recinto deportivo impulsado por el consistorio de l’Horta Nord. Los juzgados tratan de esclarecer si las decisiones adoptadas en el seno de la administración municipal se ajustaron a la legalidad urbanística y administrativa vigente, o si pudieron incurrir en infracciones penales durante el desarrollo de la obra.
La actuación del consistorio de Alboraya con este complejo deportivo municipal ha permanecido bajo examen técnico y pericial. Con la remisión de la causa, será ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo y los magistrados de la sala penal quienes determinen si procede incoar diligencias previas formales o si, por el contrario, los hechos descritos no alcanzan relevancia penal para la representante europea, tal y como recoge la información difundida por Okdiario sobre el caso.
