La investigación sobre la jueza de la dana ha sumado un episodio de enorme repercusión en la Actualidad jurídica valenciana tras confirmarse la comparecencia continuada de un familiar directo en trámites procesales reservados. El cónyuge de la magistrada instructora reconoció formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial que estuvo presente durante las declaraciones de varios afectados por la catástrofe, justificando su intromisión en el severo desgaste emocional que sufría su esposa al frente de la causa.
Las comparecencias de los perjudicados constituyen uno de los pilares probatorios más delicados dentro de la instrucción penal. Sin embargo, la presencia de una persona completamente ajena a la oficina judicial en interrogatorios cerrados vulnera las garantías ordinarias del procedimiento, un hecho que motivó protestas formales y escritos de queja ante los órganos disciplinarios correspondientes.
La justificación personal frente a la reserva de las diligencias
El testimonio ofrecido ante el órgano regulador de los jueces desvela que el acompañamiento dentro de la sala no respondió a ningún cometido profesional o técnico. Según expuso el propio marido de la instructora, su decisión de permanecer junto a ella durante las tomas de declaración obedeció exclusivamente a la necesidad de prestarle apoyo anímico directo ante la dureza de los relatos escuchados en sede judicial.
La instrucción de una catástrofe con pérdidas humanas implica una carga de trabajo extrema y una evidente presión psicológica sobre cualquier tribunal. No obstante, las partes personadas recalcaron la improcedencia de tolerar testigos o acompañantes pasivos en diligencias donde solo deben intervenir jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales, acusaciones y defensas personadas legalmente.
El archivo disciplinario sustentado en una grabación invalidada
Pese a la admisión expresa de estos hechos, el Consejo General del Poder Judicial resolvió desestimar y archivar las quejas presentadas contra la jueza de la dana . La determinación del órgano fiscalizador no se fundamentó en avalar la idoneidad de la conducta, sino en cuestiones estrictamente probatorias y procesales relativas al origen de las denuncias formuladas.
El CGPJ argumentó que la prueba audiovisual aportada para sustentar la acusación de injerencia era ilícita. Al considerar ilegal la grabación donde se constataba la permanencia del cónyuge en la sala de vistas, la institución consideró que no existía cauce válido para imponer sanciones disciplinarias. Para profundizar en los antecedentes del procedimiento, se puede consultar la información original difundida por el diario El Mundo .
