- La pregunta sigue en el aire: ¿Por qué la jueza no investiga al entorno del Gobierno por la tardanza en enviar ayuda a pesar de las declaraciones de los policía sobre la ausencia de órdenes precisas?
- Sigue sin demostrarse que el envío del aviso hubiera evitado víctimas
Cuando se cumple justo año y medio, la investigación judicial sobre la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 —con un balance «oficial» de 230 fallecidos, recordemos que los fallecidos en las carreteras que son responsabilidad del Estado no cuentan por razones extrañas— entra en una fase decisiva marcada por movimientos clave de la jueza instructora y un creciente pulso con distintas instancias judiciales y actores políticos.
En los últimos días, la titular la jueza de Catarroja ha vuelto a situar en el centro de la causa al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón con una obsesión casi enfermiza. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado que no existen indicios suficientes para investigarlo penalmente, la magistrada insiste en su relevancia como testigo y ha dado un paso más: le ha requerido que entregue voluntariamente el registro de llamadas, mensajes y comunicaciones mantenidas durante la jornada crítica.
Este requerimiento no es menor. La jueza busca reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas clave de la emergencia, en las que, según diversas declaraciones, las decisiones —o su ausencia— pudieron resultar determinantes. De hecho, una testigo relevante aseguró recientemente que la Generalitat disponía de información suficiente para activar la alerta masiva a la población hasta tres horas antes de que finalmente se enviara, cuando ya se habían producido numerosas víctimas.
Sin embargo, la declaración de Mazón sigue en el aire. La magistrada ha optado por aplazar su citación hasta que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva sobre su intento de personarse en la causa, una maniobra jurídica que podría alterar su posición procesal. Esta decisión refleja la complejidad del procedimiento, donde cada paso está condicionado por recursos cruzados y decisiones de instancias superiores.
La actuación de la jueza también ha generado controversia fuera del propio procedimiento. La Audiencia de Valencia ha rechazado recientemente un intento de recusación promovido contra ella, al considerar que no existían motivos para apartarla del caso, reforzando así su continuidad al frente de una instrucción que se prolonga ya más de un año.
En paralelo, la investigación mantiene como principal imputada a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sobre quien recaen las sospechas por la gestión de la emergencia y el envío tardío de la alerta. La instrucción sigue centrada en esclarecer si existió negligencia en la toma de decisiones y en la coordinación del dispositivo de emergencias.
Todo ello ocurre en un contexto de creciente presión social y política. Año y medio después de la tragedia, las víctimas y parte de la sociedad valenciana siguen reclamando respuestas claras sobre lo ocurrido en aquellas horas críticas, mientras persisten dudas sobre la cadena de mando, los tiempos de reacción y la eficacia de los sistemas de alerta.
Además, la propia jueza ha advertido recientemente de posibles retrasos en la causa debido a la falta de medios, lo que amenaza con dilatar aún más un proceso ya complejo y con decenas de testigos pendientes de declarar.
Así, la instrucción avanza entre nuevas diligencias, obstáculos procesales y una pregunta de fondo que sigue sin respuesta definitiva: si la tragedia pudo evitarse o, al menos, mitigarse. Mientras tanto, la jueza continúa estrechando el cerco sobre las horas decisivas de aquel 29 de octubre, en busca de una verdad judicial que todavía se resiste a cerrarse.
Todo esto mientras que en las declaraciones ante la jueza que investiga la DANA, los testimonios de responsables operativos y cuerpos de emergencia —incluidos mandos policiales y de intervención— apuntan en una misma dirección: hubo retrasos y falta de claridad en las órdenes para actuar, especialmente en los momentos más críticos.
Varios responsables de emergencias han dejado claro que la movilización no fue ágil ni coordinada. Por ejemplo, el jefe de bomberos declaró que fue “ajeno” a la movilización de efectivos en el barranco del Poyo, el punto más crítico, y que ni siquiera supo de decisiones clave hasta después, incluso por la prensa
En esa misma línea, los testimonios reflejan que las decisiones operativas no llegaban de forma clara a los equipos sobre el terreno, lo que implica que policías y otros servicios actuaban con incertidumbre o sin órdenes precisas.
También se ha evidenciado que la estructura de mando no funcionó de forma eficaz, ya que la coordinación dependía del Cecopi (centro de emergencias), cuya activación fue tardía. La propia investigación judicial apunta que esa demora en la organización y en las decisiones impidió actuar con antelación suficiente
Sensación trasladada por los operativos
Aunque no todos los testimonios son idénticos, el mensaje común que se desprende es:
Falta de órdenes claras en tiempo real
Retrasos en la activación y despliegue
Descoordinación entre mandos y equipos
Sorprende que estas declaraciones no provoquen una investigación por parte de la jueza que dirima posibles responsabilidades en el entorno del Gobierno de Sánchez, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
