El Tribunal Constitucional ha confirmado la suspensión de un artículo clave de la ley de costa valenciana que contemplaba la creación de los llamados “núcleos etnológicos” antideslindes en el litoral. Esta decisión del Pleno del TC paraliza una iniciativa que buscaba establecer figuras de protección específicas, pero que, según el tribunal, podría invadir las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre.
La controversia surge en un momento delicado para la costa valenciana, marcada por el avance del mar debido a los temporales y la tramitación de nuevos deslindes. La medida autonómica chocaba frontalmente con la legislación estatal, generando un conflicto de competencias que ahora se resuelve provisionalmente en favor de la administración central. Esta suspensión afecta directamente a la planificación y gestión de nuestro litoral, donde la presión urbanística y los fenómenos naturales exigen una coordinación clara entre administraciones.
El choque de competencias sobre el litoral
La figura de los “núcleos etnológicos” pretendía ser una herramienta para blindar ciertas zonas costeras de los deslindes, ofreciendo una protección específica basada en valores históricos o culturales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado que esta propuesta autonómica excedía el marco competencial de la Generalitat, al incidir directamente sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre, una competencia reservada al Estado. La legislación de costas es un asunto complejo, donde la delimitación de responsabilidades es crucial para evitar inseguridad jurídica y garantizar una protección efectiva de nuestro valioso litoral.
Para los valencianos, esta decisión implica que, por el momento, la regulación de estas áreas seguirá bajo el paraguas de la ley de costas estatal, sin la particularidad que la Actualidad autonómica intentaba introducir. La situación subraya la necesidad de un diálogo y un consenso más amplio entre las administraciones para abordar los desafíos que presenta nuestra costa, desde la erosión hasta la conservación del patrimonio.
Impacto en la gestión del dominio público marítimo-terrestre
La suspensión de este artículo tiene consecuencias directas en cómo se gestionará el dominio público marítimo-terrestre en la Comunidad Valenciana. Sin la figura de los “núcleos etnológicos”, la aplicación de la Ley de Costas estatal prevalece, lo que significa que los futuros deslindes y la protección de la franja costera se regirán por los criterios y procedimientos ya establecidos a nivel nacional.
Esto podría influir en la protección de construcciones o asentamientos históricos que se encuentran en primera línea de costa, cuya permanencia podría verse comprometida sin una normativa autonómica específica que los amparase.
La decisión del TC refuerza la primacía del Estado en la ordenación del litoral, un aspecto vital dada la fragilidad de nuestro ecosistema costero. La erosión y el cambio climático son amenazas constantes que requieren una respuesta coordinada y jurídicamente sólida. Los ayuntamientos y ciudadanos afectados por los deslindes seguirán buscando soluciones dentro del marco legal vigente, mientras la Generalitat Valenciana deberá reevaluar cómo puede ejercer sus competencias en materia de ordenación del territorio y protección del patrimonio sin invadir las atribuciones estatales.
