Ley del suelo valenciana que aliviaría el problema de la vivienda bloqueada por culpa de Compromís

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PorRedacción

noviembre 15, 2026
  • La diputada Paula Espinosa mantiene paralizado un trámite imprescindible para avanzar en la nueva Ley del Suelo valenciana.
  • La coalición de Joan Baldoví cuestiona la reforma por considerarla favorable a los intereses urbanísticos, pero su estrategia parlamentaria abre una pregunta incómoda: ¿por qué impedir que una ley se debata y se enmiende cuando el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los valencianos?

La política tiene a veces contradicciones difíciles de explicar. Y la tramitación de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana está dejando una de ellas sobre la mesa de Les Corts.

Compromís lleva tiempo haciendo del derecho a la vivienda una de sus principales banderas políticas. Denuncia los precios de los alquileres, reclama más vivienda pública, critica la especulación inmobiliaria y exige a las administraciones soluciones para miles de ciudadanos que no pueden emanciparse o que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo.

Sin embargo, cuando llega el momento de tramitar una reforma legislativa que pretende modificar las reglas urbanísticas y facilitar el desarrollo de suelo, la formación valencianista se encuentra en el centro de una controversia parlamentaria por la actuación de una de sus diputadas.

La protagonista es Paula Espinosa, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts. Según la información publicada por OKDIARIO el 13 de noviembre, la parlamentaria no había firmado el documento necesario para ordenar las enmiendas parciales de la Ley del Suelo, un trámite imprescindible para continuar el procedimiento.

La presidenta de la comisión, la popular María Gómez, llegó a remitirle un requerimiento oficial para que procediera a la firma. Según esa misma información, Espinosa había sido requerida verbalmente y mediante WhatsApp, sin que hasta entonces hubiera firmado ni comunicado por escrito los motivos que lo impedían.

No estamos, por tanto, ante una discrepancia política más ni ante un voto contrario a una iniciativa del Gobierno valenciano. Estamos ante una controversia sobre el funcionamiento de un procedimiento parlamentario y sobre la responsabilidad de quien ocupa un puesto en la mesa de una comisión.

Y eso merece una explicación.

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El derecho a oponerse no debería confundirse con el derecho a impedir que se debata

Que Compromís esté en contra de la Ley del Suelo es perfectamente legítimo. Que presente enmiendas, que critique su contenido, que denuncie los riesgos que considere que contiene y que intente conseguir que no salga adelante forma parte de las reglas democráticas.

De hecho, la coalición ha presentado una enmienda a la totalidad y numerosas enmiendas parciales. Sus representantes sostienen que la reforma favorece los intereses de los promotores inmobiliarios y puede debilitar determinadas garantías territoriales y ambientales.

También han denunciado las prisas del PP para aprobarla, especialmente después de que PP y Vox situaran un debate parlamentario el 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general a la que Compromís había anunciado que acudiría.

Son argumentos que deben poder discutirse y examinarse.

Pero hay una diferencia sustancial entre combatir una ley mediante los instrumentos parlamentarios y mantener sin resolver un trámite administrativo necesario para que continúe su discusión.

La pregunta es sencilla: si Compromís considera que el proyecto es tan perjudicial para los valencianos, ¿por qué no permitir que avance hasta la comisión y defender allí sus argumentos y sus enmiendas?

Una oposición tiene derecho a votar en contra. Tiene derecho a denunciar, fiscalizar y exigir modificaciones. Lo que resulta difícil de justificar ante la ciudadanía es que una controversia sobre el calendario parlamentario termine convirtiéndose en un obstáculo para que las posiciones de todos los grupos puedan debatirse.

La firma de una secretaria de comisión no puede convertirse en un instrumento de confrontación partidista..

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Una ley que pretende modificar las reglas del urbanismo valenciano
Conviene recordar qué está en juego.

El Consell aprobó el proyecto de Ley del Suelo el 25 de septiembre de 2026 y lo remitió a Les Corts. La iniciativa pretende establecer un nuevo marco regulador para la ordenación territorial y urbanística de la Comunitat Valenciana.

Entre sus principales medidas figuran la simplificación de determinados procedimientos administrativos, la creación de instrumentos de planeamiento más sencillos para municipios pequeños, la regulación de las licencias y declaraciones responsables y nuevas herramientas para impulsar desarrollos residenciales.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la reserva de al menos el 50 % de la edificabilidad residencial en los nuevos instrumentos públicos de vivienda para vivienda protegida.

Es decir, la iniciativa no se limita a plantear una mayor disponibilidad de suelo. También incorpora una reserva destinada a facilitar la construcción de vivienda protegida.

La filosofía del Gobierno valenciano es que sin suelo disponible, sin planificación y sin procedimientos administrativos razonables resulta mucho más difícil aumentar la oferta de viviendas.

Puede discutirse si las medidas son suficientes, si están bien diseñadas o si necesitan mayores garantías. Pero lo que no parece razonable es presentar cualquier modificación urbanística como una amenaza automática al derecho a la vivienda.

La disponibilidad de suelo no garantiza por sí sola viviendas asequibles. Tampoco las construye automáticamente. Hacen falta inversión, infraestructuras, financiación, planificación y mecanismos que aseguren que una parte de la oferta llegue efectivamente a quienes más dificultades tienen.

Pero ignorar la relación entre suelo, urbanismo y construcción tampoco contribuye a resolver el problema.

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La vivienda no puede seguir siendo una pancarta electoral

En la Comunitat Valenciana hay jóvenes que no pueden independizarse, familias que encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda y trabajadores que comprueban cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos termina destinada al alquiler.

Es un problema demasiado serio para convertirlo permanentemente en una batalla de eslóganes.

Los ciudadanos no necesitan que los partidos compitan por ver quién pronuncia más veces las palabras vivienda digna, emergencia habitacional o especulación inmobiliaria.

Necesitan resultados.

Y los resultados exigen que las administraciones dejen de utilizar cada iniciativa como una oportunidad para desgastar al adversario.

Compromís tiene todo el derecho a considerar que el proyecto del PP es equivocado. Incluso puede tener razón en algunas de sus advertencias. Pero entonces debe explicar qué alternativa legislativa concreta propone, cómo piensa incrementar la disponibilidad de viviendas y qué mecanismos plantea para acelerar la construcción de vivienda pública y protegida.

No basta con oponerse. Tampoco basta con señalar los problemas.

Hay que presentar soluciones y permitir que se discutan.

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Las prisas del PP también deben someterse a examen

La crítica a Compromís no exime al Gobierno valenciano de sus propias responsabilidades.

El PP quiere acelerar la tramitación de la ley y ha expresado su intención de aprobarla antes de Navidad. La oposición considera que ese calendario es excesivamente rápido y ha advertido de riesgos relacionados con la protección territorial, la seguridad jurídica y el modelo urbanístico.

No son cuestiones menores.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 16 de septiembre de 2026 concluyó que el anteproyecto era conforme con el ordenamiento jurídico siempre que se atendieran numerosas observaciones esenciales. Por tanto, el contenido de la reforma también requiere un examen parlamentario serio y riguroso.

La vivienda no puede servir de excusa para aprobar cualquier norma sin garantías. Pero tampoco puede utilizarse la defensa del territorio como argumento para bloquear indefinidamente cualquier reforma.

La responsabilidad es de todos los grupos parlamentarios.

El Gobierno debe explicar y defender su proyecto. La oposición debe fiscalizarlo y presentar alternativas. Y quienes desempeñan funciones en las mesas de las comisiones deben contribuir a que los procedimientos se desarrollen conforme al reglamento.

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Paula Espinosa tiene que explicar su actuación

En este episodio hay una cuestión que no debería quedar en segundo plano: la responsabilidad individual de la diputada Paula Espinosa.

Si considera que no debe firmar el documento, debería explicar públicamente cuáles son las razones jurídicas o reglamentarias que sustentan su decisión.

Si considera que el calendario impuesto por PP y Vox vulnera los derechos de la oposición, debería concretar qué disposiciones reglamentarias se han incumplido y utilizar los mecanismos parlamentarios correspondientes.

Y si entiende que la documentación no estaba suficientemente revisada, debería explicar qué comprobaciones necesita realizar y en qué plazo.

La transparencia es especialmente importante cuando una actuación individual tiene consecuencias sobre la actividad de toda una institución.

Los representantes públicos no pueden exigir explicaciones permanentes a sus adversarios y considerar que sus propias decisiones están exentas de rendición de cuentas.

La política exige coherencia, y la coherencia comienza por explicar las propias actuaciones.

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Menos bloqueo y más soluciones

La Comunidad Valenciana necesita más vivienda, mejores mecanismos de protección para quienes no pueden acceder al mercado y una planificación urbanística que combine desarrollo, seguridad jurídica y respeto ambiental.

La nueva Ley del Suelo puede ser una herramienta para avanzar en esa dirección, aunque su eficacia dependerá de su contenido definitivo, de su aplicación y de las políticas complementarias que la acompañen.

Lo que difícilmente ayudará a una familia que busca vivienda es que los partidos conviertan cada trámite parlamentario en un nuevo episodio de enfrentamiento.

Compromís puede votar contra la ley. Puede intentar modificarla de arriba abajo. Puede defender un modelo urbanístico distinto y exigir todas las garantías que considere necesarias.

Pero debe explicar por qué la actuación de su representante en la mesa de la comisión ha terminado impidiendo, al menos temporalmente, que avance el debate de una norma que afecta a una cuestión tan importante para miles de valencianos.

Porque hay una diferencia entre defender el derecho a la vivienda y utilizar el problema de la vivienda como argumento permanente de confrontación política.

La ciudadanía no necesita más bloqueos, más reproches ni más discursos sobre lo mal que lo hacen los demás. Necesita que sus representantes se sienten, debatan, negocien y aprueben medidas que permitan construir más viviendas, proteger a quienes las necesitan y garantizar un urbanismo responsable.

Y eso es precisamente lo que debería estar ocurriendo en Les Corts.

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