La plaza del Ayuntamiento de València afronta los preparativos del día grande de la Comunitat Valenciana inmersa en un conflicto entre el derecho a la protesta y las exigencias de seguridad. Las tiendas de campaña instaladas desde el pasado sábado por el derecho a la vivienda ocupan parte del recinto donde este viernes está prevista la tradicional mascletà del 9 d’Octubre, lo que ha generado preocupación en el sector pirotécnico.
Las asociaciones profesionales AEPIRO, PIROVAL, ACFAE y AGIP han reclamado formalmente a la Delegación del Gobierno la restitución inmediata del uso público del enclave. A través de un comunicado conjunto, las entidades han advertido de posibles responsabilidades patrimoniales y penales en caso de que la permanencia de la acampada fuerce una suspensión, un retraso o variaciones técnicas en los espectáculos pirotécnicos contratados.
Requisitos técnicos y riesgo para eventos pirotécnicos internacionales
El colectivo profesional defiende que un disparo de estas características exige perímetros estrictos, áreas de exclusión homologadas y un calendario de montaje que no admite la improvisación. Trasladar el disparo a otra ubicación en pocas horas resulta inviable desde el punto de vista logístico y normativo, al tiempo que mantener estructuras no autorizadas dentro de la zona de seguridad invalidaría los permisos preceptivos.
La afección del espacio no se limita a la cita autonómica del viernes, que además concluye en la plaza con la Procesión Cívica y el homenaje a la Senyera. El recinto debe albergar en apenas dos jornadas el espectáculo de apertura del 20th International Symposium on Fireworks, que reunirá en València a especialistas del sector entre el 11 y el 16 de octubre.
Reorganización de los manifestantes y discrepancia entre instituciones
A raíz de las peticiones institucionales, los integrantes de la acampada han acordado redistribuir las tiendas para no entorpecer los actos cívicos institucionales. No obstante, los profesionales advierten de que despejar un corredor de paso no equivale al perímetro integral que demanda una instalación pirotécnica completa para garantizar la seguridad del público y los operarios.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha manifestado que la ocupación actual impide disparar el festejo con normalidad. Ante este escenario, el consistorio municipal ha solicitado una intervención formal para salvaguardar el programa festivo y no descarta la vía judicial mientras las empresas recuerdan que una cancelación supondría importantes pérdidas económicas.
