El Consell ha aprobado un nuevo decreto ley de movilidad para regular la convivencia entre taxis y VTC en la Comunitat Valenciana, con nuevas normas sobre licencias, sanciones y funcionamiento de ambos sectores. La medida busca aportar seguridad jurídica tras varias sentencias que habían dejado en el aire parte de la regulación anterior.
La nueva normativa incluye multas de hasta 6.000 euros para las VTC por infracciones muy graves, además de la inmovilización inmediata del vehículo. Entre las conductas sancionables figuran captar clientes en la calle sin reserva previa, circular buscando pasajeros o realizar servicios fuera del ámbito autorizado.
El decreto también permite a los ayuntamientos asumir competencias sancionadoras y gestionar directamente las multas relacionadas con incumplimientos de las VTC.
Uno de los cambios más relevantes es la suspensión temporal, durante un máximo de dos años, de nuevas licencias tanto de taxi como de VTC mientras se realiza un estudio sobre movilidad y equilibrio del sector. La excepción serán los taxis adaptados para personas con movilidad reducida, cuyo número podrá seguir creciendo.
En el caso del taxi, la norma amplía el número máximo de licencias que podrá tener una misma persona: hasta tres autorizaciones ordinarias y cinco si son vehículos adaptados. Además, desaparece la obligación de dedicación exclusiva al taxi, aunque seguirá siendo incompatible trabajar simultáneamente en VTC.
El nuevo marco también flexibiliza la creación de nuevas licencias de taxi cuando exista una demanda suficiente o sea necesario reforzar el servicio adaptado.
Respecto a las VTC, las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana podrán seguir realizando transporte urbano durante un máximo de dos años. Además, se elimina la obligación de esperar 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio, facilitando una respuesta más rápida para los usuarios.
La regulación nace tras meses de diálogo entre representantes del taxi y las VTC y pretende ordenar un sector marcado en los últimos años por los conflictos normativos y judiciales.