El acceso a la vivienda protegida contará con mayores garantías de transparencia y control tras la modificación de la normativa que regula la adjudicación de este tipo de inmuebles en la Comunitat Valenciana. Los cambios introducen nuevas obligaciones para promotores privados y proyectos de colaboración público-privada, con el objetivo de reforzar la igualdad de oportunidades entre los solicitantes.
La principal novedad será la creación de un registro específico para cada promoción de vivienda protegida. A partir de ahora, los procesos de adjudicación deberán incluir plazos de inscripción claramente definidos, criterios de valoración previamente publicados y listas de adjudicación accesibles y verificables.
La medida busca garantizar que el acceso a una vivienda protegida se realice bajo principios de publicidad, objetividad y concurrencia, aumentando la seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para las empresas promotoras.
Los promotores deberán informar desde el inicio
La reforma también establece que las empresas encargadas de desarrollar promociones protegidas deberán presentar desde las primeras fases del proyecto cómo se realizará la comercialización de las viviendas y cuáles serán los criterios utilizados para seleccionar a los futuros adjudicatarios.
Esta obligación permitirá a la administración supervisar previamente los procedimientos y comprobar que cumplen con los requisitos establecidos antes incluso de iniciar la comercialización de los inmuebles.
Además, la normativa obliga a hacer públicos estos criterios para que cualquier persona interesada conozca las condiciones de acceso y pueda participar en igualdad de condiciones.
Más supervisión en la adjudicación de viviendas
Otra de las novedades es la creación de una comisión técnica encargada de revisar los expedientes y verificar que los adjudicatarios cumplen los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida.
Este nuevo órgano actuará como mecanismo adicional de control para garantizar que las adjudicaciones se ajustan a la normativa vigente y que las viviendas llegan a quienes realmente cumplen las condiciones establecidas.
Refuerzo del control sobre contratos y compraventas
La modificación normativa también endurece el control administrativo sobre los contratos relacionados con viviendas protegidas. El visado administrativo se convertirá en un requisito esencial tanto para las primeras adjudicaciones como para posteriores transmisiones o contratos de alquiler.
Ningún contrato podrá completarse sin la validación previa de los requisitos legales, reforzando así las garantías en todo el proceso de acceso a este tipo de viviendas.
Prioridad para quienes tienen arraigo en el municipio
En las promociones desarrolladas sobre suelo público se incorpora además la posibilidad de valorar la vinculación continuada con el municipio, mediante criterios relacionados con el empadronamiento o el arraigo territorial.
Con ello se pretende facilitar que las viviendas protegidas contribuyan a responder a las necesidades residenciales de cada localidad y favorezcan la permanencia de vecinos y familias en sus municipios.
Un portal para consultar toda la oferta disponible
La nueva regulación también apuesta por una mayor digitalización y publicidad de los procesos. Los ciudadanos podrán consultar a través de una plataforma específica el estado de las promociones, los plazos de inscripción, los registros de solicitudes y las listas de adjudicación.
De este modo, se busca ofrecer una información más accesible y transparente sobre toda la oferta de vivienda protegida, permitiendo conocer cuándo se abren los procesos, cuáles son los requisitos y cómo se desarrolla cada adjudicación.