- David Muñoz: «La Oficina Valenciana de Inclusión que el PP pretendió crear y que VOX paralizó, buscaba ser un instrumento más al servicio del efecto llamada
- En tan solo cuatro años, la población extranjera ha crecido casi un 40%
El portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, David Muñoz, ha interpelado durante el Pleno a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, acerca de la puesta en funcionamiento y la actividad prevista para la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno.
Durante su intervención, Muñoz ha remarcado que este departamento no fue concebido para homologar títulos académicos ni para ofrecer soporte a personas inmigrantes, insistiendo en que el organismo debe ceñirse con exactitud a lo pactado en las cuentas autonómicas.
Discrepancias presupuestarias y debate sobre el modelo migratorio
El representante parlamentario ha instado a sus socios a no continuar con iniciativas previas y ha criticado el planteamiento de la anterior Oficina Valenciana de Inclusión. A su juicio, dicho proyecto actuaba como un mecanismo promotor del efecto llamada en el territorio autonómico.
Muñoz ha reclamado al Partido Popular que abandone las inercias políticas vinculadas a las etapas de la izquierda, rechazando los conceptos de falso multiculturalismo para centrarse en medidas de retorno y emigración como respuesta a los desequilibrios actuales.
Capacidad de las infraestructuras autonómicas ante la presión asistencial
En el mismo debate, el portavoz adjunto ha cuestionado si los recursos e instalaciones de la Comunidad Valenciana cuentan con la preparación necesaria para asumir el actual incremento poblacional y sus correspondientes previsiones demográficas.
Desde la tribuna, Muñoz ha señalado que el aumento de residentes extranjeros, cifrado en casi un cuarenta por ciento en los últimos cuatro años frente al leve repunte de nacionales, incide de forma directa en el precio de los alquileres, la convivencia barrial y la saturación de las prestaciones públicas.
Para concluir, el diputado ha reclamado transparencia financiera sobre el coste real de estas coberturas públicas y ha pedido conocer las medidas concretas de la administración autonómica para frenar el aumento sostenido de la demanda asistencial.
