La tensión política en Valencia suma un nuevo episodio que roza el terreno legal. La coalición Compromís se encuentra en el centro de la polémica tras hacer pública una resolución del Tribunal de Cuentas que afecta al concejal Marí Olano, una maniobra que algunos sectores consideran podría haber cruzado la línea de la legalidad.
La difusión del documento, cuyo contenido no había sido aún ampliamente divulgado por cauces oficiales, ha generado un intenso debate sobre los límites en el uso político de información de carácter institucional. Juristas consultados apuntan a que la publicación de este tipo de resoluciones, dependiendo de su estado procesal y del acceso legítimo a las mismas, podría vulnerar principios básicos como la confidencialidad o incluso el derecho al honor.
Desde el gobierno municipal, no han tardado en alzar la voz, acusando a Compromís de instrumentalizar las instituciones con fines partidistas. Consideran que la publicación responde más a una estrategia de desgaste político que a un ejercicio de transparencia, abriendo un escenario en el que la batalla política se traslada peligrosamente al ámbito judicial. Máxime cuando no ha dado lugar a presentar alegaciones por el propio interesado ni por el Ayuntamiento de Valencia.
En el entorno de Marí Olano, la reacción ha sido de máxima cautela, aunque no se descartan acciones legales ante lo que interpretan como una posible vulneración de derechos. La cuestión clave ahora es determinar si la difusión se ajusta a la normativa vigente.
Por su parte, Compromís defiende su actuación amparándose en el interés público y en el derecho a la información, aunque evita entrar en detalles sobre el origen exacto del documento. Esta falta de claridad no ha hecho sino alimentar las dudas y aumentar la presión política.
El episodio deja en el aire una cuestión incómoda: ¿hasta dónde vale todo en la confrontación política? Mientras tanto, la posible línea entre la denuncia pública y la vulneración legal queda bajo escrutinio, en un caso que podría tener recorrido más allá del terreno mediático.
Un intento más de la izquierda valenciana de desgastar al PP tal como hicieron en los años 2011 al 2015 con el acoso constante a Rita Barberá y sus concejales enfangando la política local.