Las decisiones judiciales adoptadas en l’Horta Sud han derivado en una orden de prisión para Blocus que afecta de manera directa a dos personas arrestadas en la comarca. Los juzgados de guardia han acordado el ingreso en un centro penitenciario provisional y sin fianza tanto del presunto cabecilla del movimiento como de otro supuesto integrante capturado en las mismas fechas.
La magistrada de guardia de Torrent, al frente de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción, determinó la medida para el presunto líder, cuya detención se produjo en el término municipal de Picanya. El procedimiento abierto sitúa el foco sobre la estructura interna de esta red y su capacidad para coordinar actuaciones delictivas.
Restricción de dispositivos telemáticos al presunto líder
El régimen de reclusión impuesto al arrestado en Picanya contempla la comunicación ordinaria, aunque con un límite tajante fijado por la magistrada. El auto veta de forma expresa que tenga acceso a ordenadores o a cualquier tipo de dispositivo tecnológico en el recinto penitenciario que le facilite el uso o la consulta de redes sociales.
La causa penal que instruye este juzgado atribuye al investigado delitos de organización criminal enfocada a incitar desórdenes públicos, perpetrar robos con fuerza en comercios y provocar daños materiales, cargos sujetos a una posterior calificación a medida que avance la investigación judicial.
Investigación por inducción a robos y desórdenes desde Catarroja
De forma paralela, la titular del juzgado en funciones de guardia de Catarroja dictó este sábado idéntica medida cautelar de cárcel provisional y sin fianza para un hombre detenido en Alfafar. Las pesquisas judiciales lo vinculan de manera directa con su presunta integración o relación operativa con el colectivo investigado.
En este segundo procedimiento, las diligencias se centran en un posible delito de pertenencia a grupo criminal orientado a movilizar o inducir a otras personas a cometer desórdenes en la vía pública. Los hechos indagados abarcan asimismo robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos causados tanto en mobiliario urbano como en propiedades privadas.
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