Hay una pregunta que nadie en la ciudad quiere hacerse: cuando el último agricultor
se jubile, ¿quién va a llenar el supermercado?
No es retórica. Es aritmética.
La edad media de los agricultores españoles es de 62 años, y el 70% de los que hoy
están en activo estarán jubilados o en edad de hacerlo en una década. En la
Comunitat Valenciana, tierra de naranjos y huerta, la situación es aún más cruda: más
del 80% de los titulares de explotaciones agrarias superan los 62 años. Y mientras
esa generación envejece, la región ha vuelto a marcar en 2025 un máximo histórico
de tierras agrícolas abandonadas: casi 180.000 hectáreas sin cultivar, lo que la
convierte en la comunidad autónoma con mayor superficie abandonada de España,
por delante incluso de territorios mucho más extensos como Castilla-La Mancha o
Andalucía.
Pero cometemos un error si reducimos este problema a la falta de jóvenes que quieran
entrar al campo. El drama más silencioso no es el del heredero que no llega. Es el del
agricultor de 50 años que ya está dentro y no puede salir.
Piensen en él. Lleva dos décadas con una explotación de naranjos en Cheste, en
Nules o en Callosa d’en Sarrià, en la que invirtió todo lo que tenía y lo que no tenía:
tierras, maquinaria, sistemas de riego, instalaciones de frío. Una inversión que puede
fácilmente rondar el millón de euros entre activos y deudas acumuladas. Un
patrimonio en tierra y árboles que no cotiza en bolsa, que nadie quiere comprar al
precio que costó, y que produce a pérdidas. Cada campaña ingresa menos de lo que
gasta. Pero no puede abandonar. Si abandona, pierde todo. Así que sigue. Año tras
año. Pagando deudas con lo que cosecha, esperando que el precio suba, rezando
para que el tiempo acompañe.
Los números no mienten. Los costes de producción de los cítricos valencianos han
aumentado un 70% en las últimas tres décadas, mientras los precios percibidos por
los agricultores se han estancado. Producir una hectárea de naranja cuesta ya 6.826
euros; una de mandarina, 7.589. Y en el mercado, el precio de la naranja al agricultor
bajó un 18% en un solo año, mientras que en los supermercados subía un 15% para
el consumidor. Alguien se queda con esa diferencia. No es el que madruga a recoger
la fruta.
En 2024, los precios en origen de los cítricos, las almendras y las uvas se mantuvieron
por debajo de los costes de producción, empujando a muchos agricultores al
abandono de sus campos. Y ese año, encima, llegó la DANA. Las pérdidas récord del
sector agrícola valenciano en 2024 superaron los 1.870 millones de euros. Para
muchas explotaciones, fue el golpe definitivo. Y aquí la política demostró de qué pasta
está hecha: el Gobierno central y la Generalitat denegaron las ayudas por la DANA a
agricultores que no cumplían requisitos de registro o que no justificaban ingresos
agrarios recientes, dejando fuera precisamente a los más vulnerables. El sistema que
no les había dado rentabilidad tampoco les dio socorro. Que nadie se sorprenda luego
de que el campo se vacíe.
Ese es el retrato del agricultor atrapado: no es un romántico que cultiva por amor a la
tierra, aunque también los hay. Es alguien que ha apostado su vida entera a un
negocio que el sistema ha hecho inviable, y que no tiene salida digna. Como señala
el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, los mayores aguantan por apego a la
tierra hasta que las fuerzas lo permiten, incluso a costa de destinar parte de la
pensión. Eso no es vocación. Eso es una trampa.
Y claro, en ese contexto, ¿a quién sorprende que no haya relevo? «Si hay rentabilidad
en el campo, el joven irá a buscarlo. Hoy en día no hay atracción», lo resume con
brutal sencillez alguien del sector. Los jóvenes no son tontos. Ven lo que tiene su
padre: décadas de trabajo, deudas, incertidumbre climática, precios que decide otro,
y ninguna jubilación digna a la vista. Y deciden que no.
La huerta valenciana no es solo un sector económico. Es un paisaje, una cultura, una
forma de entender el territorio que tiene siglos. Es el Tribunal de las Aguas, las
acequias del Turia, los bancales de la Marina Alta, los arrozales de l’Albufera. Es parte
de lo que somos. Y la estamos dejando morir no por fatalidad, sino por desidia
colectiva y por un modelo de mercado que premia a quien distribuye y castiga a quien
produce.
Y aquí es donde la política tiene una deuda pendiente que no se salda con más
subvenciones.
Seamos claros: las ayudas directas, los fondos de la PAC, los parches de urgencia
tras cada DANA no son política agraria. Son analgésicos. Calman el dolor
puntualmente, generan dependencia y, de paso, alimentan el relato más injusto que
existe sobre el campo: que los agricultores son subsidiados crónicos incapaces de
sostenerse solos. Ese relato es una mentira que beneficia a quienes prefieren que no
se haga la pregunta correcta.
La pregunta correcta no es cuánto dinero público se destina al campo. Es por qué el
precio de la naranja puede caer un 18% al agricultor y subir un 15% en el
supermercado al mismo tiempo. Es quién se queda con esa diferencia y por qué nadie
rinde cuentas de ello. Existe una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe comprar
por debajo del coste de producción y que prevé multas de hasta un millón de euros
para los reincidentes. Bien. Ahora la pregunta es cuántas de esas multas se han
ejecutado, cuántos contratos se han investigado, y cuántos supermercados han
pagado por hundir el precio de origen de una naranja valenciana. Que alguien en el
Congreso, en Les Corts o en Bruselas responda a eso con datos, no con
declaraciones de intenciones.
Lo que el campo valenciano necesita de la política no es más dinero repartido entre
todos para que nadie proteste. Necesita que se haga cumplir la ley que ya existe.
Necesita transparencia real en la cadena de valor, desde la mata hasta la caja del
supermercado. Necesita acceso a la tierra sin que una hectárea en Turis o en Carlet
cueste lo mismo que un piso en Russafa. Necesita que instalarse como agricultor
joven no sea un ejercicio de masoquismo burocrático. En definitiva, necesita que
gobernar el campo signifique crear condiciones para que sea un negocio viable, no
regar con fondos públicos un sistema roto para que no se caiga del todo.
Eso sí es política agraria. Lo demás es fotografiarse en la huerta en campaña
electoral.
Sin embargo, mientras esperamos que la política madure, hay quien ya está buscando
salidas desde abajo. El programa Releva, una incubadora lanzada por Anecoop,
forma a jóvenes agricultores valencianos con mentalidad empresarial: plan de
negocio, visión cooperativa, herramientas reales. Raúl, Blanca y Jerónimo tienen
entre 39 y 46 años, venían de la construcción, la educación y la topografía, y los tres
creen que del campo se puede vivir. Es una señal alentadora.
Pero seamos honestos también aquí. Anecoop factura cerca de mil millones de euros
y sus números macro no paran de crecer. Y sin embargo, muchos de sus agricultores
socios siguen sin ver esa prosperidad reflejada en lo que cobran por kilo. El modelo
cooperativo grande corre el riesgo de reproducir exactamente el problema que dice
combatir: que el valor se quede en los eslabones intermedios y el que cultiva siga
siendo el más débil de la cadena.
La solución no vendrá de una sola cooperativa, por grande que sea. Vendrá de
cambiar las reglas del juego para todos. El relevo existe, y en algunos rincones de la
Comunitat ya tiene nombre y apellidos. Pero llegará demasiado tarde si las reglas
siguen siendo las mismas.
