Refuerzos judiciales Valencia: La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha alzado la voz para exigir al Ministerio de Justicia que dé marcha atrás en su decisión de suprimir los refuerzos judiciales en la Comunitat Valenciana. Esta medida, que afectaría a numerosos órganos judiciales, amenaza con deteriorar gravemente el servicio público y aumentar la ya de por sí elevada congestión en los tribunales valencianos.
Martínez ha respaldado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ya había solicitado reconsiderar la denegación de la autorización económica para prorrogar estas importantes medidas. La supresión impactaría directamente en la agilidad y eficacia de la respuesta judicial, afectando a la ciudadanía.
El impacto de la medida en los tribunales valencianos
El propio TSJCV ha advertido de las “negativas consecuencias” que esta decisión acarrearía, especialmente en juzgados especializados en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, así como en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales. La consellera ha sido contundente: “La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico”.
La mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido denegada contaban con un informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que subraya su necesidad. En concreto, el Ministerio ha rechazado la financiación de 18 de las cerca de 30 medidas solicitadas para la Comunitat Valenciana.
Garantizar una justicia ágil y eficaz para los valencianos
La continuidad de estos refuerzos judiciales Valencia no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que es una garantía fundamental para los ciudadanos, quienes tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables. La Conselleria de Justicia se ha unido a la petición del TSJCV para que el CGPJ inste al Ministerio a revisar su postura.
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Desde la Generalitat se trabaja diariamente para asegurar una prestación adecuada de la Administración de Justicia, a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. “La ciudadanía tiene que contar con el mejor servicio público posible y en ese fin debemos volcarnos todas las administraciones implicadas en su prestación”, ha defendido Martínez, apelando a la responsabilidad compartida.