Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha decidido no participar en el proceso para consolidar su puesto como secretaria de dirección en la Diputación de Valencia. Esta renuncia a la Actualidad de la administración provincial se produce después de que su nombramiento, el pasado mes de marzo, generara un notable revuelo y críticas por parte de la oposición.
La institución que preside Vicente Mompó había iniciado el procedimiento para afianzar el puesto que Soler ocupaba de forma provisional. Sin embargo, ella no ha concurrido al proceso que buscaba cubrir la plaza de manera definitiva tras los seis meses de su designación inicial. El decreto para la provisión del puesto, firmado por Mompó en abril, también designaba a los miembros de la comisión de valoración, todos ellos altos funcionarios de la propia corporación.
El origen de una polémica laboral y política
La llegada de Vanesa Soler a la Diputación se realizó en comisión de servicios, dado que es funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat, localidad donde Pérez Llorca fue alcalde antes de asumir la presidencia del Consell. Este traslado, sumado a un significativo aumento salarial —pasando de unos 38.000 a 52.000 euros anuales—, fue duramente criticado por la oposición, concretamente por socialistas y Compromís. Estas formaciones cuestionaron la celeridad del trámite y lo vincularon a la decisión de Pérez Llorca de trasladar su residencia a Valencia al ser nombrado presidente autonómico.
La controversia llevó a la Agencia Valenciana Antifraude a abrir una investigación sobre el proceso administrativo, según reveló la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari, en una sesión plenaria. Las conclusiones de esta investigación aún no se han hecho públicas.
Defensa de la legalidad frente a las críticas
Tanto Juanfran Pérez Llorca como el equipo de Vicente Mompó han defendido en todo momento la legalidad del procedimiento. Desde la institución provincial se insiste en que no se realizó ningún trámite “excepcional”, sino que la provisión de la plaza a la que ahora renuncia Soler se convocó mediante una “fórmula plenamente asentada en la Administración”. Argumentan que en los puestos de libre designación, la cobertura inicial se hace con una comisión de servicios temporal —habitualmente de seis meses— para asegurar la continuidad.
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De manera paralela, y con previsión, se impulsa la provisión definitiva del puesto, que suele activarse a los dos o tres meses desde el inicio de esa comisión. La renuncia plaza Diputación Valencia de Soler cierra una etapa de intensas críticas sobre un proceso que la Agencia Valenciana Antifraude sigue analizando.