El reparto de menores no acompañados (MENA) procedentes de Ceuta está generando un profundo malestar en el seno del Consell valenciano. La Generalitat denuncia estar operando al 160% de su capacidad habitual para acoger a estos jóvenes, sin recibir la financiación adecuada por parte del Gobierno central. Esta situación eleva la tensión entre las autonomías y la administración estatal.
La controversia surge a raíz de la llegada de más de 1.000 menores no acompañados de origen marroquí a Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes del Consell, no ha comunicado de forma clara ni si se procederá al envío de estos menores a la Comunidad Valenciana, ni los términos en los que se realizaría, aumentando la incertidumbre y la sobrecarga en los recursos existentes.
La Generalitat Valenciana, al límite de su capacidad
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la acogida de estos menores, ha reiterado en varias ocasiones su preocupación por la falta de recursos y el desequilibrio en el reparto. La Comunidad Valenciana ya acoge a un número significativo de menores no acompañados, y la posible llegada de nuevos contingentes sin el soporte económico necesario agravaría una situación ya de por sí precaria. La gestión de estos casos requiere de personal especializado, alojamientos adaptados y programas de integración que, sin una financiación suficiente, son difíciles de mantener.
Este escenario no es exclusivo de la Comunidad Valenciana. Otras autonomías también han expresado su «monumental enfado» ante lo que consideran una gestión unilateral y poco coordinada por parte del Gobierno central. La falta de comunicación y la ausencia de un plan claro para la distribución y el sostenimiento de estos menores son los principales puntos de fricción, afectando directamente a la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas.
Reclamación de financiación y coordinación al Gobierno central
El Consell valenciano ha insistido en la necesidad de establecer un sistema de financiación justo y transparente que permita afrontar el coste que supone la atención a estos menores. La Generalitat argumenta que, sin una dotación presupuestaria adecuada, la calidad de la atención y la integración de los jóvenes se ven comprometidas. La petición no es solo económica, sino también de una mayor coordinación y diálogo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para abordar de manera conjunta un desafío que afecta a todo el país.
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