El camino administrativo de José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia y persona de confianza de la delegada Pilar Bernabé, afronta un escenario judicial decisivo. La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado una denuncia en los juzgados tras detectar indicios delictivos en el proceso de promoción interna que le permitió ascender a la categoría A1 dentro de la Administración.
El origen del expediente se remonta a su etapa en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, donde ejercía labores de funcionario dentro del grupo C1, enfocado a tareas administrativas. En abril de 2022, el consistorio convocó una prueba interna que concluyó en marzo de 2023 con su ingreso en la escala superior, una condición que resultó determinante para que meses más tarde pudiera asumir su responsabilidad estatal.
Objeciones de Antifraude al salto directo de categoría funcionarial
La Agencia Valenciana Antifraude examinó los detalles del concurso y cuestionó su validez formal tanto en 2022 como en 2023. El organismo consideró que pasar de forma directa de un grupo C1 al A1 contravenía el ordenamiento jurídico aplicable, por lo que instó al consistorio a revisar de oficio una resolución que, a su juicio, incurría en nulidad de pleno derecho.
Por su parte, el Ayuntamiento mantuvo su postura y rechazó anular las actuaciones, alegando que la normativa facultaba el ascenso de quienes contasen con la titulación académica exigida. Esta disparidad de criterios impidió resolver la controversia en la vía administrativa municipal antes de que el afectado diera el salto definitivo a la institución provincial.
Investigación penal sobre los requisitos de acceso al cargo estatal
El conflicto adquirió una dimensión diferente el 23 de enero de 2024, fecha en la que Rodríguez Jurado tomó posesión formal de su puesto tras la designación acordada por Pilar Bernabé. La validez de aquel nombramiento institucional quedó inmediatamente ligada a la legalidad del expediente previo tramitado en el ámbito municipal.
Las actuaciones pasaron de la Fiscalía Provincial a la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso la denuncia judicial el 15 de octubre de 2026. Las diligencias deberán determinar si las irregularidades detectadas constituyen un delito o responden a discrepancias de interpretación jurídica, mientras la oposición reclama explicaciones sobre el conocimiento previo que existía en la institución respecto a estas advertencias administrativas.
