Valencia ha captado la atención de empresas públicas de vivienda de País Vasco, Navarra y Melilla gracias a su innovador modelo de contratación para la construcción de vivienda protegida industrializada. La capital valenciana se ha convertido en un punto de encuentro para directivos interesados en replicar esta estrategia pionera impulsada por el Consell, que busca agilizar los procesos y adaptar la edificación modular a la normativa actual.
La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, fue la encargada de desgranar la estrategia de la Generalitat, explicando cómo han logrado integrar la construcción industrializada en los complejos procesos administrativos de la contratación pública, ofreciendo soluciones jurídicas y técnicas ajustadas a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Claves del sistema valenciano de contratación
Martínez destacó que la industrialización va más allá de un simple cambio técnico; implica una transformación profunda en la localización del proceso productivo, el control de la obra y la gestión de riesgos. El modelo valenciano, diseñado para encajar la edificación modular en la LCSP, se basa en la licitación conjunta de proyecto y obra, garantizando así la neutralidad tecnológica y permitiendo la competencia entre soluciones en madera, acero o sistemas de hormigón, siempre que cumplan con los requerimientos funcionales y un grado mínimo de industrialización.
En el apartado de adjudicación, los pliegos priorizan la calidad técnica y los plazos de ejecución. Para asegurar la independencia en el control y supervisión en fábrica, se separa la ejecución del proyecto y la dirección facultativa en lotes independientes. Este sistema exige a la dirección facultativa desplazarse a los talleres para supervisar presencialmente la producción, el transporte y el montaje final, adaptando las garantías a esta nueva forma de producir.
Pagos por hitos y protección del diseño arquitectónico
Otro pilar fundamental del sistema valenciano es el pago por hitos de fabricación, mediante el abono de unidades terminadas en taller, condicionado a la tasación presencial y a un aval bancario de ejecución que se retiene hasta el ensamblaje final. Este mecanismo protege la inversión pública y asegura la calidad en cada fase del proceso.
Además, el pliego protege el trabajo técnico al fijar los honorarios de la redacción del proyecto sobre el presupuesto de ejecución material (PEM) licitado, blindando así las tarifas profesionales frente a las bajas económicas aplicadas a la obra. Esta medida previene que la competencia económica deteriore la calidad del diseño arquitectónico, asegurando que la innovación y la funcionalidad sigan siendo prioritarias en los proyectos de vivienda industrializada del Consell.
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