Si pudiera votar en negativo, el 29 de noviembre tacharía a cuatro de las principales fuerzas políticas que se presentan a las urnas. No lo haría por capricho. Lo haría porque, después de años de seguirlas, no encuentro en ninguna una razón suficiente para ponerle mi nombre a su proyecto. Explico cada una, y lo hago con los datos que pueden comprobarse y separando lo que son hechos de lo que es mi valoración.
Empiezo por el PSOE, porque es el que gobierna y, por tanto, el que tiene más que explicar. Sánchez prometió no indultar, no amnistiar y no pactar con Bildu, y ha hecho las tres cosas. El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por las mordidas en los contratos de mascarillas, y la sentencia ha sido confirmada. Con dos tragedias ferroviarias en nueve meses, Adamuz y Urda, y más de cien muertos, el Gobierno sigue sin dar explicaciones claras sobre lo que se hizo con la vía antes de los accidentes. Ese es el registro de gestión que el PSOE tendría que defender, y no creo que lo haga con las cuentas en la mano.
Balance crítico sobre la gestión del Gobierno y las carencias de la oposición
El PP es distinto, porque no gobierna y su principal argumento contra Sánchez es correcto. Pero no basta con tener razón al criticar. Mi valoración es que el PP no ha ofrecido todavía una alternativa real: un proyecto de país para vivienda, para la red ferroviaria, para la justicia o para la financiación autonómica que pueda leerse con detalle y compararse con el del Gobierno. Ser la oposición que no es el Gobierno es un papel cómodo, pero no es un programa. Si el PP quiere mi voto, tiene que dejar de pedir que se vote contra Sánchez y empezar a explicar para qué quiere gobernar.
Vox y Sumar son, para mí, dos caras de la misma moneda. No los equiparo en sus ideas, que son distintas, sino en lo que producen: cada uno vive del otro y se necesitan para justificarse. Mi crítica a Vox se dirige a sus propuestas: su posición sobre la inmigración, sobre la política de vivienda y sobre los derechos de las minorías me parece radical en el fondo y en el tono, y creo que el país necesita propuestas más cuidadosas con la convivencia. Mi crítica a Sumar se dirige a su conducta: protesta mucho contra los escándalos del Gobierno del que forma parte, pero termina votando con él cuando llega el momento decisivo. Ninguna de las dos críticas dice que sus partidos no sean legales o democráticos. Lo que digo es que su forma de hacer política se alimenta de la confrontación, uno desde la derecha y otro desde la izquierda, y que cada uno necesita al otro para justificarse. No lo digo para descalificar a sus votantes, muchos de los cuales tienen razones legítimas para su enfado. Lo digo porque un país que se reparte entre dos extremos que se alimentan mutuamente no tiene la tregua que necesita para resolver sus problemas reales.
Esas son mis razones, y con ellas el voto en negativo se convierte en la única forma de decirlo sin renunciar a la crítica. Por eso defiendo que el voto contra una candidatura reste del total de votos válidos que obtiene. Un voto en contra no beneficia a nadie, pero sí cuenta como una señal clara de rechazo: penaliza a la candidatura rechazada en escaños y en el umbral del 3 %, y obliga a los partidos a mirar a la cara a quienes no los quieren. Es una propuesta que exigiría reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y no quiero que nadie la confunda con el sistema actual.
Mientras esa reforma no exista, el votante que se siente huérfano tiene que decidir con lo que hay. Y la decisión no es sencilla. Hay que votar contra el Gobierno que ha fallado, pero eso no obliga a votar a favor de todo lo demás. Quien lamenta la orfandad tiene que decidir si se queda en casa o si usa su papeleta para decir, con todas sus dudas, lo que piensa. Yo no encuentro una candidatura que me convenza del todo. Pero sí tengo claro lo que no voy a hacer: dejar que otros decidan por mí sin que mi voto cuente, aunque sea en contra.











