- La Generalitat Valenciana reclama al Gobierno que rectifique la obligación de retirar del mercado el 12 % del aceite de oliva, al considerar que esta medida perjudica especialmente a las pequeñas almazaras y cooperativas valencianas, que apenas representan el 1,4 % de la producción nacional.
- El conseller Miguel Barrachina denuncia que una regulación diseñada para los grandes productores penaliza al sector oleícola autonómico y alerta también del impacto que la avería del trasvase Tajo-Segura está teniendo sobre los regantes alicantinos, con 20 hectómetros cúbicos de agua pendientes de llegar a sus explotaciones.
El Consell ha reclamado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise la orden de inmovilización de producto y excluya a las explotaciones locales. La medida estatal, pensada para regular el mercado global, castiga a un territorio con características muy concretas y una dimensión reducida frente a las grandes zonas productoras del país.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha trasladado esta petición durante las V Jornadas de Cítricos organizadas por ASAJA-Alicante. El titular autonómico ha defendido que las resoluciones ministeriales deben ajustarse a la diversidad productiva de cada autonomía en lugar de imponer criterios homogéneos a realidades dispares.
Sobrecostes para cooperativas y almazaras tradicionales
El volumen del aceite de oliva producido en el territorio valenciano apenas alcanza el 1,4 % de la cosecha estatal. Además, las comarcas productoras han registrado descensos continuados en su rendimiento, lo que convierte la obligación de inmovilizar un 12 % del producto en un freno añadido para pequeñas firmas que no influyen en la cotización nacional.
El tejido oleícola de la autonomía está formado mayoritariamente por almazaras locales y entidades cooperativas orientadas al autoconsumo de sus socios. Estas instalaciones carecen habitualmente de capacidad logística para retener producto, lo que forzará el alquiler de depósitos externos e incrementará los costes para los agricultores, mientras continúa la entrada de producto procedente de terceros países sin estas restricciones.
Impacto agrario por la paralización del trasvase Tajo-Segura
Durante el encuentro agrícola, Barrachina también ha abordado la interrupción técnica del acueducto Tajo-Segura, averiado desde mediados de septiembre. La parada retiene 65 hectómetros cúbicos concedidos para riego, de los cuales 20 corresponden directamente a regantes alicantinos, junto a otros 20 hectómetros cúbicos asignados a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
La falta de aportes hídricos incide de forma crítica en comarcas como la Vega Baja y el área de Riegos de Levante, donde el trasvase suministra seis de cada diez litros empleados en el campo. Según los datos aportados por la Conselleria, esta infraestructura sostiene 25.000 hectáreas de cultivo en la zona y cada hectómetro cúbico destinado al riego genera cerca de cuatro millones de euros.
