La defensa del mundo rural y las actividades tradicionales vuelve a situarse en el centro de la agenda política valenciana. Durante un encuentro celebrado en el municipio de Quatretonda, los representantes populares han querido trasladar su apoyo directo a los profesionales del campo, subrayando las dificultades que atraviesan las explotaciones familiares debido a los costes crecientes y las exigencias normativas.
El dirigente provincial de la formación, Vicent Mompó, remarcó durante la jornada la trascendencia de sostener el sector ganadero valenciano como un pilar imprescindible para el equilibrio territorial. A su juicio, la pérdida de granjas activas no representa únicamente un perjuicio mercantil, sino un retroceso irreversible en la estructura social de los pueblos de interior.
Medidas frente a la entrada de productos de terceros países
Uno de los puntos centrales del discurso fue la desigualdad en las condiciones comerciales que sufren las granjas locales respecto a las importaciones. Mompó criticó con dureza que a las instalaciones nacionales se les reclamen elevados estándares de bienestar animal, sanidad y respeto ambiental, mientras se autoriza la venta de alimentos procedentes de mercados externos que no cumplen estas mismas pautas, una situación que calificó de competencia desleal.
Para corregir este desequilibrio, insistió en la necesidad de articular una política firme en el seno de la Unión Europea que priorice la soberanía alimentaria y preserve la viabilidad financiera de quienes abastecen las mesas de la ciudadanía con productos locales.
Relevo generacional e incentivos fiscales para las explotaciones familiares
El futuro de las instalaciones agropecuarias pasa obligatoriamente por facilitar el relevo en las familias que gestionan estas fincas. En este sentido, se reclamó una reducción profunda de las cargas burocráticas y la puesta en marcha de deducciones fiscales que animen a los jóvenes a asumir la gestión de los negocios familiares con certidumbre y rentabilidad asegurada.
La formación popular vinculó estas demandas a un proyecto encabezado por Alberto Núñez Feijóo, al que sitúan como la alternativa necesaria para garantizar una Política Agraria Común sólida y asegurar que la labor ganadera recupere un papel protagonista en el diseño de las políticas públicas estatales.
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