▪ Los implicados conocían los peligros del amianto y llegaron a suplantar al personal de una empresa legalmente habilitada para engañar a los vecinos
▪ El Administrador de fincas organizó el entramado para engañar a los vecinos y tratar de hacer pasar la maniobra por una “obra común”
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investigado a un tercero que se organizaron para engañar a una comunidad de propietarios y se hicieron pasar por una empresa habilitada para la retirada de amianto.
Los hechos se originaron ante la necesidad de una comunidad de propietarios de retirar una bajante de amianto instalada en una finca. El administrador de fincas contactó a una empresa que aparentemente estaba habilitada para su retirada de forma legal.
La actuación de la Guardia Civil comenzó cuando un vecino contactó a la empresa dedicada a la gestión de materiales que contienen amianto y que parecía estar encargada de esta obra en su finca. Esta organización constató que no había sido contratada para la realización de esa obra. La Guardia Civil empezó entonces la investigación para desentrañar el entramado criminal.
Según pudieron comprobar, el administrador de la finca había contactado a varias empresas legalmente habilitadas y que advertían de la peligrosidad y costes adicionales que suponían las obras que implicaban el fibrocemento (también conocido como amianto o asbesto).
Para abaratar los costes de la obra de forma ilícita, contrató de manera opaca a una constructora ordinaria de su confianza. Ante las quejas de los vecinos por la falta de medidas de seguridad, defendió que se trataba de una obra común y llegó a exhibir informes medioambientales para aplacar sus protestas.
El gerente de la empresa constructora, que carecía de la inscripción correspondiente en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), sabía que sus operarios carecían de la formación específica sobre el manejo de agentes carcinógenos.
Además, el jefe de obra asumió la dirección material de los trabajos y posteriormente suplantó ante la junta de vecinos al titular de la empresa legítima para engañar a los propietarios para que liberasen los pagos devengados.
La investigación demostró que el fin último de la trama orquestada por el administrador de fincas y conformada también por el gerente de la empresa de construcción y su jefe de obra tenía el fin último de obtener un beneficio económico. Además, se eludió deliberadamente el desembolso de tasas y los protocolos de seguridad exigidos por la ley.
El fraude a los propietarios ascendió a 12.500 euros para una obra que, al amparo de la normativa laboral y ambiental vigente habría superado los 38.000 euros. Tras descubrirse la falsedad documental y la usurpación de la empresa legítima, se acordó la paralización de las retribuciones pendientes del último pago de 4.500 euros. Además, los vecinos tuvieron que sufragar las labores urgentes de descontaminación de los inmuebles afectados.
Lesiones derivadas de la inhalación
La fractura mecánica del asbesto provoca la liberación de microfibras invisibles al ojo humano que, al ser inhaladas, se alojan de forma irreversible en la pleura y los alveolos, provocando patologías letales diferidas en el tiempo, como la asbestosis o el mesotelioma.
Lejos de cumplir con la normativa, los operarios emplearon de forma directa un martillo y cincel para retirar la tubería, arrojando sus fragmentos hacia los pisos inferiores, generando nubes de polvo tóxico que posteriormente se dispersaron a las viviendas colindantes. Además, los residuos posteriormente se introdujeron en bolsas ordinarias de plástico sin el precinto ni etiquetado reglamentario de peligro.
Los propios investigados afirmaron haber trasladado los residuos en vehículos no autorizados a “ecoparques” municipales de la zona. La recepción de estos materiales estructurales está expresamente prohibida en estas instalaciones. La normativa ambiental indica la necesidad del depósito de este tipo de residuos peligrosos en vertederos de seguridad autorizados. Con esta maniobra, los implicados perpetuaron un foco difuso de contaminación ambiental.
Por todos estos hechos finalmente fueron detenidas dos personas (el administrador de fincas y el gerente de la empresa de construcción) e investigada una tercera. Son tres hombres, de entre 45 y 55 años de edad y nacionalidades española y peruana. Además, también hay una investigación sobre una persona jurídica. Se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.