- La vicepresidenta apuesta por “movilizar suelo residencial, agilizar los trámites, incrementar la colaboración público-privada y proporcionar seguridad jurídica para hacer frente al reto del acceso a la vivienda”
- Susana Camarero señala que la ley aprobada por el Gobierno de España “desprotege a los propietarios e incluye medidas fallidas” y el Plan Estatal de Vivienda “llega tarde, sin consenso y traslada el mayor esfuerzo económico a las autonomías”
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la Generalitat ya ha impulsado cerca de 4.800 viviendas de protección pública en el marco del Plan Vive Comunitat Valenciana. Una cifra que supera las 6.000 viviendas al incluir la promoción privada activada de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido.
La vicepresidenta ha sido la encargada de clausurar el ‘II Foro Inmobilia. Impulsar la vivienda que la Comunitat necesita’, organizado por Economía Digital junto con la Cámara de Comercio de Valencia. Un encuentro en el que se ha abordado la situación actual del sector inmobiliario y de la vivienda en la Comunitat Valenciana, los principales retos del mercado residencial, como la falta de oferta de vivienda, la atracción de inversión y las dificultades para desarrollar nuevas promociones, y que ha contado con la participación de representantes institucionales, empresas, promotores y agentes del sector.
Camarero ha incidido en que para hacer frente al actual reto del acceso a la vivienda “resulta imprescindible generar una mayor oferta que permita equilibrar los precios, movilizar suelo, conseguir agilidad en los trámites, incrementar la colaboración y proporcionar seguridad jurídica”.
Con este propósito el Consell ha puesto en marcha el Plan Vive Comunitat Valenciana, mediante el cual se pretende impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública durante la presente legislatura. En este sentido, Camarero ha puesto de relieve que “ya se han adherido 320 municipios” al programa, al tiempo que ha manifestado “la convicción de que la colaboración público-privada resulta imprescindible para responder a este reto”.
La vicepresidenta ha señalado que el objetivo del Consell es “disponer de un mayor número de viviendas VPP y de que no haya dudas en el acceso a estas viviendas”. Por este motivo, “hemos reforzado la transparencia poniendo en marcha la página web del Plan Vive, que ofrece mayor publicidad, más información y más transparencia a todo el proceso”, además de “recuperar principios esenciales como la igualdad, la publicidad y la concurrencia, para reforzar un sistema más abierto y garantista que incorpora nuevos mecanismos de control y supervisión, como la publicación de las promociones desde la calificación provisional o la creación de órganos colegiados para el control de los visados”, ha explicado la vicepresidenta.
Incremento del suelo residencial
Asimismo, la consellera de Vivienda ha asegurado que incrementar la oferta de viviendas no es posible sin la disponibilidad de suelo. “Estamos trabajando con los ayuntamientos para generar más suelo disponible y acelerar así la construcción de vivienda asequible, a través de los Proyectos de Reconstrucción Local y los Planes de Interés Habitacional”, con el fin de “transformar suelo dotacional en suelo residencial”.
De este modo, Camarero ha explicado que se está trabajando conjuntamente con la Conselleria de Medio Ambiente para obtener nuevas bolsas de suelo a través de los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), los cuales “permitirán la construcción de cerca 120.000 nuevas viviendas en suelo dotacional municipal para acabar con la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana”.
En paralelo, “estamos desarrollando vivienda pública de alquiler asequible e industrializada, financiada por la Generalitat, y que ya cuenta con cerca de 100 viviendas licitadas de esta tipología en localidades como Albal, Torrent y Utiel”, ha afirmado la titular de Vivienda.
Asimismo, la vicepresidenta también ha puesto el acento en la seguridad jurídica, “para prevenir situaciones de ocupación ilegal y ofrecer más garantías a los propietarios, para que más viviendas puedan incorporarse al mercado”.
A este respecto, Camarero se ha referido a la modificación del Decreto 180/2024 y al impulso del Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, que incluye la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, con más de 100 puntos de atención y asesoramiento en toda la Comunitat Valenciana; el refuerzo de la formación especializada dirigida a Policías Locales, abogados y personal de atención, impulsando la coordinación con ayuntamientos y administradores de fincas; así como una nueva línea específica de ayudas, dotada con 250.000 euros, para apoyar y asesorar a propietarios afectados por la ocupación ilegal, reforzando así la seguridad jurídica y la confianza en el mercado de la vivienda.
Acceso a la vivienda
La consellera de Vivienda también se ha referido a las medidas concretas adoptadas por el Consell para facilitar el acceso a la compra de viviendas, especialmente en el caso de las personas jóvenes.
Así, Camarero ha valorado “la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, del 8 % al 6 % para jóvenes menores de 35 años, que ha beneficiado a cerca de 26.000 declaraciones de jóvenes con un ahorro medio de 1.482 euros para la compra de su primera vivienda”; además del refuerzo de la línea de avales ofrecida por el Institut Valencià de Finances (IVF), con alrededor de 4.000 jóvenes beneficiarios de este programa de garantías, de los cuales más de 1.300 solo en el primer cuatrimestre de 2026. “Porque mejorar la fiscalidad y ayudar a acceder a la primera vivienda a los más jóvenes también es construir futuro”, ha defendido la vicepresidenta.
Ley de Vivienda
Susana Camarero ha contrapuesto las medidas adoptadas por el Consell para favorecer el acceso a la vivienda con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, la cual, en palabras de la vicepresidenta, “desprotege a los propietarios, reduce la seguridad jurídica y apoya a los okupas”.
La vicepresidenta ha recriminado que esta norma “está hecha de espaldas a las comunidades autónomas”, además de “tener un efecto perverso, con la declaración de zonas tensionadas y, con ella, el establecimiento del tope a los precios del alquiler”.
Camarero ha indicado que “los precios son ahora un 30,7 % más caros de media en España y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado”. Por ello, la vicepresidenta ha indicado que la norma “no resuelve el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana e incluye medidas fallidas”.
En esta misma línea, la vicepresidenta también ha puesto de manifestado el desacuerdo de la Generalitat con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, “que llega tarde y sin consenso” y que “traslada el mayor esfuerzo económico a las autonomías”. En concreto, según ha explicado, las comunidades autónomas pasan de financiar del 30 % al 40 % del Plan, mientras el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %, por lo que “la Comunitat Valenciana tiene que multiplicar por más de cuatro su esfuerzo presupuestario mientras el Estado apenas multiplica por dos su aportación”.
En última instancia, la vicepresidenta ha resaltado que “el esfuerzo principal sigue estando en generar más vivienda, y lograrlo desde la colaboración entre instituciones, con los ayuntamientos, con el sector promotor, con el ámbito financiero y con todos los agentes que forman parte del ecosistema inmobiliario”, ha concluido.