Alegaciones: La Comunitat Valenciana, de la mano del vicepresidente Vicente Martínez Mus, se ha unido a Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que envíe a la Comisión Europea sus objeciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. Estas seis autonomías, que suman la mayoría del litoral español, insisten en que Bruselas debe tener toda la información antes de tomar decisiones sobre el procedimiento de infracción INFR (2022) 4121.
Consideran crucial que sus alegaciones, presentadas durante el trámite de información pública, se incorporen íntegramente al expediente europeo. El objetivo es que la Comisión conozca la posición de los territorios con competencias directas en la gestión y ordenación del litoral, garantizando así un proceso transparente y completo.
Preocupación por la reforma parcial del Gobierno central
El conseller Martínez Mus ha expresado la preocupación de las autonomías firmantes ante la decisión del Gobierno central de modificar únicamente el Reglamento General de Costas, aplazando la reforma de normas con rango de ley que la propia Comisión Europea considera afectadas. En el escrito remitido a la ministra Sara Aagesen, se recuerda que el procedimiento europeo cuestiona la compatibilidad de diversos aspectos de la normativa española de costas con el Derecho de la Unión.
Esta vía de actuación genera dudas jurídicas, competenciales y de seguridad, según las comunidades. Insisten en que el principio de cooperación institucional exige que Bruselas valore todas las posiciones, especialmente las de las administraciones autonómicas con competencias en litoral, ordenación del territorio, medio ambiente, puertos, pesca y acuicultura, antes de resolver el procedimiento abierto contra España. La petición subraya que estas alegaciones representan la postura institucional de la mayoría de las comunidades autónomas con costa.
Un frente común por la gestión del litoral
La solicitud conjunta está firmada por los responsables de Medio Ambiente o Fomento de la Generalitat, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Illes Balears y Gobierno de Cantabria. Este frente común busca asegurar que la voz de las regiones costeras, con su experiencia directa en la gestión del litoral, sea escuchada en el ámbito europeo.
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