La Comunitat Valenciana ha alzado la voz ante el Gobierno de España, reclamando lealtad institucional y fondos para gestionar el impacto de la política migratoria. Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha denunciado la opacidad y la falta de coordinación en el proceso de regularización de personas migrantes, que ha derivado en un coste inasumible para los servicios públicos valencianos.
La Generalitat se ha sumado a otras autonomías que han declinado participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración, calificándola de intento de «blanquear» una política migratoria que consideran ineficaz y contraria a las directrices europeas. Camarero critica que este órgano de cooperación haya sido vaciado de su propósito, sin abordar la financiación ni los criterios de reparto del llamado ‘Plan de Integración’.
Impacto económico en los servicios valencianos
El proceso de regularización ha duplicado las previsiones iniciales del Gobierno, pasando de 500.000 a 1,2 millones de personas migrantes regularizadas. Esta situación, según Camarero, ha generado un «efecto llamada» y ha puesto a las comunidades autónomas en una posición insostenible. En la Comunitat Valenciana, se ha regularizado a 167.000 personas, lo que representa el 14% del total de España y la convierte en la tercera autonomía con mayor acogida, solo por detrás de Madrid y Cataluña.
Este incremento conlleva un impacto directo y «inasumible» en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y el empleo de la región. La vicepresidenta ha exigido al Gobierno la transferencia de los fondos necesarios para atender estas necesidades. Además, ha calificado de «deslealtad» que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitara València sin reunirse con la Generalitat para coordinar un plan de trabajo.
Una política migratoria que mira al empleo y la coordinación
Frente a la gestión actual, la Generalitat defiende un modelo de regularización ordenado, legal y vinculado al empleo, siempre en coordinación con las comunidades autónomas. La falta de un estudio de impacto económico, un calendario de trabajo para el reparto de fondos y la ausencia de diálogo han sido puntos clave en la crítica de Camarero. La vicepresidenta insiste en que las decisiones del Ministerio están trasladando compromisos cada vez mayores a las autonomías, sin planificación ni financiación adecuada, lo que afecta directamente a la prestación de servicios públicos esenciales.
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La Actualidad de la Comunitat Valenciana muestra una clara demanda de un enfoque más colaborativo y responsable en materia migratoria, donde la lealtad institucional sea la base para abordar un desafío tan complejo.