- Ayer, en el Congreso de los Diputados, el comunismo más rancio volvió a enseñar los dientes
- La actitud de los partidos comunistas de ayer en el Congreso le dio la razón a Ayuso: «Comunismo o libertad»
El encontronazo protagonizado por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez con la portavoz del PP, Ester Muñoz, con frases como «¡Lo vais a pagar!» y «¡Vais a tener que dar la cara!», no debería despacharse como una simple bronca parlamentaria. Es el reflejo de una forma de entender la política basada en la confrontación permanente, en dividir a la sociedad entre buenos y malos y en convertir al adversario político en enemigo.
Ibáñez podrá argumentar que hablaba del coste electoral que tendría para el PP votar contra los decretos de vivienda. Es su explicación. Pero las palabras fueron pronunciadas, el destinatario estaba delante y el momento no podía ser más significativo: pocas horas antes de una votación decisiva en el Congreso.
Y conviene decirlo alto y claro: el comunismo no es simplemente una política económica más ni una etiqueta intercambiable con cualquier otra ideología de izquierdas.
Es una corriente política con una historia concreta y con experiencias de poder muy concretas. Desde la Unión Soviética de Lenin y Stalin hasta los regímenes comunistas de Europa del Este, pasando por Mao en China, los Jemeres Rojos en Camboya, la Venezuela chavista de Maduro o la Cuba castrista, la historia del comunismo en el poder está marcada por la concentración del poder político, la eliminación del pluralismo, la persecución de los opositores y, en numerosos casos, por gravísimas vulneraciones de los derechos humanos.
Eso no significa que todo militante comunista sea una persona violenta ni que cualquier política de izquierdas pueda calificarse de comunista. Pero tampoco significa que debamos blanquear la historia de una ideología que, cuando ha construido regímenes de partido único, ha demostrado una extraordinaria capacidad para acabar con las libertades políticas y concentrar el poder en manos del Estado.
Ese es el problema de fondo.
Y por eso resulta tan preocupante que determinadas fuerzas políticas españolas sigan reivindicando, sin demasiados complejos, tradiciones políticas que deberían analizarse con mucha más distancia crítica.
El legado histórico del comunismo y sus derivas
Ayer, esa tensión volvió a aparecer en el Congreso.
El asunto era la vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez pretendía sacar adelante dos decretos y sus socios parlamentarios hicieron de la votación una batalla política. Alberto Ibáñez reclamó que los diputados quedaran retratados mediante una votación nominal. Después llegó el enfrentamiento con Ester Muñoz.
La vivienda se convirtió así en otra trinchera.
Propietarios contra inquilinos.
Empresarios contra trabajadores.
Derecha contra izquierda.
Los ricos contra los pobres.
Una manera de hacer política que necesita permanentemente un adversario al que responsabilizar de los problemas de la sociedad.
Pero la realidad es bastante más complicada.
Un propietario no es necesariamente un especulador. Un empresario no es necesariamente un explotador. Un trabajador no es necesariamente una víctima. Y quien alquila una vivienda no tiene por qué estar enfrentado con quien se la ofrece.
La vivienda necesita seguridad para quien alquila y seguridad para quien alquila su propiedad. Necesita más oferta, más construcción, menos burocracia y unas reglas que permitan invertir y, al mismo tiempo, protejan a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Convertir el problema en una lucha de clases puede proporcionar titulares y réditos electorales. Resolverlo es bastante más difícil.
Y aquí es donde aparece uno de los grandes problemas de la tradición comunista: la tendencia a interpretar la sociedad desde el enfrentamiento entre clases y a presentar la propiedad privada y la iniciativa empresarial como problemas que deben ser sometidos al control político.
La vivienda como campo de batalla ideológico
La experiencia histórica demuestra que cuando ese planteamiento se lleva hasta sus últimas consecuencias, el resultado suele ser una enorme concentración de poder económico y político en el Estado.
Y cuando el Estado controla demasiado, el ciudadano depende demasiado del Estado.
Ahí está una de las grandes diferencias entre una sociedad libre y una sociedad sometida a una estructura política que pretende decidirlo todo: qué se produce, quién puede producirlo, qué se puede poseer y, en los modelos más extremos, incluso qué se puede decir.
No hace falta irse a un manual de historia para entender el peligro.
Basta con observar lo ocurrido allí donde el comunismo se convirtió en régimen político: la falta de pluralismo, la persecución de la oposición, la censura y la subordinación de la economía al poder político terminaron pasando una factura enorme a millones de ciudadanos.
España no es Cuba, ni la antigua Unión Soviética, ni la China de Mao, ni la Venezuela de Maduro. Y sería absurdo afirmar lo contrario.
Pero precisamente por eso conviene llamar a las cosas por su nombre y no confundir una democracia pluralista con los regímenes comunistas que la historia ha conocido.
El problema aparece cuando determinadas ideas que nacieron de esa tradición se presentan como la única respuesta posible a cualquier desigualdad. Cuando se pretende resolver cada problema aumentando el control político. Cuando se demoniza la propiedad privada. Cuando se convierte al empresario en sospechoso. Cuando se presenta al propietario como enemigo del inquilino.
Y cuando, además, quien discrepa es señalado como alguien que está contra la gente.
Eso es lo que debería preocuparnos.
Porque una democracia sana necesita adversarios políticos, no enemigos.
Necesita propietarios e inquilinos. Necesita empresarios y trabajadores. Necesita izquierda y derecha. Necesita libertad económica y políticas sociales. Y necesita, sobre todo, ciudadanos libres para decidir.
Por eso la escena protagonizada ayer por Alberto Ibáñez no debería pasar inadvertida.
No porque una frase convierta automáticamente a nadie en comunista, sino porque representa una forma de hacer política que debemos rechazar venga de donde venga: la presión personal, el señalamiento del adversario y la idea de que quien vota diferente tiene que «pagar» por hacerlo.
El comunismo tiene una larga historia que merece ser conocida, estudiada y discutida sin complejos. Y esa historia contiene suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado termina imponiéndose sobre la libertad política, económica y personal.
Recordarlo no es extremismo. Es memoria.
La izquierda tiene todo el derecho a defender sus políticas. El Gobierno tiene derecho a intentar aprobar sus leyes. Compromís, Sumar, Podemos, Izquierda Unida y ERC tienen derecho a defender sus posiciones.
Y el PP, Vox, Junts o cualquier otro partido tienen exactamente el mismo derecho a rechazarlas. Eso es la democracia. Lo que no le gusta al comunismo. Pues tiene las de perder.
Lo que no debería formar parte de ella es convertir al adversario en enemigo, atribuirle todos los males de la sociedad y señalarlo públicamente por ejercer su derecho a votar en contra.
Ayer, el Congreso rechazó los decretos de vivienda.
Pero quizá la imagen más importante de la jornada no estuvo en el resultado de la votación.
Estuvo en el patio del Congreso.
En un «¡Lo vais a pagar!» dirigido a una diputada de la oposición.
Porque cuando la política deja de intentar convencer y empieza a intimidar, aunque sea únicamente mediante la palabra, todos deberíamos preocuparnos. Y mucho.
Esta es la verdadera cara del comunismo de Compromís y sus socios. No hay más que ver la foto. Y podría pensar que si no me meten en una “cheka” es porque no pueden, no por falta de ganas.
Lo dijo bien claro Ayuso la otra noche: «Comunismo o libertad». Y ayer le dieron la razón.
