- El Ayuntamiento socialista de Catarroja formalizó el contrato el 29 de octubre, después de que el medio de Ignacio Escolar hubiera promocionado públicamente la edición especial.
- La coincidencia de fechas abre interrogantes sobre la planificación del expediente, la concurrencia y la transparencia en el uso de dinero público
La gestión de los fondos públicos destinados a recordar la tragedia de la DANA vuelve a situar al Ayuntamiento de Catarroja en el centro de la polémica. El consistorio, gobernado por el PSOE, adjudicó a elDiario.es un contrato de 17.726,50 euros para la producción y realización de un documental audiovisual sobre el segundo aniversario de la catástrofe. Sin embargo, hay un detalle en la cronología que plantea importantes preguntas: el periódico ya había anunciado y promocionado el proyecto antes de que se formalizara la contratación.
Según la información publicada por OKDIARIO, elDiario.es difundió el 22 de octubre una noticia en la que anunciaba que su pódcast Un tema al día se trasladaría a Catarroja el 9 de noviembre para realizar una edición especial en colaboración con el Ayuntamiento. Una iniciativa que, apenas una semana después, acabaría materializándose en un contrato público de más de 17.700 euros.
El acuerdo fue formalizado el 29 de octubre, mientras que el plazo para presentar ofertas, según la documentación municipal, había finalizado el día 27. El expediente recoge que únicamente se presentó una propuesta: la del medio dirigido por Ignacio Escolar.
Un proyecto anunciado antes de la adjudicación
La principal incógnita reside en cómo se anunció públicamente una colaboración institucional que todavía no había completado su procedimiento de contratación.
El 22 de octubre, elDiario.es ya promocionaba la celebración de una edición especial de su pódcast en Catarroja, vinculada expresamente al Ayuntamiento socialista. Siete días después, el consistorio formalizaba la adjudicación del servicio de producción y realización documental audiovisual por 17.726,50 euros.
La coincidencia resulta especialmente relevante porque el procedimiento administrativo contemplaba un plazo para que otros posibles interesados pudieran presentar sus ofertas. Si el proyecto ya estaba anunciado públicamente con la participación de un medio concreto, cabe preguntarse en qué condiciones se desarrolló ese procedimiento y si existieron compromisos previos a la adjudicación.
El Ayuntamiento ha confirmado que el contrato adjudicado el 29 de octubre corresponde precisamente a la edición especial en formato videopódcast que elDiario.es había anunciado en su página web.
Por tanto, no se trataría, según la propia explicación municipal, de dos proyectos diferentes, sino de la misma iniciativa.
El Ayuntamiento admite que el acto estaba previsto para el día de la adjudicación
Otro de los aspectos que requiere explicación es la fecha inicialmente prevista para la celebración del acto.
Según la información publicada, el consistorio reconoció que la actividad iba a celebrarse el propio 29 de octubre, coincidiendo con la fecha en la que se formalizó la adjudicación del contrato. Finalmente, el evento no tuvo lugar ese día por motivos personales de uno de los asistentes.
Esta circunstancia plantea una pregunta evidente: ¿cómo podía estar programada una actividad vinculada a un contrato público antes de que se hubiera formalizado su adjudicación?
Desde el Ayuntamiento defendieron que este tipo de contrataciones suelen tramitarse de esa manera para disponer de margen ante posibles cancelaciones de última hora. Sin embargo, esa explicación no despeja la cuestión fundamental: si existió algún compromiso previo con el proveedor antes de completar el procedimiento administrativo.
El consistorio también aseguró que el contrato se habría adjudicado una semana antes de la fecha finalmente recogida en el documento, aunque derivó hacia la dirección de elDiario.es la responsabilidad de ofrecer más explicaciones.
La contratación pública, bajo el foco
La controversia tiene también una dimensión jurídica. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos de las administraciones deben respetar principios como la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la libre competencia.
La normativa prohíbe la contratación verbal con carácter general, salvo determinadas excepciones, y exige que la prestación de los servicios públicos contratados se ajuste al procedimiento legalmente establecido.
En este caso, el importe de 17.726,50 euros podría corresponder a un contrato menor cuyo valor estimado, sin IVA, no supere los 15.000 euros, límite previsto para los contratos menores de servicios. No obstante, para determinar la legalidad del procedimiento resulta imprescindible examinar el expediente completo, las fechas de aprobación y adjudicación y las condiciones de ejecución.
La cuestión no es únicamente cuánto dinero recibió el medio, sino cuándo se decidió realmente encargarle el trabajo y si el procedimiento permitió una concurrencia efectiva de posibles proveedores.
Transparencia y dinero público en el segundo aniversario de la DANA
El caso adquiere una dimensión especial por el contexto en el que se produce. Catarroja fue uno de los municipios valencianos afectados por la DANA de octubre de 2024, una tragedia que dejó profundas consecuencias humanas y materiales.
Dos años después, la utilización de recursos municipales para financiar contenidos audiovisuales sobre la catástrofe exige un ejercicio especialmente riguroso de transparencia y rendición de cuentas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué servicios se contrataron, por qué se eligió a ese proveedor, qué otras empresas pudieron concurrir y qué contraprestaciones recibió el Ayuntamiento por los 17.726,50 euros abonados.
También resulta necesario aclarar por qué el proyecto se promocionó antes de que concluyera el procedimiento administrativo y si existió algún acuerdo previo entre ambas partes.
Por el momento, la información conocida no permite afirmar que se haya cometido una infracción contractual, pero sí deja una serie de interrogantes que el Ayuntamiento de Catarroja debería despejar mediante la publicación íntegra del expediente y una explicación detallada de la cronología.
Porque, cuando se trata de dinero público, la transparencia no debería llegar después de que el contrato esté firmado. Debería estar presente desde el primer momento.
