- La movilización convocada por CCOO, UGT y las organizaciones vinculadas al movimiento de vivienda, con el respaldo explícito del Gobierno de Pedro Sánchez, terminó dejando imágenes de carreteras bloqueadas, piquetes conflictivos, cargas policiales, detenciones y destrozos en varias ciudades
- Una jornada que obliga a preguntarse dónde termina el legítimo derecho a la huelga y dónde empieza la utilización política de la protesta y la vulneración de los derechos de los demás
- El escaso descenso del consumo eléctrico deja al descubierto la poca incidencia
España vivió este miércoles una jornada que debería hacer reflexionar profundamente a quienes convocaron, respaldaron y alentaron la huelga general del 11-N. Lo que se presentó (falsamente) como una gran movilización en defensa de los salarios, la vivienda y los servicios públicos terminó acompañado de incidentes, enfrentamientos, bloqueos y episodios de violencia en distintos puntos del país.
CCOO y UGT, las dos grandes organizaciones sindicales, decidieron recuperar la huelga general después de catorce años. Y lo hicieron en un contexto político especialmente significativo y extraño: a las puertas de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre y con un Gobierno que no ocultó su respaldo a las reivindicaciones de los convocantes.
Desde Moncloa se calificaron las causas de la huelga de «justas» y se expresó el apoyo a sus demandas. El ministro Félix Bolaños también defendió públicamente la convocatoria. Una posición que plantea una cuestión política evidente: ¿Qué papel debe desempeñar un Gobierno que, en lugar de mantener una posición institucional de neutralidad ante un conflicto laboral de alcance nacional, se identifica públicamente con las organizaciones que lo promueven?
Los sindicatos y una huelga con evidente dimensión política
La huelga no puede analizarse al margen del momento en el que se convocó. Sus reivindicaciones sobre vivienda y salarios conectan con problemas reales que afectan a millones de ciudadanos. Sin embargo, la participación de las principales centrales sindicales y el discurso de sus dirigentes fueron mucho más allá de una reivindicación estrictamente laboral.
Los máximos responsables de CCOO y UGT aprovecharon la jornada para lanzar mensajes dirigidos al próximo Gobierno. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que, si el PP llega al poder, tendrá que entenderse con los sindicatos. Unai Sordo, por su parte, cuestionó las propuestas económicas de los populares.
Es legítimo que los sindicatos tengan posiciones políticas y defiendan sus planteamientos económicos. Lo que merece una explicación es el momento elegido, la orientación de sus mensajes y la utilización de una huelga general como plataforma para intervenir en el debate electoral.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una movilización concebida exclusivamente para defender los derechos de los trabajadores o ante una convocatoria que también pretende condicionar políticamente el resultado de las próximas elecciones?
La proximidad de la cita electoral y las declaraciones de sus dirigentes obligan, como mínimo, a examinar esa dimensión política.
Piquetes, bloqueos y violencia: el derecho a la huelga no ampara las coacciones
Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fueron los incidentes registrados desde primeras horas de la mañana.
En Mercabarna se quemaron neumáticos y se bloquearon accesos. En Mercamadrid se produjeron enfrentamientos entre piquetes y policías, con personas atendidas por los servicios médicos y detenciones. También hubo problemas en cocheras de autobuses, polígonos industriales y distintas infraestructuras de transporte.
En Barcelona, los altercados fueron especialmente graves al término de las manifestaciones. Grupos de encapuchados destrozaron escaparates de establecimientos comerciales y provocaron incendios en distintas zonas del centro de la ciudad.
Madrid y otras localidades también registraron incidentes, intervenciones policiales y cortes de circulación.
El balance de EFE situó en torno a medio centenar los detenidos durante la jornada en el conjunto del país.
Hay una línea que nunca debería cruzarse: el derecho de un trabajador a secundar una huelga no puede convertirse en una obligación para los demás. Quien quiera parar tiene todo el derecho a hacerlo. Quien quiera acudir a su puesto de trabajo también debe poder hacerlo sin amenazas, intimidaciones ni obstáculos ilegítimos.
Los piquetes informativos forman parte del ejercicio del derecho de huelga. Los bloqueos coercitivos, las agresiones y los destrozos no pueden justificarse bajo ninguna reivindicación social.
Y esta distinción debería ser defendida con la misma claridad por quienes convocaron la movilización.
Un Gobierno que respalda la protesta, pero debe responder por su gestión
La posición del Ejecutivo merece un examen específico. El Gobierno respaldó públicamente las reivindicaciones de la huelga y sus representantes políticos se alinearon con sus argumentos.
Sin embargo, hay una contradicción política que no debería pasar inadvertida: el Ejecutivo tiene responsabilidades directas en materias como vivienda, salarios, empleo y servicios públicos. No es un mero observador de los problemas que motivaron la convocatoria.
Por eso, además de respaldar las reivindicaciones, debería explicar qué medidas concretas ha adoptado, cuáles han funcionado y por qué persisten dificultades tan importantes para acceder a una vivienda o llegar a fin de mes.
El apoyo retórico a una huelga no sustituye la obligación de gobernar.
Tampoco puede utilizarse la protesta como una forma de trasladar exclusivamente a la oposición la responsabilidad de problemas que afectan al conjunto de las administraciones y de los que el Gobierno central debe rendir cuentas.
La ciudadanía necesita soluciones, no solamente declaraciones de solidaridad y grandes movilizaciones.
La violencia no puede quedar eclipsada por las cifras de participación
Tras la jornada, los sindicatos calificaron la huelga de éxito y destacaron el seguimiento registrado en determinados sectores y territorios. Las cifras, sin embargo, fueron objeto de discrepancia.
CCOO y UGT hablaron de un seguimiento importante, mientras que la patronal CEOE sostuvo que la repercusión laboral había sido muy limitada. En las manifestaciones también hubo diferencias sustanciales entre las estimaciones de los organizadores y las de las autoridades. Aunque lo cierto es que el consumo de luz que tan solo bajó poco más del 5% o que tan solo un 10-15% de empleados públicos hicieron huelga, deja claro el fracaso de la huelga.
Pero existe otra cuestión que no debería quedar relegada a un segundo plano: los incidentes violentos y las consecuencias que tuvieron para trabajadores, comerciantes, transportistas y ciudadanos.
Los dirigentes sindicales denunciaron, a su vez, determinadas actuaciones policiales y anunciaron acciones legales por lo que consideraron violencia contra los piquetes. Esas denuncias deben investigarse y, si hubo actuaciones policiales desproporcionadas, depurarse las responsabilidades correspondientes.
La exigencia de respeto a los derechos fundamentales debe ser universal: también para quienes no secundaron la huelga, para los comerciantes que sufrieron destrozos y para los ciudadanos que vieron limitada su movilidad.
La responsabilidad de los convocantes
Una convocatoria de alcance nacional implica una responsabilidad que no termina cuando se anuncian los resultados del seguimiento o se celebra una manifestación.
Los sindicatos tienen la obligación de defender el derecho a la huelga, pero también de condenar sin ambigüedades las coacciones y los actos violentos que puedan producirse durante una jornada que ellos mismos han convocado.
No basta con reivindicar el carácter pacífico de una movilización cuando se producen incidentes graves. Tampoco basta con denunciar las actuaciones policiales sin condenar con idéntica contundencia los comportamientos violentos de quienes participan en los piquetes o manifestaciones.
La misma exigencia debe aplicarse al Gobierno. Respaldar las reivindicaciones sindicales no le exime de defender el orden público, proteger los derechos de todos los ciudadanos y exigir responsabilidades cuando se producen actos delictivos.
El 11-N deja, por tanto, varias preguntas pendientes. ¿Qué balance real puede hacerse de la convocatoria? ¿Qué responsabilidad asumen sus promotores por los incidentes? ¿Qué medidas concretas ofrecerá el Gobierno para responder a las reivindicaciones que dice compartir?
Una huelga es un derecho democrático. La violencia no lo es. Y ningún Gobierno, sindicato u organización política debería confundir la defensa de una causa social con la legitimación de cualquier comportamiento que se produzca en su nombre.
La defensa de los trabajadores, de la vivienda y de los salarios merece respuestas políticas y económicas. No necesita coacciones, destrozos ni enfrentamientos en las calles..
