El debate sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura vuelve a intensificarse tras las críticas lanzadas desde la Comunitat Valenciana por la reducción prevista en los envíos de agua al sureste español, una medida que agricultores y regantes consideran una amenaza directa para el sector agrario.
Las nuevas reglas de explotación podrían reducir hasta un 50 % las transferencias hídricas, afectando especialmente a la provincia de Alicante, Murcia y parte de Andalucía, territorios donde el agua del trasvase resulta fundamental para el abastecimiento, la agricultura y la actividad económica.
El sector agrícola insiste en que se trata de una infraestructura estratégica para mantener uno de los sistemas de regadío más productivos y eficientes de Europa. Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con el 85 % de su superficie agrícola modernizada o digitalizada y lidera en España la reutilización de agua y la modernización de regadíos.
En paralelo, continúan las inversiones en infraestructuras hidráulicas y modernización del regadío en la Vega Baja, donde se desarrollan proyectos vinculados a prevención de inundaciones, mejora de canales, protección del territorio y aprovechamiento eficiente del agua.
La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la planificación hídrica nacional y la necesidad de garantizar recursos suficientes para el campo mediterráneo en un contexto de sequía, presión climática y aumento de la demanda agrícola.