- El director general de Costas asegura que el Ministerio “sigue empeñado en cambiar el reglamento de Costas y no acepta modificar la ley como quieren las comunidades autónomas”
- El Consell plantea que el cálculo del alcance de los temporales se base en datos objetivos y verificables como registros de boyas, satélites o información oceanográfica y meteorológica
La Generalitat, a través de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, ha presentado alegaciones al anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, mejorar los criterios técnicos y garantizar un equilibrio entre la protección del litoral y el desarrollo económico sostenible.
Tal y como ha destacado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, el Ministerio “sigue empeñado en cambiar el reglamento de Costas y no acepta modificar la ley, por lo que reiteramos que se debe cambiar la Ley de Costas estatal como acordamos todas las comunidades autónomas en la cumbre que se celebró en València hace un mes”.
Uno de los principales puntos de discrepancia se centra en la determinación del límite del dominio público marítimo-terrestre. El anteproyecto estatal propone fijarlo en función del alcance de un único temporal, mientras que la Generalitat solicita mantener el criterio de los mayores temporales conocidos registrados al menos en cinco ocasiones en cinco años.
En este sentido el director general ha afirmado que “el nuevo reglamento pretende cambiar cosas que por jerarquía normativa no pueden cambiar sin pasar por el Congreso de los Diputados”. Y ha añadido que “un ejemplo es que no permiten que se cambie la normativa para proteger los núcleos etnológicos y llevan prorrogando la votación desde hace dos años porque saben que la van a perder”.
Según las alegaciones, admitir un único episodio extraordinario como referencia supone equiparar un fenómeno excepcional a una pauta ordinaria, lo que generaría inseguridad jurídica y un efecto expansivo del dominio público desproporcionado. Asimismo, se plantea que el cálculo del alcance de los temporales se base en datos objetivos y verificables, como registros de boyas, satélites o información oceanográfica y meteorológica.
El Consell considera que el nuevo reglamento, planteado tras la anulación del anterior por el Tribunal Supremo, reproduce aspectos que ya fueron cuestionados e introduce modificaciones que exceden el desarrollo reglamentario al afectar a materias que deberían abordarse mediante una reforma previa de la Ley de Costas de 1988.
En este sentido, la Generalitat defiende que cualquier modificación normativa debe respetar el principio de jerarquía normativa y adaptarse tanto a la legislación vigente como a las exigencias del Derecho de la Unión Europea.
“La Comunitat Valenciana necesita una gestión integral de la costa basada en criterios técnicos y en la cooperación entre administraciones para frenar la regresión del litoral y proteger nuestros núcleos etnológicos con soluciones eficaces”, ha concluido García Manzana.
Gestión de sedimentos y regresión costera
La Generalitat también reclama incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas para hacer frente a la regresión de la costa, un fenómeno que, según subraya, se ha intensificado en los últimos años.
En esta línea, propone que la administración estatal de Costas participe de forma activa en los planes hidrológicos y que se favorezca el aprovechamiento de sedimentos aluviales retenidos en cauces y embalses para reforzar el sistema costero.
Otro bloque relevante de alegaciones se refiere al régimen de concesiones. La Generalitat solicita que se establezcan criterios objetivos y tasados, que se diferencien adecuadamente las concesiones ordinarias de las compensatorias.
Además, advierte de que el anteproyecto introduce limitaciones retroactivas y modifica condiciones de concesiones ya otorgadas, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica y afecta a derechos adquiridos.
También, propone definir de forma técnica el concepto de “riesgo cierto” y adaptar superficies y distancias de establecimientos a la planificación territorial, evitando una regulación uniforme que no tenga en cuenta las características de cada tramo de costa.
Por último, la Generalitat defiende el reconocimiento de los paseos marítimos construidos tras la Ley de 1988 como límite de la ribera del mar. Asimismo, reclama reforzar la cooperación institucional mediante la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Costas y la creación de mecanismos efectivos de participación de las comunidades autónomas en la elaboración normativa.